La informaci¨®n de la nueva ¨¦poca

Presidente de la Federaci¨®n de Asociaciones de Radio y Televisi¨®n

Si alguien quisiera equiparse de argumentos para poner en entredicho el ritmo de la evoluci¨®n democr¨¢tica del pa¨ªs podr¨ªa utilizar, antes que otros, el de la persistencia de una normativa, en materia de informaci¨®n, propia del R¨¦gimen pol¨ªtico anterior y poco acorde con las actuales pretensiones de libertad.

Es evidente la necesidad rotunda de sustituir unas leyes inspiradas en el control y tutela de los medios de comunicaci¨®n social por el Estado por otras en las que tenga cabida el principio de la libertad responsable, sin m¨¢s l¨ªmites que los propios del derecho com¨²n, concretados en las tipificaciones del C¨®digo Penal y, en todo caso, en una ley espec¨ªfica anti-libelo.

La pervivencia, bajo la dependencia de la Administraci¨®n p¨²blica, de registros oficiales y de carnets que suponen un requisito necesario para el ejercicio de las diferentes ramas de la comunicaci¨®n, no representa sino una medida cautelar destinada a un control previo de las personas que han de cumplir la trascendente tarea de informar a la opini¨®n p¨²blica. Si se considerase necesaria alguna credencial o patente habr¨ªa de estar respaldada por las corporaciones profesionales espec¨ªficas, y siempre con un esp¨ªritu liberal.

Veracidad

Esta vital misi¨®n, que no puede concebirse desde otro punto de vista que el del respeto a la propia opini¨®n p¨²blica, con un sentido estricto de la veracidad, la imparcialidad y la competencia, no parece posible mientras existan filtros burocr¨¢ticos condicionantes de las personas que desarrollen esta labor.

Si es cierto que un r¨¦gimen totalitario precisa para su continuidad no s¨®lo la direcci¨®n de los medios de comunicaci¨®n sino la posesi¨®n de los resortes legales que impidan una cr¨ªtica abierta y completa de su propia actuaci¨®n, tambi¨¦n lo es la incongruencia de que un Estado democr¨¢tico no tenga instituida esa forma de libertad de expresi¨®n, la m¨¢s importante desde el punto de vista de sus repercusiones, cual es la que debe acompa?ar al mensaje cotidiano de los diversos medios informativos.

Naturalmente que ning¨²n Estado puede permitir el caos que traer¨ªan las informaciones interesadas, tendenciosas o atentatorias contra sus entidades org¨¢nicas o contra el honor de las personas, pero para impedir tal supuesto precisa una legislaci¨®n que fuerce a un desarrollo, aun que libre, absolutamente responsable de la elaboraci¨®n y difusi¨®n de la noticia.

Artificio

Parece que las medidas adoptadas hasta ahora en este sentido han tenido m¨¢s de fuego de artificio que de solidez democr¨¢tica. Ah¨ª est¨¢ el ejemplo del Consejo Rector de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, en el que, adem¨¢s de haberse marginado al resto de la radiodifusi¨®n del pa¨ªs, cuya entidad no se puede ignorar, ha tenido y tiene tales limitaciones en su actuaci¨®n que se le puede considerar como un organismo literalmente inservible, en el que ni siquiera existe una aut¨¦ntica pluralidad representativa.

En relaci¨®n con todo esto est¨¢ tambi¨¦n el menosprecio que se hace a la profesionalidad de unos hombres que, a trav¨¦s de los ¨®rganos informativos a los que sirven, se encuentran en una permanente relaci¨®n con los ciudadanos. El ¨ªndice de iniciativa y de correcta utilizaci¨®n de su criterio es poco menos que nula, puesto que su actividad no tiene otro margen de desenvolvimiento que el que marcan postulados que defienden intereses no siempre coincidentes con el principio fundamental del bien com¨²n. Queda en el aire la pregunta de qui¨¦n tiene legitimidad para delimitar la libertad de expresi¨®n aparte de los tribunales de Justicia. Y ¨¦stos, en los casos en que se produce una transgresi¨®n legal. Es comprensible que las tareas del Congreso y del Senado est¨¦n actualmente encaminadas a resolver los problemas fundamentales que vienen de un cambio pol¨ªtico profundo, que alcanza a la propia renovaci¨®n de las estructuras de un Estado en el que, hasta no hace mucho, los propios partidos pol¨ªticos con presencia en las C¨¢maras eran incompatibles con un sistema de autoridad personal. Ello puede explicar que a¨²n no se haya acometido la derogaci¨®n de la ley de Prensa y disposiciones concordantes, tan enraizadas con un r¨¦gimen de tal caracter¨ªstica. Pero no puede estar lejano el d¨ªa en el que la Prensa y la Radiotelevisi¨®n de este pa¨ªs puedan cumplir realmente, dentro del marco legal en el que se contemple la libertad de expresi¨®n como una de las columnas de la democracia, su trascendente misi¨®n informativa y formativa, a la que puedan acceder, sin distinci¨®n de especialidades, cuantos acrediten capacidad y solvencia, tanto para la informaci¨®n escrita como para la visual o hablada. Lo que supondr¨ªa, adem¨¢s, la desaparici¨®n de una absurda multiplicidad de titulaciones, ya que, si debe continuar existiendo una Facultad de Ciencias de la Informaci¨®n, no se entiende que ¨¦sta no expida un t¨ªtulo polivalente, apto para el desempe?o de cualquiera de las profesiones integradas en la comunicaci¨®n social.

Decepci¨®n

Aparte de las razones objetivas, estas l¨ªneas vienen tambi¨¦n dictadas por una decepci¨®n. Cuando el Congreso de la Federaci¨®n de Asociaciones de Radio y Televisi¨®n se constituy¨®, el pasado 24 de noviembre, en asamblea permanente y emiti¨®, con la firme convicci¨®n del colectivo de profesionales de estos medios, una solicitud p¨²blica de sustituci¨®n de las leyes que regulan las actividades informativas, por otras que se acomodasen a los nuevos tiempos, no s¨®lo obtuvo la complacencia de los partidos pol¨ªticos con representaci¨®n parlamentaria, sino el compromiso firmado de que, a trav¨¦s de los cauces reglamentarios, ser¨ªa abordada esta renovaci¨®n en el seno de las Cortes.

Libertad responsable

Los profesionales de la Radio y la Televisi¨®n y los de los otros medios de comunicaci¨®n social, con las respetables excepciones personales que puedan concurrir, a¨²n est¨¢n esperando el cumplimiento de unas promesas que significar¨ªa, por encima de todo, un gran beneficio para la naci¨®n, porque de esta forma, se alcanzar¨ªa, en la convivencia diaria, una informaci¨®n completa, objetiva y verdadera, la cual, por lo que se refiere particularmente a la Televisi¨®n del Estado y a la Radiodifusi¨®n no ser¨¢ posible hasta tanto la joven democracia se apuntale legalmente para desde la base de una libertad responsable ejercitada por unos profesionales, a los que no se impongan trabas previas, sino que, en su caso, puedan ser objeto de las exigencias elementales para quienes cumplen una misi¨®n p¨²blica de primer orden.