Desmemoria americana

LA POL?MICA desatada, el pasado mes de agosto, ante el anuncio del viaje del Rey a Buenos Aires dio lugar a una explicaci¨®n gubernamental que, si bien no era abrumadoramente convincente, ten¨ªa a su favor argumentos de peso. La visita de Juan Carlos I no pod¨ªa reducirse, en esta perspectiva, a los vaivenes coyunturales de los reg¨ªmenes y de los Gobiernos, sino que ten¨ªa que enmarcarse en el encuadre m¨¢s general e intemporal de las relaciones entre dos naciones que hablan el mismo idioma, poseen ra¨ªces culturales comunes y constituyen una segunda patria para quienes, por motivos econ¨®micos o pol¨ªticos, se ven obligados a abandonar su pa¨ªs de origen. De esta l¨ªnea de pensamiento se deriva, como es evidente, la conclusi¨®n de que el Rey de la Espa?a democr¨¢tica, parlamentaria y pluralista no realizar¨¢, con su visita, un gesto pol¨ªtico de apoyo a una dictadura militar que, con independencia de las causas que la hicieron posible tras la etapa de caos, corrupci¨®n, vac¨ªo de poder y esperpento protagonizada por Isabel Per¨®n y L¨®pez-Rega, ha conculcado repetida y ferozmente el cat¨¢logo entero de los derechos humanos.Por desgracia, el Gobierno ha comenzado a desmontar desde dentro, con una irresponsabilidad asombrosa, la l¨®gica de su propio razonamiento. Porque los instrumentos legales preparados durante el pasado verano por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer posible la expulsi¨®n del territorio espa?ol de los exiliados pol¨ªticos procedentes del cono Sur empiezan a ser aplicados, con exquisito sentido del tacto, precisamente en las v¨ªsperas del viaje real.

Hemos se?alado ya en varias ocasiones las razones por las que esa legislaci¨®n discriminatoria y represiva constituye un grave quebranto de los deberes de la naci¨®n espa?ola respecto a sus hermanos latinoamericanos y un alevoso ataque a los principios del sistema democr¨¢tico que estamos construyendo.

La deuda de Espa?a, abstracci¨®n hecha de los reg¨ªmenes y de los Gobiernos, hacia el continente iberoamericano, que ha abierto tradicionalmente sus puertas con toda generosidad a nuestra emigraci¨®n econ¨®mica y a nuestros exilios pol¨ªticos, no puede pagarse con ret¨®rica sino con una estricta aplicaci¨®n de los principios de reciprocidad. Ni los problemas de empleo ni la cerraz¨®n ego¨ªsta de ciertos gremios profesionales que ven en peligro sus privilegios por la competencia latinoamericana pueden esgrimirse, sin sonrojo, como argumentos para expulsar de nuestro territorio a quienes buscan trabajo y todav¨ªa no lo han encontrado. Como tampoco se tienen en pie las oscuras alegaciones filtradas desde el Ministerio del Interior y que convertir¨ªan a cada argentino o a cada uruguayo en recluta potencial de organizaciones terroristas o de bandas mafiosas. A nadie se le ocurri¨®, en su d¨ªa, esgrimir, en Argentina o en M¨¦xico, tan vergonzosas acusaciones, musitadas ahora en voz baja por nuestras autoridades, contra los republicanos espa?oles que buscaron refugio en esas tierras despu¨¦s de su derrota en la guerra civil.

Esta lamentable muestra de ingratitud hacia nuestros hermanos latinoamericanos, de la que tendr¨ªan que abochornarse todos los espa?oles de bien, cualesquiera que sean sus opiniones pol¨ªticas y sus credos ideol¨®gicos, significa, adem¨¢s, un serio atentado contra los valores y principios democr¨¢ticos. Porque una gran parte del exilio procedente del cono Sur ha arribado a tierras espa?olas en el convencimiento de que nuestra naciente democracia, que tiene todav¨ªa abiertas las heridas de varias d¨¦cadas de sistema autoritario y de violaci¨®n de los derechos humanos, ser¨ªa especialmente sensible para entender su caso. El aplazamiento hasta despu¨¦s del refer¨¦ndum constitucional del Estatuto del Refugiado Pol¨ªtico ha sido una de las tantas concesiones, innecesarias y vergonzantes, con las que la oposici¨®n parlamentaria ha contentado al Gobierno en aras del consenso. La argumentaci¨®n de que la expulsi¨®n afectar¨¢ primordialmente a los latinoamericanos indocumentados, esto es, a los s¨²bditos de naciones sometidas a reg¨ªmenes dictatoriales, a quienes sus respectivos consulados niegan el pasaporte por venganza partidista, no ser¨ªa posible si las Cortes hubieran promulgado, a tiempo como era su deber, un estatuto provisional para los asilados pol¨ªticos.

A estas razones de fondo, que har¨ªan en cualquier caso repudiable el trato dado a los exiliados procedentes del cono Sur, se sobrepone ahora la circunstancia en que las primeras medidas de expulsi¨®n han comenzado a aplicarse. La sugerencia de que esa pol¨ªtica se halla de alguna forma conectada con acuerdos t¨¢citos entre el Gobierno de Madrid y la dictadura argentina encuentra, con esta torpeza, su primera base seria de fundamentaci¨®n, que esperamos fervientemente no sea realidad.