El Gobierno insisti¨® en enviar a las Cortes este mes un nuevo C¨®digo de Justicia Militar

La derogaci¨®n del art¨ªculo 6.? del C¨®digo de Justicia Militar (CJM) -de acuerdo con el cual se juzg¨® a los miembros de Els Joglars actualmente en la c¨¢rcel- fue el tema que origin¨® mayor debate en la primera parte del Pleno del Congreso de Diputados que finaliz¨® ayer. La proposici¨®n de ley en este sentido, presentada por el grupo parlamentario Socialistas de Catalu?a fue rechazada finalmente por 166 votos en contra (UCD y AP) y 144 a favor (socialistas, PCE, minor¨ªas y Grupo Mixto). Ning¨²n grupo se abstuvo en bloque aunque se contabilizaron algunas abstenciones

La proposici¨®n de ley fue defendida por el diputado socialista catal¨¢n Eduardo Mart¨ªn, que hizo en sus primeras palabras una referencia al caso del grupo teatral mencionado. ?Por la gran Importancia que tienen las Fuerzas Armadas dentro del Estado -afirm¨®- y en el firme convencimiento de que su prestigio es fundamental para el funcionamiento democr¨¢tico del Estado, es obligado decir que la actual redacci¨®n del art¨ªculo 6.? del C¨®digo de Justicia Militar, fruto de unas circunstancias hist¨®ricas y pol¨ªticas absolutamente diferentes de las actuales y en la que se reserva la competencia militar en funci¨®n de una serie de conductas delictivas, comporta el sometimiento a su jurisdicci¨®n de ciudadanos sin ninguna vinculaci¨®n con el Ej¨¦rcito por conductas que, por otra parte, est¨¢n previstas y definidas en el vigente C¨®digo Penal.?El se?or Mart¨ªn se refiri¨® tambi¨¦n al elevado n¨²mero de civiles que trabajan en dependencias militares sin que sus conductas puedan nunca afectar a la seguridad de las Fuerzas Armadas o del Estado y resalt¨® la importancia de la supresi¨®n del mencionado art¨ªculo como paso previo para la unidad jurisdiccional. ?La no derogaci¨®n -explic¨®- tiene el riesgo grav¨ªsimo, que con excesiva frecuencia se est¨¢ produciendo, de que las Fuerzas Armadas puedan verse implicadas en cr¨ªticas nacionales e internacionales y que puedan tambi¨¦n verse implicadas hasta en conflictos laborales, con natural desdoro de su imagen p¨²blica.?

El diputado socialista aludi¨® tambi¨¦n al hecho -que calific¨® de grav¨ªsimo- de que puedan tipificarse delitos militares mediante la publicaci¨®n de bandos, misi¨®n que, a su juicio, s¨®lo puede atribuirse al Parlamento, que representa la soberan¨ªa popular. ?La norma est¨¢ casi abolida por una inaplicaci¨®n, por qu¨¦, pues, mantenerla en el derecho escrito?, se pregunt¨®.

Amnist¨ªa para Els Joglars

Eduardo Mart¨ªn sali¨® al paso de los argumentos que previsiblemente pod¨ªa emplear el Gobierno para negar su petici¨®n -el presidente Su¨¢rez ha anunciado ya el env¨ªo urgente a la C¨¢mara de un proyecto de ley por el que se reelabora ¨ªntegramente el mencionado C¨®digo-, y se?al¨® que, tanto si se aprobaba la proposici¨®n como el futuro proyecto de ley, ninguno de los dos podr¨ªan resolver los hechos, como el asunto de Els Joglars, ?impulsor de nuestra acci¨®n parlamentaria?. Por ello, inst¨® al Gobierno a considerar posibles soluciones a la situaci¨®n creada por aquel consejo de guerra y solicit¨® la aplicaci¨®n inmediata de la amnist¨ªa en las condenas y juicios pendientes por delitos de libertad de expresi¨®n, anteriores a la actual ley de igual t¨ªtulo, la suspensi¨®n inmediata de juicios y cumplimiento de penas para los casos habidos bajo jurisdicci¨®n no unificada y la libertad provisional cuando no sea posible la amnist¨ªa o la suspensi¨®n.

En nombre del Gobierno intervino el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, quien evit¨® citar en ning¨²n momento el caso de Els Joglars, as¨ª como la solicitud de amnist¨ªa planteada por el se?or Mart¨ªn, y centr¨® sus argumentaciones en contra de la toma en consideraci¨®n de la proposici¨®n de ley en el hecho de que el Gobierno se hab¨ªa comprometido a presentar un nuevo proyecto de C¨®digo de Justicia Militar a finales del presente mes de abril.

Se?al¨® que dicho C¨®digo deb¨ªa ser objeto de una reactualizaci¨®n y record¨® que as¨ª figuraba tanto en el programa de UCD como en los pactos de la Moncloa, pero recalc¨® que el Gobierno no deb¨ªa actuar a impulsos de problemas sociales concretos sino trascender estos temas para darles soluciones globales. La derogaci¨®n del art¨ªculo 6.? -a?adi¨®- no da respuesta a todos los problemas planteados en este aspecto.

En el turno de explicaci¨®n de voto -una vez rechazada la proposici¨®n de ley socialista con el resultado antes mencionado- intervinieron Miguel Riestra (AP) y Jordi Sol¨¦ Tur¨¢ (Grupo Comunista). El se?or Riestra justific¨® su voto en contra de la propuesta socialista y respald¨® los argumentos esgrimidos minutos antes por el ministro de Justicia, al tiempo que expresaba su inquietud por el hecho de que se pretendiera reducir excesivamente el ¨¢mbito del delito militar. A su juicio, el art¨ªculo objeto de debate deb¨ªa ser modificado pero no suprimido.

El diputado comunista Jordi Sol¨¦ Tur¨¢ volvi¨® a insistir en el caso concreto de Els Joglars y defendi¨® la urgente necesidad de derogar el contenido del art¨ªculo 6.?.

El mencionado art¨ªculo establece por raz¨®n del delito, los casos en que es competente la jurisdicci¨®n militar, tanto en relaci¨®n con miembros de las Fuerzas Armadas como a civiles sin relaci¨®n con ¨¦stas.

Otra proposici¨®n socialista, rechazada

Otra proposici¨®n de ley presentada por el Grupo Socialista y relativa a la constituci¨®n de consejos escolares fue tambi¨¦n derrotada. El diputado del PSOE Luis G¨®mez Llorente defendi¨® la proposici¨®n y se?al¨® que su objetivo era la democratizaci¨®n de las Instituciones educativas. La eficacia y el ¨¦xito de la ense?anza -se afirmaba en el pre¨¢mbulo de la proposici¨®n de ley- se hallan asociados al surgimiento de una conducta positiva en los interesados. La participaci¨®n de ¨¦stos en los consejos escolares permitir¨ªa que se estableciera un sistema de garant¨ªas que salvaguarde el pluralismo ideol¨®gico, la ense?anza racional y antiautoritaria, la integraci¨®n de los intereses de la comunidad escolar, entidades locales y sindicatos en los objetivos del sistema educativo.

En la misma sesi¨®n del Pleno se acord¨® la toma en consideraci¨®n de una proposici¨®n de ley presentada por la Minor¨ªa Catalana y relativa a la derogaci¨®n de la ley de colegios profesionales.