El "caso Lockheed" podr¨¢ verse en marzo pr¨®ximo

Dos a?os despu¨¦s de que surgieran los primeros datos sobre el ?caso Lockheed? en Espa?a, parece vislumbrarse ya la cuenta atr¨¢s para la iniciaci¨®n del juicio correspondiente ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. La causa, que entr¨® en la fase de plenario en octubre pasado, acaba de ser calificada por Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles, abogado defensor del general Luis Rey, uno de los dos militares presuntamente implicados en el caso. Si se sigue el mismo ritmo que hasta ahora en el cumplimiento de los plazos procesales, la causa podr¨¢ ser vista en marzo pr¨®ximo.Las conclusiones provisionales del se?or Gil-Robles en lo que se refiere a la participaci¨®n en el affaire de su defendido han sido remitidas a la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar, que instruye la causa. El se?or Gil-Robles ha pedido la traducci¨®n de determinados documentos remitidos por la compa?¨ªa aeron¨¢utica estadounidense Lockheed, a fin de que puedan servirle de prueba en su defensa. En su d¨ªa, el se?or Gil-Robles solicit¨® del Consejo Supremo de Justicia Militar la declaraci¨®n como testigos de los ex ministros se?ores Cuadra Medina y Salvador D¨ªaz-Benjumea, en relaci¨®n, fundamentalmente, sobre las informaciones que se piden en los casos de ascenso o nombramiento para puestos de superior categor¨ªa, pero la petici¨®n fue denegada.

La primera informaci¨®n oficial sobre el ?caso Lockheed? en Espa?a fue facilitada en el informe hecho p¨²blico por la fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, a requerimiento del Gobierno, en noviembre de 1976. Seg¨²n dicho informe, no se comprobaron indicios de soborno para favorecer las operaciones de la Lockheed en Espa?a, aunque s¨ª ciertas irregularidades en lo que se refiere a la administraci¨®n de la compa?¨ªa en nuestro pa¨ªs. El informe precisaba que un total de cinco personas -dos militares y tres civiles- percibieron en conjunto 73 millones de pesetas en comisiones de la compa?¨ªa norteamericana. Cuatro meses despu¨¦s de la publicaci¨®n de este informe, y una vez que el caso pas¨® a la jurisdicci¨®n militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar dict¨® auto de procesamiento contra el general Rey y contra el coronel Carlos Grandal, ambos del Ej¨¦rcito del Aire, que desempe?aban hasta la fecha de sus ceses los cargos de director del Servicio de Control de Emisiones Radioel¨¦ctricas del antiguo Ministerio del Aire, el primero, y subdirector general de Transportes A¨¦reos, en el mismo departamento ministerial, el segundo. El auto de procesamiento se refer¨ªa al ?funcionario p¨²blico que, prevali¨¦ndose de su cargo, ejerciese alguna profesi¨®n directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones oficiales o interviniese directa o indirectamente en empresas o asociaciones privadas con m¨®vil de lucro?.

La dimensi¨®n judicial del ?caso Lockheed? en Espa?a no qued¨® reducida s¨®lo al procesamiento de dos militares. El abogado Miguel Cid intent¨® ejercer la acci¨®n popular prevista en la ley para ahondar en lo que ¨¦l mismo calific¨® de ?punta del iceberg de un esc¨¢ndalo de corrupci¨®n que representa la de otros nomerosos casos que durante cuarenta a?os se han venido practicando en nuestro pa¨ªs de forma normal?. En lo que se refiere al proceso iniciado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el sumario fue concluido en septiembre pasado y el fiscal militar evacu¨® el tr¨¢mite de conclusiones provisionales en noviembre pasado. Una vez cumplido el mismo tr¨¢mite por el defensor del general Rey, el sumario, que consta de unos 8.000 folios, pasar¨¢ a la calificaci¨®n del defensor del coronel Grandal, letrado Horacio Oliva.