La Uni¨®n General de Trabajadores rechaza un acuerdo econ¨®mico y pol¨ªtico

La uni¨®n General de Trabajadores (UGT) no trata de favorecer un pacto social, acuerdo contra el que est¨¢ la central socialista, ni tampoco est¨¢ dispuesta a negociar unos nuevos acuerdos en los que intervengan los partidos pol¨ªticos y menos por un per¨ªodo de tres a?os, ya que supondr¨¢ la desmovilizaci¨®n de la clase obrera y la continuidad de un Gobierno de derechas.

Tal es la postura de la ejecutiva de UGT, que ser¨¢ expuesta al comit¨¦ federal de la organizaci¨®n en su reuni¨®n prevista para los d¨ªas 7 y 8 de octubre, en la que la central socialista adoptar¨¢ una postura definitiva de cara a la posible negociaci¨®n de unos nuevos acuerdos que sustituyan los pactos de la Moncloa.La posici¨®n actual de UGT, seg¨²n explic¨® Nicol¨¢s Redondo en la rueda de prensa en la que d lo a conocer las objeciones de la central al proyecto de ley de convenios colectivos, remitido por el Gobierno a las Cortes, es de esperar ante el anuncio de que el Gobierno invitar¨ªa a los sindicatos a unas jornadas de reflexi¨®n sobre los resultados del pacto de la Moncloa. La postura definitiva de la central, sobre los principios ya apuntados, ser¨¢ definida por el comit¨¦ federal.

Otro argumento contrario a unos acuerdos cuya extensi¨®n supere el per¨ªodo de un a?o hace referencia a la hipoteca que supondr¨ªan tales pactos para un posible Gobierno distinto del actual. en relaci¨®n con unos compromisos adoptados en circunstancias tan desfavorables para la clase obrera como los actuales.

En cuanto al contenido, que UGT considera sustancial con independencia del calificativo que se le diera a los acuerdos, en ning¨²n caso admitir¨ªa la central que se limitara al aspecto salarial, ni que incluyera aspectos pol¨ªticos que corresponde establecer a los partidos en el Parlamento.

Acerca de la futura ley de Negociaci¨®n Colectiva. la central socialista considera anticonstitucional el proyecto gubernamental por cuanto induce a la renuncia del derecho de huelga (el proyecto contempla como deber de la negociaci¨®n el establecimiento de paz social), y discrimina de la negociaci¨®n a los funcionarios p¨²blicos y trabajadores al servicio de la Administraci¨®n militar, frente al derecho de libre sindicaci¨®n para todos los trabajado res que establece la Constituci¨®n. Tambi¨¦n critica UGT la supervivencia del laudo y la imposibilidad de articular convenios colectivos, desde el estatal hasta el de empresa.

En este sentido, el ministro de Trabajo ha se?alado a EL PAIS que el proyecto no excluye a los funcionarios ni al personal civil de la Administraci¨®n militar, sino que estos colectivos se regir¨¢n por la legislaci¨®n espec¨ªfica que con temple sus condiciones de trabajo. Tampoco, seg¨²n el ministro, se limita el derecho de huelga, pues tan s¨®lo se dice que ?los convenios podr¨¢n contener cl¨¢usulas de paz social?. En cuanto al arbitraje forzoso, el se?or Calvo Ortega dijo que el proyecto de ley lo contempla de manera muy restrictiva.