Els Joglars, en el exilio

LA HUIDA de Albert Boadella del hospital penitenciario, seguida de la marcha a Francia de Ferr¨¢n Ran¨¦, ambos procesados por la jurisdicci¨®n militar por presuntas injurias a las Fuerzas Armadas, sit¨²a este asunto, circunscrito al principio dentro de los l¨ªmites de un conflicto de competencias, en un terreno minado sobre el que ser¨¢ preciso caminar con la mayor prudencia.En anteriores comentarios editoriales, publicados a ra¨ªz del procesamiento de los actores del grupo Els Joglars y del encarcelamiento de su director, indicamos que la principal responsabilidad de este incidente recae sobre el Gobierno y su grupo parlamentario por la tardanza en instrumentar los acuerdos del pacto de la Moncloa que se refieren a la reconsideraci¨®n de los l¨ªmites del C¨®digo de Justicia Militar en relaci¨®n con la competencia de la jurisdicci¨®n castrense.

El 27 de octubre de 1977 el Gobierno y todos los grupos parlamentarios -con excepci¨®n de Alianza Popular- llegaron a un compromiso formal para restringir, en el m¨¢s breve plazo, las fronteras excesivamente dilatadas de los tribunales militares. El p¨¢rrafo primero del apartado VII del ?Acuerdo sobre el programa de actuaci¨®n jur¨ªdica y pol¨ªtica? reconoc¨ªa la necesidad de ?resolver la dualidad de tipificaciones entre el C¨®digo Penal Com¨²n y el C¨®digo de Justicia Militar?, de forma tal que este ¨²ltimo quedara restringido a los delitos propiamente castrenses. Evidentemente las injurias a las Fuerzas Armadas expresadas por civiles, que es lo que se imputa al grupo Els Joglars, ser¨¢n conocidas en el inmediato futuro, una vez instrumentado el acuerdo, por los tribunales ordinarios y castigadas, si hubiera lugar, por el C¨®digo Penal Com¨²n.

As¨ª pues, Albert Boadella y sus compa?eros entraron en el campo de la jurisdicci¨®n militar por un presunto delito cometido despu¨¦s de la aprobaci¨®n de un acuerdo pol¨ªtico que exclu¨ªa tal posibilidad y antes de que ese pacto quedara materializado en leyes y fuera formalmente vigente. La misma circunstancia de ese procesamiento, dictado en diciembre de 1977, hubiera debido obligar al Gobierno, por razones tanto morales como pol¨ªticas, a acelerar la instrumentaci¨®n legal del acuerdo pertinente de los pactos de la Moncloa.

El rigorismo de la jurisdicci¨®n militar, intr¨ªnseco a su propia naturaleza en cuanto que est¨¢ orientada a la penalizaci¨®n de conductas que infrinjan la disciplina castrense, no hizo posible, en su d¨ªa, aceptar una interpretaci¨®n animada por el principio in dubio pro reo y considerar que los pactos de la Moncloa convert¨ªan en inaplicable una legislaci¨®n destinada a ser derogada en pocos meses. Hay que decir, con todo respeto, que ese rigor, aunque comprensible, ha sido desafortunado, independientemente de la gravedad del delito del que se inculpaba a Els Joglars, tema sobre cuyo fondo en absoluto queremos pronunciarnos estando sub judice. Tambi¨¦n la prisi¨®n preventiva de los procesados que se hallaban en libertad provisional, dictada tras la huida del se?or Boadella, resulta muy estricta contemplada desde un punto de vista civil y aplicada a personas civiles.

Las consecuencias de todo esto es que se ha creado un conflicto cuya importancia no se debe desmesurar, pero tampoco infravalorar. La democracia espa?ola conoce desde hace unos d¨ªas sus dos primeros y peculiares exiliados pol¨ªticos por motivos relacionados con la libertad de expresi¨®n. No creemos que este hecho sea bueno para nadie. Ni para la imagen de nuestra naciente democracia, ni para el prestigio de unas Fuerzas Armadas sinceramente comprometidas en la tarea de consolidarla y de hacer m¨¢s transparentes sus relaciones con la sociedad civil.