La libertad de informaci¨®n

Diputado de UCD por Granada

Alguna vez he escrito que la educaci¨®n y la informaci¨®n son dos de las grandes piedras de toque para detectar el grado de respeto y de reconocimiento de las libertades p¨²blicas en un Estado. All¨ª donde el Poder determina cu¨¢l es la educaci¨®n o la informaci¨®n que han de recibir los ciudadanos puede decirse sin temor a errar que no existe la libertad. La libertad de informaci¨®n, junto con la libertad educativa, es uno de los mejores term¨®metros de la salud democr¨¢tica de una colectividad.

En Espa?a, por desgracia, no puede decirse que esta exigencia del esp¨ªritu humano que es el disfrute de la libertad de expresi¨®n haya florecido en vida de los que hoy somos sus pobladores. En los ¨²ltimos 39 a?os la presi¨®n del Estado sobre la informaci¨®n ha sido una de las constantes de nuestra vida p¨²blica. La normativa legal, la pr¨¢ctica autoritaria o arbitrista de los Gobiernos y las iniciativas del Poder por controlar directamente los medios de difusi¨®n de ideas han sido factores determinantes del amordazamiento de la opini¨®n p¨²blica. Sobre esto creo que no es necesario insistir, porque la experiencia es demasiado pr¨®xima.

Organos de expresi¨®n controlados

Uno de los expedientes de que el Poder se ha valido para controlar la informaci¨®n y la opini¨®n ha sido la creaci¨®n de ¨®rganos de expresi¨®n controlados por ¨¦l. Durante el franquismo el Estado como tal era s¨®lo el titular del Bolet¨ªn Oficial, y de la cadena de Radio Nacional y Televisi¨®n Espa?ola, adem¨¢s de la red de emisoras comerciales de Radio Nacional, que explota con el nombre de Radio Peninsular. Pero, junto a ¨¦stos, el Poder controlaba tambi¨¦n, por procedimientos m¨¢s o menos indirectos, una ampl¨ªsima gama de medios que van desde la agencia Efe-Cifra-Alfil la agencia del Movimiento Pyresa; desde la cadena de diarios del Movimiento al peri¨®dico de la Organizaci¨®n Sindical, Pueblo; desde la agencia sindical SIS a la red de emisoras sindicales CES; desde la Red de Emisoras del Movimiento (REM) a la significativa Cadena Azul de Radiodifusi¨®n (CAR), hoy fundidas en un solo ente, la Radio Cadena Espa?ola. De un modo y otro, todo este complejo mundo bajo control ten¨ªa por objeto la propaganda del r¨¦gimen, y el contrapeso -e incluso la neutralizaci¨®n absoluta, como en el caso de la informaci¨®n televisada o radiadada- la expresi¨®n normal de la opini¨®n p¨²blica entre nosotros.

Con el advenimiento de la democracia era razonable suponer que desde todos los sectores pol¨ªticos, especialmente desde aquellos m¨¢s castigados por el franquismo, se apoyar¨ªa la urgente sustracci¨®n al control oficial de toda esta telara?a de medios de expresi¨®n. Pues bien. lo que ha ocurrido ha sido, aunque parezca asombroso, todo lo contrario, y a la desaparici¨®n del Movimiento o de la Organizaci¨®n Sindical no ha seguido la correlativa desvinculaci¨®n p¨²blica de sus peri¨®dicos o emisoras. sino que se los ha puesto bajo la titularidad directa y formal del Estado. Es decir, se ha dado un paso regresivo muy dif¨ªcil de explicar desde cualquier ¨®ptica democr¨¢tica.

Naturalmente, nadie entre los defensores de esta situaci¨®n, a todas luces an¨®mala, ha tratado de invocar principios ideol¨®gicos o doctrinales en su apoyo, entre otras razones porque cualquier justificaci¨®n de la propiedad estatal o p¨²blica de medios de comunicaci¨®n no puede hacerse m¨¢s que desde presupuestos totalitarios m¨¢s o menos enmascarados. Alguna t¨ªmida alusi¨®n al car¨¢cter de ?servicio p¨²blico? de los mass-media ha naufragado sola, porque es demasiado burda la suplantaci¨®n de significados de lo que es un ?servicio p¨²blico? en sentido gen¨¦rico y lo que es un ?servicio p¨²blico? como concepto t¨¦cnico-administrativo.

Las razones que se exponen son otras, de naturaleza laboral. Se alude a los millares de familias que hoy ganan el sustento en estos medios de comunicaci¨®n, cuyo cierre equivaldr¨ªa a dejarlas poco menos que en la miseria. Y hay que decir que esta raz¨®n tiene el peso suficiente para que no se adopten al respecto medidas dr¨¢sticas con ligereza. Pero eso no equivale de ninguna manera a consagrar la aberraci¨®n que supone el mantenimiento de un Estado propietario de peri¨®dicos y emisoras. Ante la consideraci¨®n de esos millares de familias, lo ¨²nico claro es que hay que buscar la soluci¨®n m¨¢s favorable para ellas, pero evidentemente eso no tiene nada que ver con la consagraci¨®n de una titularidad estatal que hoy es legal, aunque a todas luces ileg¨ªtima en buena l¨®gica democr¨¢tica.

