El ministro de Industria se opone a determinadas propuestas del Plan Energ¨¦tico

La elaboraci¨®n del proyecto de Plan Energ¨¦tico Nacional (PEN) est¨¢ provocando un abierto enfrentamiento en el seno del equipo econ¨®mico gubernamental, especialmente como consecuencia de las posturas divergentes de los Ministerios de Econom¨ªa e Industria y Energ¨ªa. Fuentes cercanas a este ¨²ltimo departamento precisaron ayer a EL PA?S la total oposici¨®n del titular y sus m¨¢s directos colaboradores, a tres de las propuestas contenidas en el borrador final entregado a la Comisi¨®n Interministerial: nacionalizaci¨®n de la red de alta tensi¨®n el¨¦ctrica, monopolio estatal en construcci¨®n de centrales nucleares a partir de 1987 y ubicaci¨®n del ente coordinador del subsector petrolero en el Ministerio de Econom¨ªa.

Las tensiones se han agudizado como consecuencia de la publicaci¨®n, el viernes de la pasada semana, de las conclusiones del grupo de trabajo -v¨¦ase EL PA?S del d¨ªa 11 de febrero-, que concluy¨® el estudio del borrador propuesto por Industria y Energ¨ªa rechazado por el Gobierno, el 30 de diciembre pasado, por considerarlo incompleto. Seg¨²n fuentes del Ministerio de Industria, el ¨²nico representante del departamento, Eduardo Punset, hizo ya constar su oposici¨®n a los tres puntos en la firma del acta final. Otras fuentes consultadas por EL PA?S han desmentido, sin embargo, la existencia de tal disconformidad, al menos en el texto firmado conjuntamente. El resto de componentes del grupo de trabajo era el director general de Pol¨ªtica Econ¨®mica, Jos¨¦ Luis Leal; el secretario general t¨¦cnico de Econom¨ªa, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte; Emilio Sanz-Hurtado, director general de Petroliber, y Roberto Centeno, que ocupa id¨¦ntico cargo en CAMPSA. El grupo fue creado por la comisi¨®n interministerial designada para revisar el PEN, en su reuni¨®n del 4 de enero pasado.En el primero de los puntos conflictivos, Industria sustenta la teor¨ªa de que la nacionalizaci¨®n no es necesaria, ya que su costo es excesivo - para las actuales circunstancias - 15.000 millones de pesetas- y el control sobre la actividad de las compa?¨ªas podr¨ªa establecerse a partir de la presencia de delegados gubernamentales en las sociedades privadas; posibilidad que, seg¨²n Industria, hab¨ªa sido ya aceptada por el sector. A esto se unir¨ªa un control -no precisado- sobre el esquema de reparto de cargas. Al parecer, el planteamiento por parte del equipo de Industria de la posibilidad de designar delegados motiv¨® la salida de la presidencia de UNESA del se?or Oriol. Los partidarios de la nacionalizaci¨®n de la red de alta tensi¨®n rechazan la efectividad de la alternativa propuesta por Industria.

La presencia de delegados -se?alan- ser¨ªa poco efectiva, como lo demuestra la experiencia de otras empresas de servicio p¨²blico, mientras no se alcance una participaci¨®n estatal mayoritaria en las empresas. Por otra parte, el funcionamiento del esquema de Reparto de Cargas (Reca), cuyo control ha delegado el Gobierno en UNESA -dominada a su vez por las dos grandes compa?¨ªas Iberduero e Hidroel¨¦ctrica Espa?ola-, se ha demostrado siempre ineficaz y en todo momento favorecedor de los intereses de las compa?¨ªas m¨¢s potentes. Para los partidarios de la nacionalizaci¨®n, el tema clave es controlar la relaci¨®n frecuencia-potencia, que s¨®lo puede lograrse constituyendo una sociedad mixta, mayoritariamente estatal, que adquiera el dominio de la red de alta tensi¨®n. Adem¨¢s, se estaba de acuerdo en garantizar que la nacionalizaci¨®n de la red de alta no supondr¨ªa la nacionalizaci¨®n del sector en un plazo de veinte a?os, lo que podr¨ªa negociarse con los grupos pol¨ªticos y las empresas.

