Por la senda constitucional

ANOCHE QUEDO dictaminado el proyecto constitucional, cuyos debates comenzaron el pasado 5 de marzo. No se puede decir ni que el ritmo de los debates ni el desarrollo de las discusionesy negociaciones hayan estado a la altura deseable. Pero el momento del parto no es, quiz¨¢, la ocasi¨®n m¨¢s propicia para criticar a los actores del feliz acontecimiento, sobre todo cuando la criatura reci¨¦n nacida, aunque no resulte del todo sana y bien configurada, no puede ser calificada con excesivo esquematismo.Sin embargo, el fin de los debates en la comisi¨®n del Congreso no significa, formalmente, que la Constituci¨®n se halle lista para ser sometida a refer¨¦ndum popular. Todav¨ªa queda, en el ¨¢mbito de competencias de la C¨¢mara Baja, el paso por el Pleno, que presumiblemente har¨¢ suyo, salvo enmiendas de ¨²ltima hora pactadas entre los partidos o votaciones en que pueda operar la cl¨¢usula de la libertad de conciencia (as¨ª, a prop¨®sito de la constitucionalizaci¨®n de la abolici¨®n de la pena de muerte), el trabajoso acuerdo alcanzado, primero en la ponencia, y luego en la comisi¨®n, por los representantes de las grandes formaciones pol¨ªticas.

Habr¨¢, luego, que escuchar las voces y registrar los votos de los senadores. No resulta f¨¢cil predecir el tratamiento que va a dispensar la C¨¢mara Alta al texto constitucional ya aprobado por el Congreso. Por un lado, los senadores ucedistas y socialistas, que ocupan la abrumadora mayor¨ªa de los esca?os elegidos por sufragio popular y los dos tercios de la C¨¢mara entera, se deben a la disciplina de sus partidos, y tendr¨ªan que respetar, al menos en teor¨ªa, los acuerdos a los que han llegado los estados mayores de sus organizaciones en el Congreso. La tentaci¨®n en que puede caer el Gobierno, esto es, aprovechar su mejor posici¨®n relativa en el Senado para tomar ventaja en aquellos puntos y cuestiones sobre los que hizo concesiones en el Congreso, ser¨ªa simplemente catastr¨®fica: destruir¨ªa de ra¨ªz un'elemento tan importante para nuestra futura convivencia como es la confianza mutua en la palabra dada entre los l¨ªderes pol¨ªticos, y alentar¨ªa el abstencionismo o incluso el voto negativo en el refer¨¦ndum constitucional.

Esa tentaci¨®n puede ser alimentada por la presencia en la C¨¢mara Alta de senadores elegidos por sufragio universal, pero cuyas ideolog¨ªas o siglas no est¨¢n representadas en el Congreso, y de senadores nombrados directamente por el Rey por sus m¨¦ritos acad¨¦mic¨®s o por su representatividad social o institucional. Estos senadores se enfrentan con un dif¨ªcil dilema. Por un lado, el disparate cometido por la ley de Reforma Pol¨ªtica al equiparar a ambas C¨¢maras en las tareas constituyentes y legislativas les concede, en una interpretaci¨®n estricta de los textos, los mismos derechos y atribuciones que a los congresistas. Por otro, el funcionamiento real de las instituciones parlamentarias ha privilegiado a la C¨¢mara Baja, cuyos miembros han sido elegidos ¨ªntegramente por sufragio universal y seg¨²n criterios de proporcionalidad m¨¢s o menos corregidos y que sirve de lugar de encuentro y de pacto para los l¨ªderes de los cuatro grandes partidos que situaron en las candidaturas para el Congreso a sus figuras m¨¢s representativas.

El ?patriotismo? senatorial puede llevar a los componentes de la C¨¢mara Alta, protegidos por la ley de Reforma Pol¨ªtica, a tratar de reproducir en su seno, paso por paso, dilaci¨®n por dilaci¨®n y pacto por pacto, las mismas vicisitudes que ha padecido el anteproyecto en el Congreso. El reconocimiento del protagonismo de los partidos en las sociedades modernas, las recortad¨¢s atribuciones del Senado en la pr¨®xima legislatura, la evidencia de que la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n es muy urgente para la consolidaci¨®n de la democracia en Espa?a, y la superior legitimidad representativa que implica el sistema de elecci¨®n del Congreso, son argumentos que deber¨ªan prevalecer sobre los deseos de los senadores de participar, en estricto pie de igualdad, con los diputados en la elaboraci¨®n del texto constitucional. Por lo dem¨¢s, si a los senadores de UCD les acomete el repentino e incontenible desvelo de amparar el derecho de sus colegas sin adscripci¨®n partidaria a pasar por la moviola el texto del anteproyecto aprobado por el Congreso, s¨®lo los muy inocentes podr¨ªan dejar de atribuirlo a ¨®rdenes recibidas desde el palacio de la Moncloa.

En estos momentos, la cuesti¨®n prioritaria es que la Constituci¨®n entre en vigor lo m¨¢s pronto posible. El texto aprobado por la comisi¨®n del Congreso posee evidentes defectos y contiene numerosas lagunas que s¨®lo las leyes org¨¢nicas -m¨¢s de cincuenta- podr¨¢n colmar. Pero esas inperfecciones y carencia no son consecuencia, en su inmensa mayor¨ªa, de la falta de inteligencia o de la cortedad de miras de quienes han participado en su redacci¨®n, sino el resultado del esfuerzo por conseguir un texto con el que puedan gobernar tanto la derecha civilizada como la izquierda respetuosa del sistema pluralista. Si bien cabe atribuir a torpeza expresiva o a confusi¨®n te¨®rica algunas frases o pasajes desafortunados, lo cierto es que la mayor responsabilidad de la laxitud conceptual y de las ambig¨¹edades terminol¨®gicas del texto incumbe a la b¨²squeda de consenso entre las corrientes pol¨ªticas con mayor peso electoral en el pa¨ªs. Si no mediara la urgencia de celebrar cuanto antes el refer¨¦ndum constitucional, la desmesurada.estirna que puedan sentir algunos miembros de la C¨¢mara Alta sobre su capacidad y valor como pedagogos ser¨ªa una inofensiva ingenuidad, a medio camino entre el descubrimiento del Mediterr¨¢neo y el gusto por la obviedad, sin otra consecuencia que mostrar su escasa familiaridad con los mecanismos de formaci¨®n de las decisiones pol¨ªticas en las sociedades pluralistas, en las que las negociaciones entre los intereses y las ideolog¨ªas de los grupos y las clases en conflicto no siempre desembocan en acuerdos formulados de manera clara e inequ¨ªvoca. Pero en los momentos en que actualmente vivimos, con la ofensiva desatada desde la extrema derecha y la extrema izquierda para impedir que la democracia espa?ola pueda asentarse sobre un texto constitucional aprobado por la gran mayor¨ªa del electorado, las dilaciones en el trabajo constituyente, aunque est¨¦n movidas por la buena voluntad y se hallen amparadas por la letra de la ley, ser¨ªan un flaco servicio a los intereses de la Monarqu¨ªa parlamentaria, de las instituciones pluralistas y de la sociedad espa?ola.