Las obras p¨²blicas en la actual coyuntura econ¨®mica / y 2

EconomistaEs evidente que el hecho de denunciar el proceso evolutivo, claramente regresivo, seguido por la inversi¨®n en el subsector de las obras p¨²blicas en los ¨²ltimos a?os -y que se prolongar¨¢ al pr¨®ximo ejercicio de 1978, conforme a las inversiones previstas para el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo en los Presupuestos Generales del Estado enviados a las Cortes-, no conlleva ning¨²n car¨¢cter reivindicativo de cualesquiera tipo de pol¨ªtica triunfalista tal como la determinante del ?Estado de obras? configurado en alguas etapas de nuestro reciente pasado hist¨®rico.

Lo que se desea poner de manifiesto son, simplemente, algunos principios elementales de pol¨ªtica econ¨®mica que parecen haber sido ignorados (se presupone que por las dificultades actuales de la econom¨ªa nacional, pero tambi¨¦n sin duda en raz¨®n de sus contradicciones internas). Esto es, se trata de recordar algo tan sencillo como que el aumento de la inversi¨®n p¨²blica -y no del gasto p¨²blico consuntivo, que es lo que contin¨²a haci¨¦ndose en t¨¦rminos relativos, como muestra el cuadro adjunto- es un instrumento de primera magnitud para combatir las consecuencias depresivas de la grave crisis econ¨®mica por la que atravesamos. Y que, dentro del sector p¨²blico, el sector de la construcci¨®n y muy espec¨ªficamente el subsector de obras civiles se sit¨²a en una posici¨®n clave, por su interdependencia con los restantes sectores, para ser utilizado por el Gobierno como uno de los instrumentos dinamizadores de la econom¨ªa general, tanto por actuar como elemento compensador de la coyuntura al amortiguar la evoluci¨®n del ciclo econ¨®mico -contribuyendo al aumento del empleo en aquellas zonas del pa¨ªs m¨¢s afectadas por el paro, mediante la urgente puesta en marcha de programas selectivos de obras-, como por aprovechar al m¨¢ximo los beneficios reales derivados del efecto multiplicador de la inversi¨®n.

Pues bien, lo que no se logra interpretar satisfactoriamente es c¨®mo, con una situaci¨®n ya grave en 1974 y con unas previsiones a¨²n peores, los distintos Gobiernos no relanzaron -ni prev¨¦ relanzar el actual en el pr¨®ximo ejercicio- la inversi¨®n en obras p¨²blicas e, incluso, puede afirmarse que fueron precisamente ¨¦stas las primeras en sufrir las consecuencias de la relativa ?paralizaci¨®n administrativa? en la que, pr¨¢cticamente, estamos inmersos en todo este ¨²ltimo, por tantas razones, dif¨ªcil cuatrienio. M¨¢s a¨²n, cuando es algo absolutamente obvio que, al ser precisamente los planes de mejora y ampliaci¨®n de las infraestructuras colectivas los m¨¢s afectados, los efectos de tal acci¨®n no son exclusivamente econ¨®micos, sino tambi¨¦n sociales, al impedir la realizaci¨®n de una pol¨ªtica que persiga la redistribuci¨®n de la renta -entre otros medios- a trav¨¦s de una intensiva programaci¨®n de inversiones p¨²blicas. Recordemos en este sentido que, en el programa de saneamiento y reforma econ¨®mica redactado por el Gobierno, la pol¨ªtica presupuestaria, respecto a 1978, ¨²nicamente prev¨¦ entre sus principios b¨¢sicos una ?fuerte elevaci¨®n de los gastos de inversi¨®n especialmente destinados a construcciones escolares como medio de promover una pol¨ªtica de mantenimiento de empleo?, que, pese a todo, significa la adaptaci¨®n de un incremento del paro del orden de 100.000 personas.

Adopci¨®n de una pol¨ªtica de obras p¨²blicas

El Estado tiene muchos medios para dar ejemplo de austeridad. en el gasto -el primero de ellos, sin duda alguna, el an¨¢lisis en profundidad de una reforma administrativa que, entre otros objetivos, persiga la reducci¨®n relativa de los gastos corrientes- sin tener que afectar por ello de forma tan decisiva a las obras p¨²blicas, puesto que los retrasos en su realizaci¨®n no solamente son dif¨ªcilmente recuperables a medio plazo, sino que agudizan todav¨ªa m¨¢s los desequilibrios regionales y sociales existentes. Y lo peor es que, por a?adidura, estos recortes presupuestarios vienen produci¨¦ndose sin ning¨²n criterio claramente definido ante la total ausencia de una pol¨ªtica de ordenaci¨®n territorial y, consecuentemente, de una adecuada planificaci¨®n de nuestras infraestructuras.

