El acuerdo de la Moncloa entra en una compleja fase negiociadora

La anunciada ley ?para la defensa de la democracia contra el terrorismo? no encontr¨® consenso en la reuni¨®n para cuestiones pol¨ªticas celebrada ayer en la Moncloa, entre representantes del Gobierno y de los partidos con representaci¨®n parlamentaria. Simult¨¢neamente se celebr¨® otra reuni¨®n, donde continu¨® la negociaci¨®n econ¨®mica. En ambas sesiones, el acuerdo qued¨® reducido a delimitar los temas dignos de figurar en la negociaci¨®n, y designar el pr¨®ximo martes como fecha para nuevas reuniones.

Los negociadores de temas pol¨ªticos tomaron asiento en el llamado sal¨®n de columnas del palacio, presididos por el jefe: del Gobierno, Adolfo Su¨¢rez. En nombre del Ejecutivo asistieron a esta reuni¨®n el vicepresidente tercero, Fernando Abril, y los ministros de Justicia y del Interior, se?ores Lavilla y Mart¨ªn Villa, respectivamente. Por los grupos parlamentarios estuvieron presentes todos los portavoces (Felipe Gonz¨¢lez, PSOE; Santiago Carrillo, PCE, Miguel Roca, minor¨ªa vasco-catalana; Enrique Tierno, Grupo Mixto; P¨¦rez Llorca y Calvo Sotelo, UCD; Manuel Fraga, AP), la mayor parte de ellos acompa?ados de sus respectivos equipos.Estos hombres lograron ponerse de acuerdo, despu¨¦s de tres horas de exposiciones y debates, sobre un temario de cuestiones pol¨ªticas a negociar, que constituir¨¢, pr¨¢cticamente, el orden del d¨ªa de la siguiente reuni¨®n (martes pr¨®ximo). Seg¨²n las noticias recogidas al t¨¦rmino de la sesi¨®n, el debate dej¨® cada cuesti¨®n aproximadamente en los siguientes t¨¦rminos:

Ley de defensa de la democracia. Toda la izquierda se opuso a que sea promulgada, con este nombre, una ley de contenido meramente represivo. El criterio m¨¢s extendido consiste en introducir algunas modificaciones en la legislaci¨®n actual -por ejemplo, la ley de Orden P¨²blico-, para contemplar las reservas contra los liberticidas dentro de un contexto de protecci¨®n a las, libertades p¨²blicas.

Orden p¨²blico. El consenso b¨¢sico sobre esta cuesti¨®n se refiere a la necesidad de cambiar la base sobre la que se asienta la actual concepci¨®n del orden p¨²blico, y sustitu¨ªrla por otra que se sustente en la protecci¨®n a los derechos c¨ªvicos y las libertades p¨²blicas con mecanismos represivos dirigidos exclusivamente a los que atenten contra ellas.

Derecho de reuni¨®n y asociaci¨®n. En general, los reunidos aceptaron en este punto el proyecto gubernamental, que tiende a ampliar las posibilidades de ejercer el derecho de reuni¨®n sin m¨¢s que una comunicaci¨®n previa a la autoridad gubernativa -dejando a salvo la intervenci¨®n de -esta ¨²ltima, en caso de alteraciones graves-, y restringir las posibilidades de intervenci¨®n ad ministrativa en la creaci¨®n y funcionamiento de las asociaciones pol¨ªticas,, lometi¨¦ndolas a un control judicial a posteriori.

Reformas civiles y penales. Se trata de introducir distintas modificaciones en la actual legislaci¨®n civil y penal, y en esto hay puntos conflictivos. La posibilidad de que la mayor¨ªa de edad se alcance a los dieciocho a?os no cuenta, al parecer, con la aprobaci¨®n de Alianza Popular, dado que los representantes de este grupo parlamentario estiman que la convocatoria de la Moncloa no debe entrar en otros terrenos que los del orden p¨²blico y el control de los medios de comunicaci¨®n estatales. Hay tambi¨¦n un proyecto de t¨ªpificaci¨®n legal m¨¢s clara para delitos como el cohecho y la malversaci¨®n de fondos, y otro en el sentido de proteger penalmente al trabajador contra infracciones dolosas de los empresarios en materia laboral.

Control de RTVE y medios de comunicaci¨®n estatales. Existe consenso sobre la necesidad de llevar a cabo dicho control, pero no sobre la forma de hacerlo. Es uno de los temas que todos consideran m¨¢s urgentes dentro de este progranla.

Otros temas. Igualmente, hubo acuerdo sobre la necesidad de estudiar la reducci¨®n de la jurisdicci¨®n militar al ¨¢mbito puramente militar, la modificaci¨®n de la legislaci¨®n sobre peligrosidad social y otras cuestiones.

Hacia un ?poder deliberante?

Mientras todo esto se discut¨ªa por los l¨ªderes pol¨ªticos en el sal¨®n de columnas del palacio de la Moncloa un equipo de expertos en materia econ¨®mica ocupaba la sala del Consejo de Ministros, a fin de continuar desarrollando el acuerdo de principio sobre temas econ¨®micos alcanzado el fin de se mana pasado. En este caso, la existencia del acuerdo inicial ha obviado, la necesidad de lograr un consenso b¨¢sico similar al de la reuni¨®n pol¨ªtica, pero no la de reunirse de nuevo para estudiar los informes que presenten siete subcomisiones creadas con el objetivo de negociar con los distintos min¨ªsterios, como se detalla en la secci¨®n de Econom¨ªa de este mismo n¨²mero.

La impresi¨®n general existente en torno al desarrollo de las reuniones de la Moncloa es que, en lugar de un pacto r¨¢pido sobre los temas pol¨ªticos y econ¨®micos enunciados durante los ¨²ltimos d¨ªas, el proceso de negociaci¨®n se hace m¨¢s complejo a cada paso. Aunque las conversaciones contin¨²an adelante, y pese a que parece normal un desarrollo detallado de las mismas por medio de comisiones y distintas reuniones especializadas, c¨ªrculos pol¨ªticos centran la causa de estos retrasos en las resistencias iniciales de organizaciones empresariales y centrales sindicales a aceptar el pacto, mientras que de ellas depende, en definitiva, el ¨¦xito de la parte principal de estos acuerdos.

Por otra parte, el pa¨ªs cuenta ahora con tres fuentes de poder pol¨ªtico en funcionamiento: el poder ejecutivo, que l¨®gicamente reside en el Gobierno; el poder legislativo, centrado en el Parlamento, y un poder deliberante, mezcla de ambos y sin las funciones propias de cada uno de ellos, que trata de lograr consensos b¨¢sicos sobre las cuestiones fundamentales. En los temas pol¨ªticos no puede decir se que ese consenso exista tras la reuni¨®n de ayer.