La inmunidad parlamentaria, por los suelos

(Profesor de Derecho Penal)Parece que ya va siendo hora de que las autoridades en general, pero sobre todo las entradas de velar por el orden p¨²blico, vayan tornando conciencia de los cambios operados en el pa¨ªs a ra¨ªz de las elecciones del 15 de junio pasado. Concretamente, y entre otras cosas, deben ir pensando que las inmunidades parlamentarias que en cualquier Estado de Derecho se conceden a los leg¨ªtimos representantes del pueblo, sean de izquierdas sean de derechas, son una garant¨ªa de libertad en su actuaci¨®n que no puede ser coartada, ni mucho menos menospreciada o vejada. Por razones f¨¢ciles de comprender los representantes del pueblo en las Cortes no son responsables ante jurisdicci¨®n alguna. ni aun despu¨¦s de terminado su mandato por ninguno de sus actos o llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones reglamentarias (art¨ªculo 8, Reglamento de Cortes). Es l¨®gico que as¨ª sea, cuando se trata de garantizar la libertad de expresi¨®n y actuaci¨®n de los representantes populares que act¨²an en calidad de parlamentarios. La legislaci¨®n vigente tambi¨¦n reconoce a los parlamentarios corno tales una serie de garant¨ªas y derechos en orden a su detenci¨®n y procesamiento, sea cual sea la causa de ello. Los diputados y senadores no pueden ser detenidos sin previa autorizaci¨®n del presidente de las Cortes. salvo en caso de flagrante delito, y aun en este caso, la detenci¨®n debe ser comunicada inmediatarnente al presidente de las Cortes. Tampoco puede dictarse auto de procesamiento contra un senador o diputado, mientras dure su mandato sin la previa autorizaci¨®n del presidente de las Cortes (art¨ªculo 9,Reglamento citado). Todos estos preceptos son evidentes en cualquier Estado de Derecho y, no necesitan explicaci¨®n alguna. No se trata de privilegiar a nadie, ni de dejar sin sanci¨®n aquellos que merezcan ser castigados, sino de garantizar la independencia y la libertad de quienes por votaci¨®n popular han sido encargados de gestionar los intereses de sus votantes defenderlos en el Parlamento.

Viene todo esto a cuento. porque una noticia aparecida recientemente en la prensa pone de manifiesto hasta qu¨¦ punto estas disposiciones son todav¨ªa en este pa¨ªs letra muerta cuando el diputado o senador que ejercita sus derechos o act¨²a expresando tal cualidad ante la autoridad gubernativa, concretamente antelas fuerzas de orden p¨²blico. tiene la desgracia de ser de ?izquierdas?. En efecto, seg¨²n relata Diario 16 en su edici¨®n del lunes 29 -la noticia ha sido igualmente difundida por otros ¨®rganos de prensa-. el diputado -socialista Jaime Blanco. en el transcurso de una manifestaci¨®n pro autonomista el pasado s¨¢bado en Santander, fue golpeado brutalmente e injuriado por rniembros de la Polic¨ªa Armada. siendo posteriormente ?retenido? en comisar¨ªa a pesar de que dicho, diputado se hab¨ªa identificado como parlamentario y ¨²nicamente se hab¨ªa dirigido a los polic¨ªas para pedirles que dejaran de a golpear a un joven que permanec¨ªa de rodillas. Entre otras cosas, relata Diario 16 que, al decir el diputado socialista: ?Ustedes no han comprendido lo que representa un diputado? un polic¨ªa de paisano le contest¨®: ?T¨² no eres m¨¢s que un payaso y el diputado de los maricas?.

Ante estos hechos, quiz¨¢ no est¨¦ de m¨¢s recordar que el C¨®digo Penal castiga en su art¨ªculo 159 con la pena de inhabilitaci¨®n especial al ?funcionario administrativo o judicial que detuviere o procesare a un miembro de las Cortes fuera de los casos o sin los requisitos establecidos por la legislaci¨®n vigente?, y en su art¨ªculo 157. 3.?. con la pena de confinamiento a ?los que fuera de las sesiones injuriaren o amenazaren gravemente a un miembro de los Cortes por las opiniones manifestadas o por los votos emitidos en ellas?. Pero sobre todo conviene recordar que el C¨®digo Penal castiga con penas de mayor o menor gravedad las lesiones malos tratos infligidos a cualquier persona, las coacciones y amenazas, las injurias las detenciones ilegales y el impedir el ejercicio de derechos c¨ªvicos reconocidos en las leyes como el derecho de manifestaci¨®n: y conviene recordar, sobre todo, esto ¨²ltimo, porque el C¨®digo Penal no protege s¨®lo la inteoridad f¨ªsica la libertad y el honor de los parlamentarios, sino tambi¨¦n la de los ciudadanos, no s¨²bditos, del Estado, m¨¢xime cuando ese Estado se autodenomina democr¨¢tico y de Derecho y los ataques a los ciudadanos proceden de los representantes del poder estatal.

La autoridad debe conocer perfectamente el alcance de estos preceptos legales y, en todo caso, debe tener alguien que la asesore cuidadosamente si a pesar de ello act¨²a tal como lo est¨¢ haciendo en casos como el relatado entonces carece de toda legitimaci¨®n moral y jur¨ªdica para seguir siendo autoridad: m¨¢s que en garant¨ªa de una convivencia pac¨ªfica se convierte en un obst¨¢culo y tarde o temprano la violencia innecesariamente ejercida se volver¨¢ contra ella y contra todo lo que representa.

Ante todo ello lo menos que puede pensarse es que las declaraciones que todos los d¨ªas llegan desde arriba en favor de la democracia y el Estado de Derecho son insinceras que al parecer, el ministro del Interior no est¨¢ en condiciones de controlar las fuerzas del orden p¨²blico o que dentro del poder existe otro poder, reminiscencia de la anterior situaci¨®n, que act¨²a paralelamente y de un modo absolutamente arbitrario e irresponsable.

En todo este asunto est¨¢ en juego, aparte de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, algo m¨¢s que el prestigio de un Cuerpo o el mantenimiento de la tranquilidad en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana, est¨¢ en juego la propia credibilidad democr¨¢tica del actual Gobierno y de sus representantes. Si no se pro cede en consecuencia a afianzar urgentemente esa credibilidad, si no se somete tambi¨¦n la actuaci¨®n gubernativa al imperio de la ley, si no se exigen, en una palabra, las responsabilidades pertinentes por abusos como el aqu¨ª relatado y otros de parecida ¨ªndole que se siguen cometiendo, entonces todo lo hecho hasta ahora no servir¨¢ para nada: el largo y lento caminar hacia la democracia apenas iniciado se habr¨¢ parado y una vez m¨¢s se habr¨¢n cambiado las palabras pero no la realidad.