Gobierno y elecciones sindicales

A pesar del prop¨®sito del Gobierno y cierto sector del empresariado de restringir, restar entidad e incluso impedir la celebraci¨®n de elecciones sindicales, se cuentan diariamente por centenares las empresas en las que los trabajadores est¨¢n eligiendo sus delegados y comit¨¦s de empresa. Sin duda, el acuerdo CCOO-UGT para impulsar su realizaci¨®n ha sido important¨ªsimo, demostrando una vez m¨¢s que la unidad de acci¨®n es fundamental para los intereses de los trabajadores.Al seguir el Gobierno una pol¨ªtica contraria a la generalizaci¨®n de elecciones y procurar tan ostensiblemente que su repercusi¨®n se reduzca al m¨ªnimo, evidencia algo que desde una perspectiva de clase resulta claro y elemental: se trata de impedir, en lo posible, que el movimiento obrero y sus centrales sindicales se desarrollen y organicen mejor. Las elecciones sindicales son un factor que lo facilita.

Sin duda, tal objetivo es una constante para todo Gobierno burgu¨¦s y para cualquier pa¨ªs capitalista. Pero en nuestro caso se produce en la etapa de transici¨®n a la democracia, uno de cuyos elementos de consolidaci¨®n es precisamente que los trabajadores se doten de ¨®rganos de representaci¨®n que, entre otros cometidos, sirvan para llenar el vac¨ªo legal que, a nivel de empresa conlleva la desaparici¨®n de la Organizaci¨®n Sindical.

Unas elecciones sindicales generales y con garant¨ªas resultaban imprescindibles en Espa?a para ampliar la libertad sindical. Al quitar a las actuales ese car¨¢cter, al insistir en su provisionalidad, se est¨¢ en el fondo realizando un atentado contra el proceso de democratizaci¨®n que nuestra sociedad inici¨® hace m¨¢s de dos a?os. De ah¨ª la grave responsabilidad del Gobierno.

Al mismo tiempo, era urgente que el panorama sindical, con una considerable multiplicaci¨®n de siglas, se clarificara. Al Gobierno no le perjudica la confusi¨®n, aunque el perjudicado sea el pa¨ªs en su conjunto. Incluso el fomentar que ante la opini¨®n p¨²blica parezca que existe una pugna irreconciliable entre CCOO y UGT para alzarse con el liderazgo entre los trabajadores, le parece al Gobierno muy positivo. Por eso, al promulgar el decreto sobre elecciones, tuvo buen cuidado de dejar las cosas lo suficientemente ambiguas como para que hasta en el c¨®mputo de los resultados se reflejara esa ambig¨¹edad. Como es sabido, en las empresas con menos de 250 trabajadores no es necesario que figure en las actas la afiliaci¨®n sindical de los elegidos. Ese detalle le permite al Ministerio de Trabajo alimentar la falsa imagen de que el arraigo del sindicalismo de clase es muy d¨¦bil. Pese a todo, si se analizan sus propias estad¨ªsticas y se tiene en cuenta que para las empresas con m¨¢s de 250 trabajadores, las candidaturas necesitan identificaci¨®n, puede deducirse que los no afiliados no sobrepasan el 6,2%.

El que justo en el comienzo de su celebraci¨®n se haga p¨²blico un proyecto de ley sobre la representaci¨®n de los trabajadores en la empresa, que contiene una cl¨¢usula por la cual habr¨ªan de celebrarse nuevas elecciones en el plazo de tres meses es, sencillamente, una provocaci¨®n a los trabajadores y a sus centrales de clase.

El Gobierno sabe que las elecciones sindicales van a ser un elemento de modificaci¨®n de la actual relaci¨®n de fuerzas y que esa modificaci¨®n favorece las posiciones del movimiento obrero.

Por otra parte, no podemos pasar por alto que dentro de unos meses se celebrar¨¢n elecciones municipales y que sobre ellas se proyectar¨¢ en cierta medida el resultado de las sindicales. Conseguir que las sindicales -en ning¨²n caso favorables a UCD- se hagan despu¨¦s de las municipales, en las que UCD est¨¢ montando, a partir de las prerrogativas que otorga el poder, un tinglado legal y financiero para ganarlas, es coherente desde la ¨®ptica y los intereses que UCD y el Gobierno Su¨¢rez representan.

Al hilo de todo ello cabe subrayar la ofensiva que en distintos frentes est¨¢ lanz¨¢ndose desde el Gobierno contra los trabajadores, posiblemente para identificarse mejor con el espacio pol¨ªtico en el que le sit¨²a su base social m¨¢s influyente y poderosa: la derecha. No es s¨®lo el retraso en lo sindical. No es s¨®lo intentar un escamoteo definitivo del patrimonio de la CNS, hoy en manos de la AISS, o el favorecer el amarillismo y restar crecimiento a las centrales de clase a base de ver c¨®mo ofrecer a los trabajadores no afiliados unos servicios asistenciales mediante el propio patrimonio sindical, los abogados y otros profesionales que estuvieron en la n¨®mina de la CNS y los 25.000 y pico millones de pesetas del presupuesto que todos los espa?oles vamos a pagar a la AISS en 1978. Hay tambi¨¦n una ofensiva para hacer el despido a¨²n m¨¢s libre de lo que ya es; hay un decidido prop¨®sito de retrasar o anular la aplicaci¨®n de los muchos aspectos positivos contenidos en los acuerdos de la Moncloa e incluso se est¨¢ llegando al colmo de lo permisible en la pol¨ªtica salarial, d¨¢ndose el caso de alg¨²n Ministerio cuyos altos funcionarios aconsejan a los patronos una forma de interpretar los acuerdos para que ni siquiera se llegue al 20-22 % de subida sobre las masas salariales globales.

El Gobierno ha entrado en un terreno en el que s¨®lo es posible hacerle retroceder a base de una respuesta contundente. El triunfo de Comisiones Obreras en las actuales elecciones sindicales, triunfo que, afortunadamente para los trabajadores parece ya asegurado, lo interpretamos como una clara toma de posici¨®n de ¨¦stos en favor de la experiencia, responsabilidad y eficacia con que defendemos los intereses de nuestra clase. En este caso, la ¨²nica v¨ªa para cumplir este cometido es procurar la m¨¢xima unidad en la acci¨®n con otras centrales, fundamentalmente UGT, y conseguir una movilizaci¨®n amplia, organizada y controlada en la que los trabajadores dejemos patente ante el pa¨ªs que no estamos dispuestos a tolerar que carguemos en exclusiva con la crisis y que, encima, se prolongue indefinidamente la consecuci¨®n de nuestras libertades sindicales b¨¢sicas.