?Cuanto vale la vida de un hombre?

PARECE QUE no haya semana sin que la convivencia espa?ola seconmueva con una v¨ªctima de la violencia. Los peri¨®dicos dicen que desde el 15 de junio -fecha de las primeras elecciones, democr¨¢ticas en Espa?a tras la guerra civil- al menos diecis¨¦is personas perdieron la vida por arma de fuego o explosi¨®n de bomba. Pero las estad¨ªsticas no son homologables. Es imposible equiparar el alevoso asesinato de un comandante de la Polic¨ªa Armada por terroristas de ETA o la salvaje acci¨®n de los terroristas de la extrema derecha con la actitud, no siempre responsable, de algunos miembros de las fuerzas del orden en la represi¨®n de desmanes callejeros. S¨®lo el hilo brutal de la violencia es capaz de conectar todos estos hechos entre s¨ª, motivados por causas y fines sin duda diferentes, pero que acaban, a la postre, en un mismo resultado: el desprestigio del ¨²nico sistema pol¨ªtico que, con todos sus defectos, se esfuerza por respetar los derechos del hombre y la inviolabilidad de la condici¨®n de ciudadano.La sociedad pol¨ªtica espa?ola debe despojarse de manique¨ªsmos a la hora de juzgar lo que sucede. La violencia armada es Algo que va contra la convivencia en una democracia de signo pluralista. La democracia es, precisamente, la sustituci¨®n de la metralleta por el di¨¢logo. El terrorismo y la algarada deben ser, por eso, no s¨®lo condenados, sino perseguidos y castigados, y la sociedad precisa unos cuerpos armados que la defiendan.

La necesidad de unas fuerzas de orden p¨²blico preparadas y efectivas no puede ser discutida -de hecho no lo es- por nadie sensato. La extensi¨®n de la protesta contra los llamados cuerpos represivos resulta, las m¨¢s de las veces, fruto de la demagogia o la utop¨ªa.

Pero no siempre. Hoy, hasta las llamadas personas del orden deben protestar tambi¨¦n por la frecuencia con que en este pa¨ªs hacen uso de las armas de fuego quienes est¨¢n autorizados para ello. La argumentaci¨®n, de que una protesta semejante podr¨ªa minar la moral de los guardianes del orden no debe acallar las voces que se alzan en este sentido. La moral de las fuerzas no puede basarse en la ocultaci¨®n de los errores y hasta de, los posibles delitos de algunos de sus integrantes. Antes bien, debe asentarse sobre el apoyo y la credibilidad del pueblo al que sirven. No obstante esto, apenas hay vez que los guardias disparen en que el Gobierno no les d¨¦ autom¨¢tica e inmediatamente la raz¨®n. Y, sin embargo, puede haber guardias que disparan sin ella. No estamos diciendo qu¨¦ en Tenerife o M¨¢laga, por se?alar los casos m¨¢s recientes, haya sido necesariamente as¨ª; estamos se?alando el permanente s¨ªndrome autoritario que lleva a nuestros gobernantes a anteponer siempre lo que llaman las razones de Estado al valor de la vida de los ciudadanos. Cuando en una democracia no hay mayor raz¨®n de Estado que la vida de quienes la integran, ni tiene m¨¢s causas de ser un r¨¦gimen pol¨ªtico corno el nuestro si no es en defensa de losderechos del hombre. El derecho a la vida, el primero de todos ellos.

El manto de silencio que habitualmente se cierne despu¨¦s de hechos como los se?alados, la remisi¨®n de los casos a tribunales militares, por raz¨®n del fuero de los integrantes de los cuerpos armados, y la irritante sensaci¨®rique ofrece el Gobierno de no querer reconocer que no s¨®lo hay ciudadanos que se equivocan o se extralimitan, sino tambi¨¦n polic¨ªas que abusan de su autoridad y su fuerza, no contribuyen, desde luego, ni a mejorar la imagen de las fuerzas de orden p¨²blico ni a potenciar la credibilidad del actual sistema pol¨ªtico.

Los espa?oles tenemos derecho a saber, y no s¨®lo a trav¨¦s del Parlamento, qui¨¦nes y por qu¨¦ en cada ocasi¨®n, de entre los integrantes de lag FOP, han hecho uso' de las armas que la sociedad les deposita para defensa de la misma. Y si ha sido, en efecto, en defensa de la sociedad o de su propia vida y no en un exceso de celo o en un abuso de autoridad como se ha abierto el fuego.

Si el Gobierno es consciente de sus responsabilidades entender¨¢ que los desmanes del terrorismo ni justifican ni exoneran a los culpables de los desmanes de la autoridad. Es evidente que un polic¨ªa tiene su arma para usarla si es preciso, pero es, cuando menos, desafortunado record¨¢rselo'-como se ha hecho recientemente- desde las m¨¢s altas instancias pol¨ªticas del Gabinete. Porque las armas de los polic¨ªas no tienen licencia para matar, y un cuerpo de seguridad moderno y preparado debe saber hacer frente al caos p¨²blico y a la excitaci¨®n ciudadana sin acrecentar ese caos ni atizar el nerviosismo.

En definitiva, no son los guardias, sino quienes les dan las ¨®rdenes, los responsables de esta situaci¨®n. Los mismos que mantienen en lugares claves de la seguridad del Estado a personajes del m¨¢s l¨²gubre estilo a lo Fotichet, para los que la tortura moral o f¨ªsica y la violencia pierden todo significado de degradaci¨®n humana, y ante cuyos ojos no hay medio que no pueda justificarse por el fin que persiguen. La democracia es, sin embargo, la valoraci¨®n ¨¦tica de los medios: una forma de vida y convivencia en la que los derechos del individuo siguen siendo inviolables. Por eso hay que preguntar hoy p¨²blicamente a los se?ores ministros del Gobierno cu¨¢nto creen que vale la vida de un hombre. Cu¨¢nto vale, de hecho, en la Espa?a de 1977.