?Qui¨¦nes dan un paso atr¨¢s?

Seg¨²n el editorial de EL PAIS publicado el martes pasado, es el cardenal Taranc¨®n el que ha dado ?un paso atr¨¢s? con el planteamiento que ha hecho del reconocimiento de la libertad institucional de la Iglesia en el pr¨®ximo ordenamiento civil o constitucional. La acusaci¨®n es grave, y quiero aprovechar la hospitalidad que me brinda la direcci¨®n de este peri¨®dico para informar a sus lectores de cu¨¢l es el verdadero estado de la cuesti¨®n.Ya de entrada tropiezo con una dificultad. Los lectores de EL PAIS no han tenido acceso, en estas p¨¢ginas, al texto que fue interpretado y juzgado tan severamente en dicho editorial. No soy periodista, y l¨ªbreme Dios de juzgar a profesionales del periodismo. Pero se me hace muy dif¨ªcil entender qu¨¦ puntos de referencia puede tener el lector para juzgar la interpretaci¨®n de un discurso sobre el que apenas se les ha informado. Opinar sin informar, al margen de cualquier calificaci¨®n ¨¦tica, est¨¢ m¨¢s cerca del paso atr¨¢s que del paso hacia adelante.

Por si fuera poco, las ¨²nicas palabras que entrecomillan los editorialistas como dichas ?literalmente? por el cardenal no figuran en su discurso. ?Habr¨¢n utilizado alg¨²n resumen de prensa desafortunado? Sin embargo, reflejan parcialmente una de sus ideas y nos sirven de base para este di¨¢logo. ?El arrumbamiento de la confesionalidad no puede identificarse con el separacionismo a ultranza.? Pues bien, si ¨¦sta hubiera sido una afirmaci¨®n del presidente ante la Asamblea Episcopal, ?se puede concluir, a rengl¨®n seguido, como hace EL PAIS, que es deseo de monse?or Taranc¨®n, ?que la Constituci¨®n no establezca la separaci¨®n entre Iglesia y Estado?? Puestos a descubrir fantasmas y ?sutilezas?, como en una caza de brujas, los periodistas no llegan a distinguir el ?separacionismo a ultranza? y la simple "separaci¨®n". Algo as¨ª como si fuera otra sutileza episcopal la distinci¨®n entre ?laico? o ?laicidad? y ?laicismo?. Si donde los obispos escriben ?separaci¨®n?, los editorialistas leen ?separacionismo?, f¨¢cil es de ver la empanada mental que padecen. Pero el maniqueo, no se lo han inventado los obispos, sino aquellos que parecen empe?arse en negar la evoluci¨®n de la historia y desconocer sistem¨¢ticamente el pensamiento actual de la Iglesia.

Va a cumplirse el cuarto aniversario, dos a?os antes de la muerte del general Franco, de la publicaci¨®n de un documento episcopal en el que los obispos espa?oles ofrecieron claramente la f¨®rmula de separaci¨®n sin separacionismo. Y en aquellos tiempos no era tan f¨¢cil rectificar la confesionalidad del Estado espa?ol, ni mucho menos prever que a tan corto plazo nos tendr¨ªamos que enfrentar con la tarea de una nueva Constituci¨®n. El cardenal, que intenta, con su discurso, ?disipar ciertos equ¨ªvocos que, seg¨²n parece, han podido producirse en algunos sectores y en la misma opini¨®n p¨²blica, al no interpretar cabalmente nuestras mismas declaraciones?, recoge en su intervenci¨®n aquel texto episcopal de enero de 1973: ?La mutua independencia y la sana colaboraci¨®n en el com¨²n servicio de los hombres.? Se afirma la "separaci¨®n" en la independencia y se rechaza el ?separacionismo? con la ineludible ?colaboraci¨®n en el com¨²n servicio de los hambres?. ?Puede un peri¨®dico que se autocalifica independiente oponer su independencia de los partidos pol¨ªticos y aun del Gobierno a la sana colaboraci¨®n con los poderes p¨²blicos, en favor de la sociedad a la que sirve? Buscar dilemas inexistentes, descubrir incoherencias no justificadas, equivale a preferir el terreno de la lucha maniquea o, lo que es lo mismo, a dar pasos atr¨¢s con el procedimiento conocido de los antiguos planteamientos para que no se resuelvan los problemas.

De lo que se trata ahora verdaderamente es de superar aquel dilema doloroso y aun tr¨¢gico de nuestra historia entre la ?f¨®rmula de la uni¨®n? y el ?separacionismo?. Gran parte de las dificultades y de los ataques que se lanzan contra documentos o actuaciones de los obispos espa?oles, desde sectores de diverso signo, acontecen porque no hemos superado el dilema t¨ªpico espa?ol de estar incondicionalmente con la Iglesia o de espaldas a ella. Cuando se analizan las propuestas y aun las actitudes, generalmente de sectores progresistas, que quieren romper con el Estado confesional y con la situaci¨®n pasada de excesiva identificaci¨®n de la Iglesia con el poder pol¨ªtico, es f¨¢cil adivinar el deseo de llegar a ut¨®picos distanciamientos o de mutua y absoluta ignorancia, como si se pudieran crear mundos distintos, o como si la frontera, que ellos quisieran infranqueable, no pasara tambi¨¦n por el coraz¨®n de cada cristiano, que es a la vez ciudadano. Y, al contrario, los que huyen de esa separaci¨®n, movidos por la nostalgia, defienden de tal manera la colaboraci¨®n, que ponen en trance a la Iglesia de ligarse al poder, o, lo que es peor, de utilizarlo. Por esta raz¨®n, el cardenal Taranc¨®n trata en su discurso ¨²ltimo de puntualizar y de, progresar en el pensamiento de la independencia o separaci¨®n y de la colaboraci¨®n cuando dice: ?Ciertamente no existe ninguna raz¨®n que justifique una intervenci¨®n del Estado en la vida interna de la Iglesia; ni, por el contrario, la hay para que la Iglesia intervenga directamente en la pol¨ªtica del Estado...? Porque la Iglesia y el Estado, como ha dicho el Concilio, est¨¢n, aunque por diverso t¨ªtulo, al servicio de la vocaci¨®n personal y social del hombre. La colaboraci¨®n entre ambas potestades no es en orden a que la Iglesia y el Estado se beneficien y fortalezcan mutuamente; son el hombre y la sociedad quienes deben beneficiarse, tanto de la actividad de la Iglesia como de la del Estado. Y la sociedad no recibir¨¢ ning¨²n beneficio de una Iglesia mediatizada por el poder pol¨ªtico, o carente de plena libertad para organizarse o para proclamar su mensaje evang¨¦lico. Como tampoco lo obtendr¨¢ de una Iglesia temporalizada, que intentase utilizar el poder pol¨ªtico en beneficio propio, admitiendo cualquier tipo de coacci¨®n para imponerse.?

