Oposici¨®n general al proyecto de ley de bases para los funcionarios civiles
El Consejo de Ministros no aprob¨® ayer el proyecto de ley de Bases de Funcionarios de la Administraci¨®n P¨²blica. La referencia se limita a consignar que el ministro de la Presidencia inform¨® al Gabinete sobre el tema. Ello confirma la impresi¨®n de que el proyecto ha suscitado una fuerte pol¨¦mica en el seno del Gobierno.
El proyecto ha provocado un rechazo generalizado por parte de las centrales sindicales con incidencia en el funcionariado, y de las asociaciones profesionales de funcionarios.Se le acusa de estar elaborado totalinente al margen de la opini¨®n de los implicados, de ser m¨¢s regresivo en muchos aspectos que el proyecto elaborado por el anterior secretario de Estado para la Administraci¨®n P¨²blica, Jos¨¦ Luis Graullera, que seg¨²n informan los representantes de los funcionarios, consult¨® las l¨ªneas del que se gest¨® durante su mandato.
De hecho las centrales y asociaciones de funcionarios han tenido conocimiento del texto elaborado gracias a filtraciones habidas en el departamento donde se gest¨®, pero la primera informaci¨®n p¨²blica sobre tan importante texto fue conocida a trav¨¦s de las p¨¢ginas de EL PAIS, tras el informe que public¨® ayer.
Ayer mismo, representantes de CSUT, CCOO, UGT, SU, USO y la Asociaci¨®n Espa?ola de la Administraci¨®n P¨²blica se reunieron con car¨¢cter de urgencia para reaf¨ªrmar su oposici¨®n total al proyecto de ley de bases, al que acusan de regresivo, respecto a los extremos en que el proyecto anterior,al que tuvieron acceso oficialmente, se defin¨ªa.
Afirman tambi¨¦n que el texto ahora conocido institucionaliza la libre designaci¨®n se los cargos directivos. restriniie los derechos sindicales, por debajo de las directrices acordadas por la OIT, no resuelve el problema de la neutralidad pol¨ªtica de los funcionarios, aumenta el abanico de las diferencias salariales, que en la actualidad multiplican por tres el m¨ªnimo -de tres a diez- mientras que en el proyecto se multiplica por cinco -de uno a cinco- y no ofrece ninguna oarant¨ªa de control por parte de los propios funcionarios para muchos aspectos estrictamente profesionales en los que entienden debieran tener cauces de participaci¨®n.
Especial irritaci¨®n ha provocado la previsi¨®n de las hojas de servicio, en las que se anotar¨¢n m¨¦ritos y dem¨¦ritos, puesto que al ser los cargos directivos de libre designaci¨®n el funcionario est¨¢ expuesto -afirman- a la discrecionalidad del jefe nombrado por el pol¨ªtico de turno y con toda probabilidad, con criterios pol¨ªticos y no profesionales. Ello mismo les lleva a contestar la afirmaci¨®n del proyecto de ley, de bases en el sentido de que se promueve la carrera administrativa. con ascensos basados en presupuestos profesionales.
Por su parte, la comisi¨®n de Administraci¨®n p¨²blica del Partido Comunista de Espa?a (PCE), ha hecho p¨²blica una nota en la que se suma a las cr¨ªticas que ha suscitado el proyecto y, entre otras cosas. se?ala que ?el estatuto omite sentar criterios claros en los temas m¨¢s problem¨¢ticos de la funci¨®n p¨²blica?.
Califica estos criterios como m¨¢s regresivos en algunos casos, porque ?supone la desfuncionalizaci¨®n de las categor¨ªas m¨¢s bajas de funcionarios. Lejos de resolver el problema de la estabilidad en el trabajo del personal no funcionario -a?ade- lo complica todav¨ªa m¨¢s, al admitir nuevas clases de trabajadores que se regir¨¢n por el Derecho Privado?.
El comunicado afirma que el proyecto empeora el grave problema de las incompatibilidades, y se?ala que ?introduce medidas injustamente discriminatorias de unos funcionarios respecto a otros, y atenta contra sus derechos profesionales, al persistir.en el libre nombramiento de los subdirectores generales y otros puestos superiores, haciendo posible, de esta manera, la diferenciaci¨®n pol¨ªtica e ideol¨®gica de dichos funcionarlos y la ocupaci¨®n exclusiva de dichos puestos por el partido del Gobierno?.
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