La ley de Peligrosidad Social, superada por la actual situaci¨®n espa?ola

La ley de Peligrosidad y Rehabilitaci¨®n Social del 4 de agosto de 1970 fue seriamente cuestionada ?como una normativa no acorde con los tiempos en los que vive Espa?a? en el transcurso de un debate-coloquio celebrado el lunes pasado en la Escuela de Asistentes Sociales de Madrid, en el que intervinieron dos magistrados-jueces de peligrosidad social, un fiscal, abogados de presos, asistentes sociales y ex presos ?peligrosos sociales?.Los magistrados-jueces de peligrosidad social de Madrid, Miguel L¨®pez Mu?iz, y de Sevilla, Manuel Rico Lara, se ratificaron en que ellos, como jueces, deben aplicar la ley, sea cual sea, pero cuando esa ley es deficiente o cuando ya ha sido superada por la actualidad social les queda el recurso de aplicarla con la m¨¢xima humanidad posible o dejar la sentencia en suspenso por falta de medios eficaces punitivos o rehabilitadores.

?La ley de Peligrosidad Social -se defendi¨® un¨¢nimemente en el transcurso del debate- es producto de una situaci¨®n hist¨®rica y social ya superada.? Por eso esta ley est¨¢ siendo contestada desde diversos sectores de la sociedad espa?ola. En una sociedad democr¨¢tica se impone revisar una ley muy unida a la defensa de la propiedad privada (bienes de la burgues¨ªa liberal o de las empresas tecnocr¨¢ticas) y a conceptos morales, ¨¦ticos y axiol¨®gicos (homosexualidad, drogas, prostituci¨®n), ya que todos estos conceptos est¨¢n en crisis

Cuando las fuerzas sociales y los expertos de la nueva penolog¨ªa cuestionan los sistemas carcelarios (se ha llamado a las prisiones espa?olas ?universidades del delito?) nos encontramos con una ley que pena al confinamiento en centros de rehabilitaci¨®n que o no existen o no son los adecuados. Frente a este viejo sistema penitenciario se pide uno nuevo que, como m¨ªnimo, respete los derechos laborales normales de los penados (continuidad en su trabajo y salario); sus derechos personales (a la intimidad, a las relaciones sexuales...), que los jueces participen en la comisi¨®n del reparto de penas y, sobre todo, que este nuevo sistema se ocupe especialmente de la prevenci¨®n del delito.