Sistem¨¢tica violaci¨®n de los derechos humanos en Nicaragua

La Guardia Nacional de Nicaragua, as¨ª como las autoridades militares de esa rep¨²blica latinoamericana, llevan a cabo una sistem¨¢tica violaci¨®n de los derechos humanos y torturan y mantienen en prisi¨®n a sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado, sin que los cargos hayan sido comprobados judicialmente, dice un informe que Amnist¨ªa Internacional (AI) acaba de hacer p¨²blico en Londres.El informe de AI, la entidad internacional que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo, fue realizado a pesar de la actitud refractaria del Gobierno que preside el general Anastasio Somoza, que incluso suspendi¨® las actividades de la Corte Militar de Investigaci¨®n Permanente, mientras los dos miembros del equipo de Amnesty se hallaban en Nicaragua, en la primera quincena del ¨²ltimo mes de mayo.

La Corte Militar de Investigaci¨®n Permanente fue creada en diciembre de 1974, tras la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n en el territorio, para procesar a miembros del Frente Sandinista de Liberaci¨®n Nacional, de tendencia marxista.

El estado de emergencia fue declarado en Nicaragua a ra¨ªz del ataque que grupos de izquierda protagonizaron contra la casa de un ministro del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Castillo, al que mataron.

Seg¨²n Amnesty, las leyes constitucionales de Nicaragua no ofrecen argumentos para mantener a estas alturas, dos a?os y medio despu¨¦s, el estado de excepci¨®n.

Persecuciones masivas

Las autoridades est¨¢n utilizando los poderes que les da el estado de emergencia para silenciar la prensa, llevar a cabo persecuciones masivas contra campesinos y sospechosos de colaboraci¨®n con grupos izquierdistas y tratar a tales sospechosos sin tener en cuenta las leyes internacionales relativas a los derechos humanos.La polic¨ªa puede juzgar y mantener en prisi¨®n durante un per¨ªodo de 180 d¨ªas a personas acusadas de cr¨ªmenes contra el Estado. Los sindicalistas y los activistas pol¨ªticos son los que reciben tratamiento m¨¢s duro. Seg¨²n las leyes vigentes, un prisionero liberado puede ser llevado a la c¨¢rcel horas despu¨¦s de su liberaci¨®n por cargos similares a los que motivaron su primera pena.

En el noreste de Nicaragua, los campesinos han sido perseguidos por las autoridades por ser considerados como sospechosos de simpatizar con los guerrilleros. Amnist¨ªa Internacional asegura que en esa zona del pa¨ªs han desaparecido trescientos campesinos, desde mayo de 1975 hasta enero de este a?o. En el departamento de Zelaya, doscientos campesinos est¨¢n en prisi¨®n sin haber sido juzgados todav¨ªa. Algunos, seg¨²n las informaciones recogidas por AI, han sido ejecutados a sangre fr¨ªa.

La suspensi¨®n de las garant¨ªas constitucionales ha proporcionado todo el poder judicial a los militares, cuyo Consejo de Guerra Extraordinario es el encargado de ratificar las sospechas de la Corte Militar de Investigaci¨®n Permanente. Amnesty estima que los prisioneros que no han sido juzgados a¨²n por ese tribunal deb¨ªan ser puestos en libertad inmediatamente.

Amnesty pide al Gobierno de Somoza que suspenda la censura de prensa, retire los tribunales polic¨ªacos y limite las actividades de las cortes militares a casos implicados en una situaci¨®n de guerra.