El accionariado protesta por la f¨®rmula de nacionalizaci¨®n de la naviera Trasmediterr¨¢nea

Con un grito, ?nos estamos dejando robar?, que mereci¨® un prolongado rumor de aprobaci¨®n por parte de los asistentes, se dio por finalizada la reuni¨®n informativa convocada por el consejo de administraci¨®n de la compa?¨ªa Trasmediterr¨¢nea para explicar a los accionistas la oferta del Estado para nacionalizar la compa?¨ªa y que consiste en ofrecer 428,75 pesetas por acci¨®n m¨¢s un dividendo.

Aunque la palabra robo s¨®lo sali¨® en una ocasi¨®n a relucir, fueron varios los accionistas que apuntaron tal situaci¨®n y muchos m¨¢s los que la ten¨ªan presente en su mente y que se trasluc¨ªa al ratificar con sus aplausos las intervenciones de los accionistas que apuntaban, con otras palabras, la usurpaci¨®n de sus bienes.Lo m¨¢s rese?able de la reuni¨®n fue la intervenci¨®n del vicepresidente de la sociedad, V¨ªctor Mendoza Olivan, que con palabras meditadas y medidas en grado m¨¢ximo hizo una exposici¨®n h¨¢bil que puede merecer la calificaci¨®n de antag¨®nica por lo que representaba.

En s¨ªntesis, su intervenci¨®n tuvo tres partes bien diferenciadas. Una primera en la que se dedic¨® a atacar a la Administraci¨®n, a la que consider¨® injusta con la soluci¨®n ofrecida a la Trasmediterr¨¢nea; una segunda en la que desarroll¨® las posibilidades que se ofrec¨ªan a los accionistas en el caso de no vender y que por supuesto eran negativas, y una tercera en la que puso de relieve que no hab¨ªa m¨¢s remedio que vender.

El se?or Mendoza, representante del grupo March, que cuenta con cerca de un 33 % de las acciones de la compa?¨ªa, no ocult¨® que el grupo mayoritario iba a vender, si bien acus¨® a los organismos competentes de la Administraci¨®n de no ofrecer un precio justo y de montar una operaci¨®n que no era en absoluto clara.

Fundament¨® estas dos afirmaciones de la siguiente manera: la poca transparencia de la operaci¨®n se debe a que el Gobierno no ha explicado absolutamente nada sobre la valoraci¨®n de acciones ni sobre las diversas valoraciones que ha realizado sobre la flota. Es injusta, ya que el Gobierno se ha decidido por una de las f¨®rmulas m¨¢s perjudiciales para los accionistas.

Entre todas las posibilidades que se le ofrec¨ªan al Estado para la nacionalizaci¨®n de la compa?¨ªa, el se?or Mendoza analiz¨® una por una todas las f¨®rmulas. La expropiaci¨®n forzosa supondr¨ªa una compra de las acciones que oscilar¨ªa entre el 194 y 327%, frente al 85,75 % que ha ofertado el Estado, aunque reconoci¨® que la ley contempla la posibilidad de que los tribunales modifiquen ese porcentaje. Si el baremo fuese la cotizaci¨®n en Bolsa, como as¨ª ha sido, puntualiz¨® que de haberse tomado como base las cotizaciones de los ¨²ltimos tres y cinco a?os - los precedentes en estos casos son Tabacalera, Banco Oficial y Telef¨®nica- las ofertas habr¨ªan sido del 117 y 154%, respectivamente. Por lo que respecta al valor liquidativo de la compa?¨ªa, el consejo de administraci¨®n de Transmediterr¨¢nea no consider¨® que fuese una f¨®rmula apropiada, ya que la situaci¨®n de la naviera no se ajusta a los requisitos que demanda esta figura. Una ¨²ltima f¨®rmula podr¨ªa haber, sido la valoraci¨®n de los buques de la flota, que seg¨²n c¨¢lculos de la propia compa?¨ªa de la sociedad Ibershiping alcanzan un valor de 8.000 y 10.400 millones de pesetas, respectivamente, lo que se traduce en un valor de las acciones del 286 %.

Pas¨® a continuaci¨®n el se?or Mendoza al analizar las salidas del Estado en ¨¦l caso de que no consiguiese comprar el 54 %, en el plazo de oferta p¨²blica que finaliza el 23 de enero. La pr¨®rroga del contrato por un plazo corto no es, una soluci¨®n beneficiosa para la compa?¨ªa, que lo ¨²nico que conseguir¨ªa ser¨ªa aplazar los problemas unos meses. Por lo que respecta a la segunda soluci¨®n que puede ofrecer el Estado: la expropiaci¨®n forzosa, ¨¦sta ser¨ªa igualmente perjudicial para los accionistas, ya que requerir¨ªa un largo per¨ªodo de tiempo al tener que ser aprobado por las Cortes, y a la larga, aunque fuese una oferta m¨¢s beneficiosa, el accionista podr¨ªa cobrar al contado o a trav¨¦s de deuda p¨²blica. Si a esto unimos que el pago se realizar¨ªa aplazado por problemas de tipo t¨¦cnico, la inflaci¨®n se comer¨ªa la hipot¨¦tica mejora.

Termin¨® se?alando que a la vista de la situaci¨®n, lo mejor que pod¨ªan hacer los accionistas era vender.

Las intervenciones de los accionistas fueron documentadas, unas, y sentimentales, otras. Sali¨® a relucir la democracia, la incompetencia del Gobierno, los pensionistas y la usurpaci¨®n il¨ªcita de bienes. ? El Gobierno quiere que se ahorre e invierta, pero despu¨¦s de este ejemplo, qui¨¦n va a hacer caso al Gobierno. ? La propuesta de una manifestaci¨®n ante la sede de los responsables de tal atrocidad fue cumplidamente aplaudida y la imposibilidad de llegar a variar la soluci¨®n ofrecida por el Gobierno termin¨® por vaciar lentamente la sala.

As¨ª est¨¢n las cosas

La situaci¨®n actual, con la venta de la participaci¨®n del grupo March, parece bastante clara, ya que para alzarse con el 54% del total del accionariado, el Estado s¨®lo deber¨¢ comprar poco m¨¢s del 20 % a los accionistas, minoritarios y a la vista de lo ocurrido en la ma?ana de ayer no parece que sea muy dif¨ªcil el conseguirlo.

En rueda de prensa posterior, el se?or Mendoza desminti¨® que hubiera habido un pacto previo entre el Gobierno y el grupo March, aunque hayan existido, conversaciones, al tener la compa?¨ªa un delegado del Gobierno permanente.

Sobre la continuidad del servicio de las L¨ªneas Mar¨ªtimas de Soberan¨ªa, el vicepresidente de la Trasmediterr¨¢nea se mostr¨® seguro que en tanto y en cuanto el Gobierno se hacia con el 54% de las acciones en el plazo de un mes, el servicio continuar¨ªa funcionando.

La opini¨®n generalizada entre los accionistas era que se hab¨ªa elegido una mala f¨®rmula para realizar la primera nacionalizaci¨®n de la nueva etapa democr¨¢tica.