"Como el Concordato, la ley de Libertad Religiosa de 1967 es un cad¨¢ver jur¨ªdico que debemos enterrar ya"

La ley de Libertad Religiosa de 1967 ?es un cad¨¢ver jur¨ªdico que hay que enterrar cuanto antes, y yo estoy aqu¨ª para enterrarlo. Lo mismo pasa con el Concordato, al que el Gobierno le ha dado dos a?os de plazo para desaparecer declar¨® ayer a EL PA?S el director general de Asuntos Religiosos, Eduardo Zulueta, quien nos coment¨® las recientes reuniones de todas las confesiones religiosas existentes en Espa?a para sugerir la abolici¨®n o, en todo caso, la reforma radical de la legislaci¨®n citada.

El se?or Zulueta, que es creyente, considera que a la Iglesia cat¨®lica el movimiento hacia la libertad religiosa total le beneficia m¨¢s que a ninguna otra confesi¨®n, ?porque es en la discusi¨®n y en la libertad donde se consolidan las creencias. Por otra parte, estimo que en un r¨¦gimen de aconfesionalidad como el que va a tener el Estado espa?ol, la existencia de libertad de credos es favorable por igual a todos?. Para el director general de Asuntos Religiosos, el proceso actual es la culminaci¨®n del eslogan que su departamento se propuso poner en pr¨¢ctica cuando ¨¦l tom¨® posesi¨®n, con el primer Gobierno de la Monarqu¨ªa. ?Entonces pretendimos crear una Iglesia libre en un Estado libre, y estamos a punto de conseguirlo.?Un punto clave en ese proceso fue el acuerdo al que el Estado lleg¨® con la Iglesia cat¨®lica para dejar otorgar las subvenciones en funci¨®n de la bondad o de la maldad de determinadas di¨®cesis. Al recibir la Conferencia Episcopal una cantidad globalizada, que repartir¨¢ con criterios eclesiales y no pol¨ªticos, el Estado se separ¨® de la Iglesia y logr¨® una situaci¨®n de independencia que, seg¨²n el se?or Zulueta, ha hecho posible toda la evoluci¨®n posterior.

En el marco de la liberalizaci¨®n de las relaciones Iglesia-Estado, el director general de Asuntos Religiosos cita, tambi¨¦n, la renuncia por parte del Rey de sus poderes seculares en el nombramiento de los obispos, ?una decisi¨®n que los integristas recibieron ech¨¢ndose las manos a la cabeza. Luego se ha visto que la brecha abierta en ese terreno era tremendamente positiva. Fue un fantasma cuya eliminaci¨®n ha resultado beneficiosa para todos. A¨²n quedan otros fantasmas que ir¨¢n cayendo por la presi¨®n de los tiempos?.

El criterio con el que la direcci¨®n general se ha enfrentado a la renovaci¨®n de la ley de Libertad Religiosa ha sido, precisamente, el de la aconfesionalidad del Estado y el de la necesidad de respetar, ?adoptando una actitud neutral?, todas las minor¨ªas religiosas que existen en el pa¨ªs. Para desarrollar esta idea ?hemos tenido que llevar adelante una ¨¦tica de gesti¨®n que nos obliga a consultar, y no a imponer, las sugerencias que tenemos acerca del porvenir de la vida religiosa en Espa?a?.

En el proyecto de Constituci¨®n se deja abierta al Estado la posibilidad de pactar acuerdos parciales con las distintas confesiones, seg¨²n las diversas peculiaridades, salvando siempre su car¨¢cter aconfesional, en el que hace hincapi¨¦ Eduardo Zulueta.

La Direcci¨®n General de Asuntos Religiosos ha esbozado tambi¨¦n un tratamiento econ¨®mico de las distintas confesiones, para que no se produzca la discriminaci¨®n que a algunos sectores religiosos le hacen seguir desconfiando del ecumenismo que la Iglesia cat¨®lica propugna.

?Por eso se ha lanzado -se?ala el se?or Zulueta- la idea del impuesto religioso, como existe en otros pa¨ªses europeos. De ese modo, todos los fieles de cualquier confesi¨®n, e incluso aquellos que no profesen una religi¨®n determinada, pero quieran expresar simpat¨ªa por alguna, pueden contribuir del modo que disponga el Estado. Aquellos que, expresamente, se nieguen a especificar el objetivo de su impuesto religioso contribuir¨¢n, igualmente, y su dinero revertir¨¢ en beneficio del Estado. ?

?Ya s¨¦ que la idea del impuesto no es una soluci¨®n perfecta, pero parece la m¨¢s eficaz e igualitaria. Lo que no se podr¨¢ evitar -dice el se?or Zulueta- es que la proporci¨®n que obtenga la Iglesia cat¨®lica en virtud de ese sistema sea mayor que el que alcancen las restantes confesiones, que cuentan con menos fieles. ?

La muerte de la ley de Libertad Religiosa de 1967 es beneficiosa para todos, repite Eduardo Zulueta, ?aunque no conviene olvidar sus frutos, alcanzados en una ¨¦poca dificil, en la que imperaba el nacionalcatolicismo?. De las reuniones que actualmente se mantienen en el Ministerio de Justicia con todas las confesiones existentes en Espa?a puede salir un anteproyecto de nueva ley que se proponga al Parlamento, ?o puede que salga la decisi¨®n un¨¢nime de que no hace falta ley alguna. El Parlamento, en ¨²ltimo t¨¦rmino, es el que tiene la palabra. En estas asambleas, que se reanudan el 20 de febrero, procuraremos alcanzar, si no unanimidad, s¨ª al menos consenso entre todos. Para reunirlos no hubo dificultades graves. La ¨²nica interrogante se refer¨ªa a la participaci¨®n o no de la Iglesia cat¨®lica, y ¨¦sta envi¨® a un representante. Ese ha sido quiz¨¢ el paso m¨¢s fundamental?.

?A partir de ahora -dice el director general de Asuntos Religiosos-, la principal dificultad que van a hallar las distintas confesiones es la de ponerse de acuerdo acerca del car¨¢cter que debe tener la ense?anza en el Estado espa?ol. En lo que he observado un punto de coincidencia entre todos los representantes es en la necesidad de que el Estado sea aconfesional.?

Estos contactos del se?or Zulueta con todas las confesiones religiosas ?quiz¨¢ escandalicen a los que ven la luz de Trento y el martillo de herejes, pero satisfacen a los que ven en ellos una posibilidad m¨¢s de concordia y de respeto a los derechos de las minor¨ªas. Adem¨¢s, puede suponer el final de una era de recelos entre confesiones y la posibilidad de discusi¨®n de temas de gran importancia social, como el aborto, el divorcio y la ense?anza, en un ambiente fresco y sin prejuicios?.