Pol¨ªtica de empleo

DESDE MEDIADOS de 1974, comienzo de la grave depresi¨®n que todav¨ªa hoy padece la econom¨ªa, a diciembre del pasado a?o, la poblaci¨®n espa?ola potencialmente activa aument¨® en 1.230.000 personas; al mismo tiempo disminu¨ªa la poblaci¨®n activa y aumentaba en 523.000 el n¨²mero de parados. Este incremento del paro, de magnitud nunca experimentada en nuestra reciente historia econ¨®mica, se concentra fundamentalmente en cuatro regiones: Andaluc¨ªa, Canarias, Extremadura y Castilla la Nueva. La construcci¨®n, seguida de la industria, es el sector m¨¢s afectado por la falta de empleo. Su distribuci¨®n por edades revela que al finalizar 1977 nada menos que el 58 % de los parados eran j¨®venes de veinticinco a?os o menos.Vienen estas cifras a colaci¨®n de la reciente proposici¨®n de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en la que se pretende ampliar las prestaciones de paro a sectores de desempleados que hoy en d¨ªa no las perciben. La proposici¨®n ha originado una viva pol¨¦mica en lo referente a su financiaci¨®n, aspecto en el cual el Gobierno y el PSOE difieren. Dicho tema es, en nuestra opini¨®n, si bien importante, subsidiario de otro anterior y de m¨¢s dif¨ªcil soluci¨®n: el problema del empleo.

Un an¨¢lisis de la actual situaci¨®n del empleo en Espa?a debe reconocer la realidad del paro como problema permanente que no va a desaparecer con la recuperaci¨®n econ¨®mica, cuando se produzca, si bien ¨¦sta lo amortig¨¹e. En los actuales niveles, las empresas tienen un amplio margen de capacidad sin utilizar y, l¨®gicamente, recurrir¨¢n a un aumento en las horas trabajadas antes de ampliar su plantilla. Las repercusiones de tal pol¨ªtica ser¨¢n graves, pues amenazan con ampliar los actuales desequilibrios regionales e incrementar el paro entre las categor¨ªas laborales marginales -j¨®venes y mujeres-. Ahora bien, una pol¨ªtica que se propusiese la tarea de eliminar el paro como prioritaria tropezar¨ªa pronto con esos dos obst¨¢culos constituidos por la inflaci¨®n y el d¨¦ficit exterior.

Es indiscutible que tal situaci¨®n es consecuencia de los errores del pasado. De unos planes de desarrollo mal concebidos y peor ejecutados; de la existencia de circuitos. privilegiados de financiaci¨®n, suministradores de capital a costes artificialmente bajos, con su consiguiente repercusi¨®n sobre la asignaci¨®n de recursos productivos; as¨ª como de? excesivo apoyo fiscal o determinadas modalidades de inversi¨®n en bienes de equipo. En ¨¦pocas m¨¢s recientes debe pasarse su tanto de culpa a una doble falacia de planteamiento cuyas consecuencias han agravado las secuelas de? paro: la confusi¨®n de quienes han cre¨ªdo que se pod¨ªa controlar la inflaci¨®n permitiendo un fuerte incremento del paro y la ceguera de quienes no se percataban que la inflaci¨®n de costes constituye una barrera de primer orden a la disminuci¨®n del desempleo.

A este panorama debe a?adirse los frutos de una pol¨ªtica industrial volcada hacia la gran empresa, especialmente la gran empresa exportadora. La conveniencia de alentar las exportaciones y reducir el d¨¦ficit exterior ha conducido a incentivar unas industrias con fuerte intensidad de capital, cuyo sostenimiento implica aumentos constantes de productividad -con sustituci¨®n creciente de trabajo por capital-. Sin que ello sea caer en el ?poujadismo?, el olvido de la peque?a y mediana empresa, impl¨ªcito en esa pol¨ªtica, ha incidido negativamente sobre la tasa de paro.

Los sucesivos Gobiernos que han regido la pol¨ªtica econ¨®mica de este pa¨ªs han tomado el empleo como una variable de segunda fila. Semejante, concepci¨®n parece continuar vigente a pesar de los pactos de la Moncloa. En efecto, si se examina lo hecho desde octubre pasado para mitigar el paro, el resultado se revela pobre. La lista se reduce a unas medidas referentes al paro agr¨ªcola, algunos acuerdos del Consejo de Ministros sobre inversiones p¨²blicas y acci¨®n regional, acompa?ados de dos reales decretos, sobre empleo juvenil el uno y, el otro, sobre bonificaci¨®n en las cuotas de la Seguridad Social a empresas que contraten temporalmente a obreros parados que ven¨ªan cobrando percepciones de la Seguridad Social.

Por ¨²ltimo, conviene advertir de los peligros de caer en la demagogia de intentar una pol¨ªtica industrial en la que, so capa de defender el empleo, se sostengan artificialmente y en detrimento de la colectividad nacional -que en definitiva es quien pagar¨ªa esos planes de reestructuraci¨®n-, sectores o industrias ineficaces.