El patrimonio arquitect¨®nico

En el art¨ªculo ?La ciudad hist¨®rica, conflicto eludido?, de don Alberto Garc¨ªa Gil, publicado en el suplemento ?Arte y pensamiento? correspondiente al domingo 26 de febrero, se plantea, entre otros problemas, el de la necesaria competencia de los ayuntamientos en materia de patrimonio arquitect¨®nico, a cuyo respecto se recalca que las decisiones en orden a la transformaci¨®n de la ciudad han de contar con el consenso ciudadano. Nada que objetar hasta ah¨ª, salvo, si acaso, que esas futuribles competencias municipales habr¨ªan de ser compartidas con las regiones o nacionalidades y con la Administraci¨®n Central, al objeto de evitar un caos normativo y pr¨¢ctico, cuando no un incumplimiento de elementales deberes edilicios por presi¨®n de la especulaci¨®n inmobiliaria. Pero sorprende en el art¨ªculo del se?or Garc¨ªa Gil que parezca justificar al Ayuntamiento de ?vila por su resistencia, ?en las condiciones actuales?, a la declaraci¨®n oficial de la ciudad, porque, como es p¨²blico y notorio, el Ayuntamiento de Avila no reacciona as¨ª frente a la Administraci¨®n Central por un mero prurito de competencias, ni porque tenga una concepci¨®n m¨¢s progresiva del patrimonio hist¨®rico, ni tampoco porque le respalde el consenso ciudadano, sino, precisamente, porque es el cauce natural de unos intereses minoritarios y especuladores. De la misma manera, es muy acertada la cr¨ªtica que el se?or Garc¨ªa Gil hace al funcionamiento antidemocr¨¢tico de las comisiones del Patrimonio Art¨ªstico (que. as¨ª se denominan, y no ?de protecci¨®n?), pero, desgraciadamente, se equivoca el se?or Garc¨ªa Gil cuando, en un rasgo de condescendencia, las llama depositarias de la ?ortodoxia monumental?. La realidad muestra que, en la generalidad de los casos, y ah¨ª est¨¢ la Comisi¨®n Provincial de Granada como ejemplo cumbre, dichas comisiones son tambi¨¦n instrumento servil de los intereses de las inmobiliarias.En el momento de transici¨®n por el que atravesamos, y como medida provisional, bien har¨ªan los actuales ayuntamiento en cumplimentar la normativa vigente en materia monumental, y el Ministerio de Cultura en ejercer sus competencias. M¨¢s adelante, el proceso constitucional y la evoluci¨®n pol¨ªtico-cultural del pa¨ªs tendr¨¢n la ¨²ltima palabra.

Presidente de Adelpha