Centrales nucleares

El segundo tema de discrepancia es el que se refiere a las cen trales nucleares. Tambi¨¦n aqu¨ª el ministro de Industria y su equipo se oponen radicalmente a la nacionalizaci¨®n de todas las centrales construidas a partir de 1987, seg¨²n propone el documento del grupo de trabajo. Las razones aducidas por el Ministerio son b¨¢sicamente relacionadas con lo dispuesto en los pactos de la Moncloa, que no se?ala la necesidad de adoptar tal medida. Los preceptos suscritos se refieren solamente a temas de localizaci¨®n, control de residuos y seguridad, que el Estado podr¨ªa ejercitar sin necesidad de acometer la estatalizaci¨®n. Por otra parte, los mismos medios consideran que la medida es in¨²til a corto plazo, por cuanto s¨®lo afectar¨ªa a una o dos centrales, en base a las previsio nes del propio plan. Los partidarios de la medida, por su parte, estiman que es necesaria por razones financieras, estrat¨¦gicas y t¨¦cnicas, especialmente a la vista de las experiencias for¨¢neas. Las previsiones iniciales del plan presentado por Industria han sido rebajadas, previendo solamente un total de catorce centrales nucleares en funcionamiento al t¨¦rmino de su vigencia, en 1987. Esta cifra quedar¨ªa desglosada en: tres actualmente en funcionamiento, siete que se encuentran ya en fase de construcci¨®n y de las ocho restantes proyectadas ser¨ªan suprimidas las tres que todav¨ªa no contaban con autorizaci¨®n previa, as¨ª como una de las cinco restantes, cuyo equipo ya est¨¢ contratado, aunque esta ¨²ltima est¨¢ sin determinar; de ¨¦stas surgir¨ªan las cuatro restantes. La revisi¨®n del PEN contempla, asimismo, la puesta en pr¨¢ctica del ciclo nuclear completo en Espa?a.

Acaso el tema de mayor controversia, al menos a nivel de sensibilizaci¨®n en el Ministerio de Industria y Energ¨ªa, es el que se refiere a la ubicaci¨®n del ente coordinador del subsector petro lero, que el grupo de trabajo recomienda vaya al Ministerio de Econom¨ªa. A ello se opone el equipo Oliart, que defiende su encaje en el Instituto Nacional de Industria. Las razones del Ministerio se centran en criterios de no continuar la dispersi¨®n de la gesti¨®n de las empresas p¨²blicas, yendo, por el contrario, hacia una progresiva concentraci¨®n de la gesti¨®n de la empresa p¨²blica. Por otra parte, fuentes autorizadas del departamento de Industria se?alaron que el car¨¢cter del Ministerio staff de la actual vicepresidencia econ¨®mica le descalifica operativamente para controlar la gesti¨®n de toda la pol¨ªtica petrolera nacional. Los mismos medios manifestaron su creencia de que la misi¨®n coordinadora de la pol¨ªtica econ¨®mica general na da tiene que ver con la gesti¨®n de un organismo como el futuro en te, que deber¨ªa estar encomendada a un determinado ministerio. Tambi¨¦n se asegur¨® que hab¨ªa causado disgusto a los actuales responsables del Ministerio de Industria y Energ¨ªa que, a los siete meses de incluir el sector energ¨¦tico en la denominaci¨®n departamental, las competencias pasar¨¢n a otro sector de la Administraci¨®n. El ¨²ltimo punto sobre el que el equipo Oliart basa su oposici¨®n es que la salida del INI de todo el tema energ¨¦tico comprometer¨ªa gravemente el futuro del propio Instituto. El otro sector de la pol¨¦mica estima que la ubicaci¨®n en Econom¨ªa est¨¢ justificada por el actual estado del INI, y que sus efectos no ser¨ªan, en modo alguno, negativos para el holding, por cuanto su participaci¨®n financiera en el ente ser¨ªa muy notable.