Los presupuestos del Estado para el a?o en curso habilitan unos cr¨¦ditos para el sostenimiento de esta n¨®mina de peri¨®dicos y emisoras, entendiendo que se trata de una medida - provisional hasta que se decida definitivamente la soluci¨®n de este tema. No era esto lo ¨®ptimo, pero al menos conced¨ªa un margen para normalizar la situaci¨®n. Lo que me parece grave, en cambio, es que el proyecto constitucional sancione expresis verbis la posibilidad de que el Estado sea propietario de cualesquiera me dios de comunicaci¨®n. Y me parece m¨¢s grave todav¨ªa si esto se ha plasmado en el proyecto con base en la situaci¨®n -anormal y transitoria de ahora mismo.

Intromisi¨®n del Poder

Porque si ten¨ªa una cierta explicaci¨®n la consignaci¨®n presupuestaria para 1978 a este cap¨ªtulo extra?o a toda democracia, lo que debe hacerse en la Constituci¨®n es exactamente lo contrario de lo que se ha comenzado a hacer, es decir, evitar consagrar la intromisi¨®n del Poder en una esfera t¨ªpica, rotundamente propia de las fuerzas sociales, como es la propiedad y el control de los medios de expresi¨®n de la opini¨®n p¨²blica.

Es claro que los fundamentos de la situaci¨®n presente, llena de ambig¨¹edad, cuando no de contradicciones manifiestas, no son de naturaleza ideol¨®gica o doctrinal, sino que obedecen a la necesidad coyuntural de mitigar en lo posible las consecuencias negativas que para esas familias mencionadas m¨¢s arriba tenga la normalizaci¨®n de este tema. Pero para mi sorpresa, y para la sorpresa de muchos, son los partidos de la izquierda los que tratan la cuesti¨®n con mayor dosis de paternalismo, como si dieran por supuesto que la desestatalizaci¨®n de los llamados ?medios de comunicaci¨®n social del Estado? les conducir¨ªa a la ruina o a la desaparici¨®n inexorable. Como si dieran por supuesto que las personas que en ellos trabajan fuesen incapaces de desarrollar su funci¨®n de manera satisfactoria y con posibilidades de ¨¦xito.

No es de recibo la argumentaci¨®n que desde la izquierda se hace a veces, alegando que la privatizaci¨®n de todos esos medios desplazar¨ªa su propiedad a los ?sectores olig¨¢rquicos?. ?Va a resultar ahora que se plantean escr¨²pulos morales o ¨¦ticos por trabajar para los ?sectores olig¨¢rquicos? cuando durante tantos anos no parec¨ªa haberlos por trabajar directa e inmediatamente al servicio del ?fascismo?, y no el del Estado. sino nada menos que del Movimiento y la Organizaci¨®n Sindical vertical? ?Por favor!

P¨²blica subasta

?Qu¨¦ hacer, pues? ?C¨®mo regularizar democr¨¢ticamente la situaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n hoy en manos del Estado, con el menor coste social posible? En mi opini¨®n, y puesto que el cierre puro y simple queda descartado en funci¨®n de que este Estado es legalmente heredero del anterior, lo que hay que hacer es lo que cualquier Estado normal realiza cuando debe enajenar un bien de su propiedad sin destruirlo: ponerlo a p¨²blica subasta. Si estas subastas se cubren habr¨¢ desaparecido el problema social de las tantas veces mencionadas familias de trabajadores.

Tambi¨¦n pueden arbitrarse f¨®rmulas de financiaci¨®n razonablemente baratas a los propios trabajadores, si ¨¦stos quieren constituirse en empresarios cooperativos y acudir a la subasta. Y si resultase que, pese a todo, no se cubriera, es que ser¨ªa meridianamente clara la inviabilidad objetiva de los peri¨®dicos o emisoras rechazados. En una situaci¨®n as¨ª, ?c¨®mo puede defenderse la teor¨ªa de que sea el dinero p¨²blico, el dinero de todos los contribuyentes, el que cubra sistem¨¢ticamente el d¨¦ficit de unas empresas inviables que, adem¨¢s, deben estar fuera del control del Poder? Esto ser¨ªa, sencillamente, un puro disparate.

El Estado, los poderes p¨²blicos, deben garantizar la libertad de expresi¨®n en toda democracia, lo que conlleva una doble responsabilidad: de un lado, la abstenci¨®n de ser propietario o de controlar los medios de expresi¨®n de la opini¨®n p¨²blica; de otro, la obligaci¨®n de ofrecer una informaci¨®n transparente de su actividad, situaci¨®n de la cual, por desgracia, estamos todav¨ªa muy lejos. No hay raz¨®n alguna por la que el Estado sea propietario de medios de comunicaci¨®n, y menos a¨²n en r¨¦gimen de monopolio, como es el caso de la televisi¨®n, y no existe motivo para que el Estado, en consecuencia, ejerza una competencia desleal con las iniciativas sociales. La libertad de informaci¨®n pasa por el respeto del Poder a la expresi¨®n natural de la opini¨®n p¨²blica y por la transparencia de lo que el Poder hace, respondiendo de ello ante la sociedad, de la que no es m¨¢s que un mandatario.