Los socialistas se opusieron sin ¨¦xito, al reconocimiento del derecho de fundaci¨®n
Los socialistas votaron ayer por segunda vez, desde que se iniciaron los debates parlamentarios sobre la Constituci¨®n, en contra de un precepto del anteproyecto: el que constitucionaliza el derecho de fundaci¨®n. (La primera vez que el PSOE vot¨® en contra fue con motivo de la menci¨®n expresa al mantenimiento de relaciones de los po deres p¨²blicos con la Iglesia cat¨®lica.) La importancia dada a esta cuesti¨®n por los socialistas -que alteraron su actitud general de mostrar sus discrepancias no esenciales mediante la abstenci¨®n- fue explicada por Enrique Bar¨®n, quien advirti¨® del peligro de producir, a trav¨¦s de las fundaciones, un proceso de acumulaci¨®n de capital sin la presencia clara de un titular.
Este fue el tema m¨¢s sobresaliente de los debatidos ayer en la Comisi¨®n Constitucional, donde m¨¢s que una sesi¨®n legislativa se celebr¨® un comp¨¢s de espera para dar tiempo a las negociaciones que anoche se produjeron en torno a uno de los puntos m¨¢s conflictivos de la Constituci¨®n, que ser¨¢ abordado hoy: la regulaci¨®n de la ense?anza, especialmente por lo que se refiere a la pugna ense?anza estatal-ense?anza privada, y el pol¨¦mico tema de las subvenciones eficaces. De ah¨ª las varias interrupciones de la sesi¨®n solicitadas por los grupos parlamentarios, con el pretexto de llegar a f¨®rmulas de compromiso sobre otros art¨ªculos previos, cuando se aproximaba el debate del 26, y que suscitaron alusiones ir¨®nicas por parte del presidente de la Comisi¨®n, Emilio Attard.La sesi¨®n se inici¨® con la aprobaci¨®n, sin apenas debate, del art¨ªculo 21 del anteproyecto, que reconoce el derecho de asociaci¨®n y regula los requisitos fundamentales para su existencia, disoluci¨®n y prohibici¨®n. El art¨ªculo, aprobado por unanimidad, s¨®lo registr¨® la modificaci¨®n de sustituir, en el apartado segundo, la alusi¨®n a la ilegalidad de las asociaciones que intenten ?fines o utilicen medios tipificados como delito?, por la de que persigan tales fines o medios.
El debate del art¨ªculo 22 result¨® m¨¢s animado.
Por parte socialista, Enrique Bar¨®n argument¨® que la fundaci¨®n supone la afectaci¨®n de un patrimonio a una finalidad impuesta por el fundador, de manera perdurable, excediendo la vida del mismo. Elevar este derecho a la categor¨ªa constitucional supondr¨ªa eliminar constitucionalmente la posibilidad de que tales finalidades ?puedan ser alteradas sustancialmente por las organizaciones democr¨¢ticas de la sociedad?, a?adi¨® el se?or Bar¨®n.
El diputado socialista estim¨® relacionado este tema con la posibilidad de que existan patrimonios en manos muertas y consider¨® una aberraci¨®n su reconocimiento constitucional. ? Econ¨®micamente, la existencia de las fundaciones su pone -dijo- admitir constitucionalmente un proceso de acumulaci¨®n de capital sin la presencia clara de un titular y puede conducir a la necesidad de que, dentro de un tiempo, se tenga que proceder a la promulgaci¨®n de nuevas leyes desamortizadoras por la involuci¨®n del desarrollo econ¨®mico que supone la acumulaci¨®n de capital en manos muertas.? Se?al¨® tambi¨¦n que la fundaci¨®n supone la obtenci¨®n de ventajas fiscales por parte de patrimonios privados.
Por UCD, Oscar Alzaga defendi¨® el texto del anteproyecto. Acept¨® que en materia de fundaciones pueden producirse extral¨ªmitaciones, ?como en cualquier asociaci¨®n o actividad humana no ang¨¦lica? -apostill¨®-, pero afirm¨® que ello no opta para constitucionalizar el derecho de fundaci¨®n, del mismo modo que el PSOE ha propugnado la constitucionalizaci¨®n de otros derechos.
Sometida a vota c¨ª¨®n la enmienda socialista de supresi¨®n fue rechazada por dieciocho votos en contra (UCD, AP y Minor¨ªa Catalana) diez a favor (PSOE) y tres abstenciones (comunistas y PNV).
Esta votaci¨®n llev¨® al PSOE a oponerse al art¨ªculo 22 y a anunciar que en el Pleno del Congreso defender¨¢ su enmienda.
?Estado de obras o estado de la obra?
En el debate del art¨ªculo 23, al estudiar el derecho de acceso a los cargos p¨²blicos, Luis Fajardo (PSOE) se opuso a que se pusiera como condici¨®n del mismo el ?in¨¦rito y capacidad?, que recordaba, seg¨²n dijo, la ¨¦poca del Estado de obras o del Estado de la Obra ?. Por la ponencia, Jos¨¦ Pedro P¨¦rez Llorca (UCD) acept¨® la subresi¨®n de los expresados t¨¦rminos en el citado art¨ªculo -se incluir¨¢n en otro adecuado-, pero aclar¨® que su menci¨®n no era producto de ninguna reminiscencia del Estado de obras, sino . de un precepto an¨¢logo de la Constituci¨®n de 1931. El ¨²nico voto en contra correspondi¨® al diputado de AP Federico Silva.
El debate sobre el art¨ªculo 24 qued¨® truncado por su mitad. S¨®lo fueron aprobados los dos primeros apartados, sobre el derecho a la tutela de los tribunales y a una serie de garant¨ªas procesales. En ambos casos se registraron los dos votos en contra de Alianza Popular, uno de cuyos diputados, Laureano L¨®pez Rod¨®, defendi¨® una enmienda contraria a todo el art¨ªculo.
La argumentaci¨®n utilizada por el se?or L¨®pez Rod¨® fue que la redacci¨®n de la ponencia reiteraba preceptos ya aprobados y era muy larga e imperfecta, mientras que la suya, mucho m¨¢s breve, era m¨¢s correcta y completa, parad¨®jicamente.
La respuesta de los ponentes la expres¨® Miguel Roca, al proponer la adici¨®n de nuevos p¨¢rrafos a los apartados tres y cuatro. Gregorio Peces-Barba, por su parte, record¨® al se?or L¨®pez Rod¨® que se hab¨ªa olvidado de una serie de garant¨ªas para los presos, los condenados y los procesados que figuraban en el texto del anteproyecto.
Por su parte, Francisco Letamend¨ªa defendi¨® una enmienda, seg¨²n la cual los condenados deber¨¢n tener especialmente garantizado ?el acceso a la cultura y al ejercicio de su sexualidad?. El se?or Letamend¨ªa se apoy¨® en el dictamen sobre prisiones que hoy se presentar¨¢ al Pleno del Senado. La decisi¨®n sobre los apartados pendientes del art¨ªculo 24 ser¨¢ el primer tema que se decida hoy.
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