Incompatibilidades democr¨¢ticas

LA APROBACI?N, por el Congreso, de la ley Antiterrorista y de la ley de la Polic¨ªa Nacional significa el refrendo por los representantes de la soberan¨ªa popular de los procedimientos que el Estado necesita para defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En la votaci¨®n abrumadoramente afirmativa registrada el pasado jueves cabe destacar el acuerdo global dado por los nacionalistas vascos y catalanes, los socialistas y los comunistas a los proyectos presentados.Incluso cuando las posiciones ideol¨®gicas o el simple buen sentido llevaron a la oposici¨®n parlamentaria a discrepar sobre aspectos particulares de ambos proyectos, la derrota de las enmiendas fue encajada sin perder los estribos y sin proyectar sobre el conjunto el rechazo de algunos de los art¨ªculos.

Merece la pena, no obstante, meditar sobre algunas particularidades conflictivas de esta ley. Pese al enorme avance que supone, para la defensa de los derechos humanos, el control judicial sobre la acci¨®n polic¨ªaca contra las bandas armadas, no deja de ser preocupante, por ejemplo, ese renacimiento de las jurisdicciones especiales, disfrazadas ahora de jurisdicciones especializadas, al que conducen las reforzadas competencias de la Audiencia Nacional. Tampoco es un dechado de sensibilidad jur¨ªdica la decisi¨®n de conceder un fuero penal especial a los miembros de las Fuerzas de Orden P¨²blico, aunque sea un gran progreso su instalaci¨®n dentro del campo de la jurisdicci¨®n ordinaria; el hecho de que s¨®lo las audiencias provinciales puedan dictar el procesamiento en estos casos significa, adem¨¢s, encomendar a la misma instancia judicial el procesamiento y el juicio.

En lo que se refiere a la ley Antiterrorista, todos los grupos parlamentarios (y todos los diputados, excepto el se?or Letamend¨ªa) han negado el parentesco de la nueva disposici¨®n con la abundante panoplia legislativa producida por el franquismo para luchar -por lo dem¨¢s sin ning¨²n ¨¦xito- contra el terrorismo. El marco democr¨¢tico en que nace la nueva ley, el contenido de su articulado (salvo los absurdos o excesos se?alados) y el papel asignado al control judicial y parlamentario marcan diferencias fundamentales entre las disposiciones polic¨ªacas disfrazadas de norma de la ¨¦poca anterior y la ley aprobada por el Congreso.

En cuanto a la ley de la Polic¨ªa Nacional, es notable quela estructura y las competencias de los cuerpos encargados de velar por la seguridad del Estado y de los ciudadanos hayan sido aprobadas globalmente, previa la presentaci¨®n de escasas enmiendas (cuya derrota ha sido tambi¨¦n c¨ªvicamente aceptada), por los nacionalistas vascos y catalanes y por los grupos socialista y comunista.

En definitiva, los representantes de las antiguas fuerzas democr¨¢ticas de oposici¨®n a la dictadura, algunos de los cuales sufrieron duramente el peso de la represi¨®n durante casi cuatro d¨¦cadas, han asumido la realidad de que las Fuerzas de Orden P¨²blico, que hasta hace poco m¨¢s de un a?o, y en disciplinado cumplimiento de ¨®rdenes recibidas desde arriba, les combat¨ªan, son las hoy llamadas a defender la democracia y los derechos c¨ªvicos. La ausencia de todo esp¨ªritu de revancha es as¨ª muy de encomiar, y puede decirse que la amplia brecha que separaba, de un lado, a un importante sector de la sociedad, y, de otro, a una pieza b¨¢sica del aparato del Estado, ha quedado desde el pasado jueves pr¨¢cticamente cerrada.

El Gobierno, por su lado, debe dar alg¨²n paso m¨¢s para cicatrizar por completo esa herida abierta en el pasado. Resulta, por ejemplo, inconcebible que contin¨²e al frente de una unidad especial de la polic¨ªa, dotada de grandes medios y reforzadas competencias, un hombre que, como el comisario Conesa, trab¨® anormales relaciones de conocimiento durante el franquismo con decenas y hasta centenares de pol¨ªticos, dirigentes sindicales o intelectuales que todav¨ªa hoy pueden recordar el trato que les dispens¨®, en las oficinas y en los calabozos de la puerta del Sol, ese alto funcionario policial por el que no parecen pasar ni los a?os ni los reg¨ªmenes. No parece que se trate, como pueden testimoniar algunos diputados que involuntariamente tuvieron que familiarizarse con sus maneras, de un servidor del Estado neutral, sino de un hombre permeado por ideolog¨ªas, fobias y filias pol¨ªticas. Y quienes tuvieron ocasi¨®n de asistir a la rueda de prensa que dio con motivo de la liberaci¨®n de Oriol y Villaescusa quedaron perplejos de la especial manera de expresarse del comisario, que parec¨ªa todo un ide¨®logo de la represi¨®n. La ley Antiterrorista y la ley de la Polic¨ªa Nacional son, examinadas en la letra de sus textos, disposiciones democr¨¢ticas. Pero para que su aplicaci¨®n tambi¨¦n lo sea parece imprescindible que quienes se encarguen de instrumentarlas re¨²nan los m¨ªnimos exigibles de credibilidad democr¨¢tica.

En cuanto a la competencia estrictamente t¨¦cnica, Conesa parece un profesional m¨¢s bien del vicio estilo, conocedor de las antiguas ?cloacas? de la clandestinidad, que hoy se asientan c¨®moda y democr¨¢ticamente en las Cortes. Pero tras su ¨¦xito, lleno de interrogantes sin contestaci¨®n, en el caso Oriol y Villaescusa, el se?or Conesa ha cosechado no pocas decepciones y fracasos.

Evidentemente, no se trata de un caso aislado, pero s¨ª del m¨¢s conocido, tanto por la imprudencia de quien le nombr¨® como por la audacia del designado al aceptarlo. Por lo dem¨¢s, el Gobierno, que ha escuchado ya bastantes cosas sobre este terna y, desde luego, no parece darse muy por aludido deber¨ªa explicar de una vez si el nombramiento y mantenimiento a ultranza en puestos de alta responsabilidad de este funcionario p¨²blico es o no es una manera de entender la pol¨ªtica por parte del Ministerio del Interior. En definitiva, debe saberse si Conesa est¨¢ ah¨ª por equivocaci¨®n o por solidaridad. Y no se trata de una cuesti¨®n de depuraciones de la polic¨ªa, de las que nadie ha hablado y que nadie solicita: se trata de una cuesti¨®n de coherencia pol¨ªtica. O se cree en el sistema que se dice defender o no se cree.