F¨¢cil es de ver ya qui¨¦n mira hacia atr¨¢s o qui¨¦n intenta plantarse en situaciones hist¨®ricas que la realidad actual ya ha superado: los nost¨¢lgicos de la uni¨®n o confesionalidad y los del ?separacionismo a ultranza?, que no se han molestado en analizar los nuevos planteamientos. Comprendo que estos se?ores pueden tener serias razones para defender su postura. Pero no puedo admitir que se tache de ?un paso atr¨¢s? al noble intento de los obispos de inventar f¨®rmulas nuevas para las relaciones entre la Iglesia y el Estado que superen las viejas ant¨ªtesis y discordias. Los cristianos espa?oles tienen derecho a exigir de la Iglesia que sea m¨¢s evang¨¦lica, c¨¦libe del poder pol¨ªtico, porque ¨¦se es el camino de su propia libertad. Y los ciudadanos todos, especialmente los no cat¨®licos, tienen derecho a exigir del Estado que en ning¨²n momento, ni baja ninguna f¨®rmula sutil de coacci¨®n civil, se les impongan las creencias ni sean discriminados.

Rechazo tambi¨¦n como injustas las atribuciones que hace el referido editorial de EL PAIS al cardenal Taranc¨®n y a los obispos espa?oles de ?presiones contra una eventual legislaci¨®n del divorcio?. Los que tal afirman parecen desconocer el documento sobre el matrimonio que publicaron los obispos hace tan s¨®lo unos meses. El mismo arzobispo de Madrid declaraba hace unos d¨ªas ante las c¨¢maras de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, muy claramente, que el ordenamiento civil era competencia exclusiva del Estado, y que la ley civil no ten¨ªa por qu¨¦ penalizar determinados pecados. Se refer¨ªa expresamente a la posible ley del Divorcio y a la despenalizaci¨®n del adulterio. Hablar de ?presiones? por parte de los obispos, para coartar la libertad legisladora del Estado, es dejarse llevar de la imaginaci¨®n.

No es dificil descubrir un impulso que lleva, aun en sectores internos de la misma Iglesia, a una forma de privatizaci¨®n de la fe, para encrrHarla en el claustro de las conciencias. Coinciden tambi¨¦n aqu¨ª fuerzas de signo opuesto, tanto las rutinarias de una tradici¨®n mal entendida como las progresistas recalcitrantes contra toda actuaci¨®n institucional, para cercenar derechos y no privilegios, por el hecho de haber estado confundidos quiz¨¢ con ciertas formas de poder pol¨ªtico. Se intenta as¨ª c¨®mo liberarse de una especie de peligrosidad p¨²blica que ven en la Iglesia como organizaci¨®n. Alguien ha repro chado al episcopado espa?ol su repulsa a someterse a lo que ellos entienden por ?derecho com¨²n?. Lo que la Iglesia desea y pide a la nueva Constituci¨®n es precisamente lo contrario: que sea reconocida su libertad religiosa y elevada a la categor¨ªa de ?derecho com¨²n?, seg¨²n su particular especificidad y dentro de la convivencia civil de todos los ciudadanos, sin que esto suponga discriminaci¨®n para las otras canfesiones religiosas, ni para los derechos de los no creyentes.

Soy consciente de que en el fondo de todas estas dificultades late el gran vac¨ªo de la informaci¨®n, del que es culpable tambi¨¦n la Iglesia. Pero, m¨¢s que nada, echo de menos el debate p¨²blico serio y objetivo sobre la libertad religiosa en el plano ¨¦tico y jur¨ªdico de los derechos fundamentales de los individuos y de las colectividades de una sociedad como la nuestra que est¨¢ estrenando democracia. Taranc¨®n dedic¨® en su discurso dos p¨¢ginas a este tema que no ha merecido la atenci¨®n de EL PAIS. Queda mucho por hablar y discutir, para entender lo que quiere la Iglesia cuando afirma, como dec¨ªa el cardenal Taranc¨®n, que ?no es concebible la libertad substantiva y real del cristiano sin un ordenamiento justo y objetivo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado?.

Para entrar en ese di¨¢logo ser¨¢ necesario que todos orientemos nuestros pasos hacia adelante y nos abstengamos de juzgar el sentido de la marcha de los otros por pura referencia a nuestra. particular andadura. Porque, caramba, a nadie le hace gracia que le llamen cangrejo.