As¨ª, no es de extra?ar que, por citar un ejemplo reciente, en su visita a Toledo, Joaqu¨ªn Garrigues se vea forzado a hacer unas declaraciones tan contradictorias como las expresadas con respecto al trasvase Tajo-Segura: ?Como ministro no tengo m¨¢s remedio que concluir unas obras en las que se han invertido ya muchos millones de pesetas y que est¨¢n terminadas o en marcha en su casi totalidad, porque el pa¨ªs no se puede permitir el lujo de derrochar el dinero?, aunque, ?cuesti¨®n aparte es que una vez concluidas las obras se trate el tema de si pasa o no el agua, creo que ¨¦sta es una cuesti¨®n que debe debatirse en el Parlamento?.

Es evidente que, con toda esta argumentaci¨®n, estamos propugnando decididamente no tan s¨®lo un relanzamiento de la construcci¨®n de obras p¨²blicas, sino tambi¨¦n que dicho proceso responda a una determinada pol¨ªtica: en palabras de Luis Ortiz, en funciones de ministro del anterior MOP, aquella que ?orientada b¨¢sicamente hacia el equilibrio territorial y hacia la conclusi¨®n de obras p¨²blicas interdependientes, constituyendo redes que eviten los espacios vac¨ªos, no es una pol¨ªtica de corto aliento, sino que, muy al contrario, al preferir muchos peque?os proyectos a unos pocos de gran envergadura, renuncia a la espectacularidad y al protagonismo, prefiriendo el servicio efectivo a los valores m¨¢s reales de la persona humana, al hombre integral?.

Ahora bien, es claro que una pol¨ªtica semejante requiere, y en mayor medida que la de ?grandes obras?, una labor esencial de programaci¨®n a corto plazo -formulada con una clara definici¨®n de su proyecci¨®n fir¨ªanciera-, pero inserta en una planificaci¨®n a largo plazo; puesto que la citada interdependencia de las obras p¨²blicas implica, por s¨ª misma, que tanto el plan de obras actualmente en construcci¨®n, como cualquier plan de obras futuro que se proyecte, no son sino planes parciales de un ¨²nico y exclusivo plan integral, cuya secuencia de realizaciones ha de ajustarse y reajustarse peri¨®dicamente a la din¨¢mica hist¨®rica.

Y en este sentido creemos que, si la actual coyuntura de reducci¨®n de la capacidad inversora ofrece alg¨²n aspecto positivo, ¨¦ste no es otro que el otorgar al actual equipo pol¨ªtico gestor del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo una oportunidad muy adecuada, en un momento en que el pa¨ªs se ve inmerso en un proceso de democratizaci¨®n y descentralizaci¨®n, para reflexionar sobre cuantos aspectos involucra la tarea planificadora, esto es: a) estudiar las posibles reformas a introducir para adecuar sus estructuras administrativas a escala regional y local, en orden a hacer intervenir al usuario m¨¢s directamente en todo el proceso de la toma de decisiones y, por tanto, en las responsabilidades econ¨®mico-financieras subsiguientes; b) analizar, conjuntamente y en una versi¨®n de la labor planificadora de abajo arriba que invierta la corriente de informaci¨®n utilizada en el pasado, la situaci¨®n de los servicios existentes y las necesidades futuras en equipamiento de infraestructuras (cuestiones ¨¦stas que permitir¨¢n, paralelamente, el estudio de las econom¨ªas que pueden realizarse en los gastos corrientes y de mantenimiento); c) poner en marcha un programa de an¨¢lisis de los distintos proyectos alternativos existentes, al objeto de redactar los distintos planes sectoriales de obras -debidamente agregados conforme a los necesarios planes de ordenaci¨®n territorial- que permitan la selecci¨®n, con base a una evaluaci¨®n realizada con arreglo a criterios de ¨ªndole socioecon¨®mica, de aquellos a los que debe otorgarse un car¨¢cter preferente, y d) estimar las posibilidades de institucionalizar nuevas f¨®rmulas de inversi¨®n en las que el Estado, cooperando con las entidades regionales y locales, p¨²blicas y privadas, reduzca su funci¨®n tutelar a sus estrictos l¨ªmites y se incremente la capacidad inversora global sin cargo a sus presupuestos ordinarios.