Los defectos del censo electoral

EN LAS v¨ªsperas del refer¨¦ndum constitucional, los es pa?oles fuimos informados, para nuestra general sorpresa, de que el censo de ciudadanos con derecho a voto presentaba irregularidades que desbordaban amplia mente los m¨¢rgenes de error tolerables en una sociedad desarrollada y que aumentaban nada menos que en un 5 % el n¨²mero de electores. El Ministerio del Interior, en una reacci¨®n que encaja en su estilo de convertir cual quier derrota en una victoria, utiliz¨® la nota en que el Instituto Nacional de Estad¨ªstica denunciaba tan escan dalosa anomal¨ªa para justificar el elevado porcentaje de abstenci¨®n ante las urnas el 6 de diciembre, atribuible fundamentalmente -seg¨²n esa versi¨®n- a la duplicaci¨®n y a la no inscripci¨®n de votantes. Al parecer, a las autoridades de ese departamento ni se les pas¨® por la cabeza la idea de que esos defectos del censo, oportunamente ca¨ªdos del cielo para paliar el descalabro en la particcipaci¨®n ciudadana en el refer¨¦ndum, pon¨ªan de relieve, una vez m¨¢s, su ineficacia y torpeza como servidores de una Administraci¨®n m¨¢s propia de un modesto pa¨ªs semidesarrollado que de la d¨¦cima potencia industrial del mundo. Esgrimiendo abusivamente como coartada lo que no es sino un s¨ªntoma m¨¢s del oxidamiento, imprevisi¨®n e improvisaci¨®n de los servicios estatales, los responsables del desaguisado no han dado, hasta el presente, una explicaci¨®n m¨ªnimamente convincente de las razones de esa gigantesca negligencia ni, por supuesto, han mostrado ni la m¨¢s remota intenci¨®n de asumir sus culpas y reconocer sus faltas.El padr¨®n municipal que sirve de base al censo electoral fue elaborado en 1975. Cualquier persona algo familiarizada con las caracter¨ªsticas de una sociedad desarrollada sabe que los movimientos migratorios y los cambios de domicilio son abundantes e inevitables en un pa¨ªs como el nuestro, y que el mismo espacio temporal que los espa?oles han utilizado para cambiar de ciudad o mudarse die piso pod¨ªa haber sido aprovechado por una Administraci¨®n diligente y eficaz para registrar esos movimientos e impedir la duplicaci¨®n de inscritos en el censo. No se puede aducir como explicaci¨®n que nuestros pol¨ªticos ignoren las ense?anzas de la sociolog¨ªa. Prueba de ello es la fren¨¦tica y abusiva utilizaci¨®n por el Gobierno de las t¨¦cnicas de encuesta para conocer las tendencias de voto, aunque los contribuyentes que las pagamos seamos mantenidos en la ignorancia de sus resultados y aunque los funcionarios soci¨®logos que las dise?an y realizan sacrifiquen en ocasiones a las servidumbres hacia el poder su vocaci¨®n cient¨ªfica.

Las elecciones generales y municipales se van a celebrar, as¨ª, sobre el tel¨®n de fondo de un censo impreciso y no fiable. Aunque desde el lunes pasado han sido expuestas en los colegios electorales las listas del censo, para posibilitar la inscripci¨®n de los ciudadanos omitidos, es dudoso que esa oportunidad sea aprovechada en la medida de lo deseable. Ni el corto plazo previsto para las reclamaciones, ni la m¨ªnima publicidad dada al mecanismo rectificador van a ayudar a que el procedimiento produzca espectaculares resultados. Tampoco es seguro que las inercias y perezas administrativas permitan la actualizaci¨®n de las nuevas inscripciones. antes del primero de marzo. Y, lo que es todav¨ªa m¨¢s grave, esa incorporaci¨®n a las listas de los ciudadanos hasta hoy mudos, a quienes se ha irrogado ya el irreparable perjuicio de impedirles el ejercicio del derecho de voto en las anteriores convocatorias, puede traducirse en un efecto lateral negativo: el todav¨ªa mayor inflamiento de un censo al que, en diciembre de 1978, le sobraban mill¨®n y cuarto de nombres por duplicaci¨®n de inscripciones.

Probablemente no hay tiempo para rebajar, antes de las pr¨®ximas elecciones, ese peso superfluo de las listas electorales y para que el censo incluya ni menos ni m¨¢s ciudadanos de los que poseen derecho al voto. Pero el Ministerio del Interior tiene, al menos, el deber de informar a la opini¨®n p¨²blica de los procedimientos que va a poner en marcha para iniciar esa rectificaci¨®n y de los plazos que se va a tomar para instrumentarlos. Y durante los escasos d¨ªas concedidos a los ciudadanos no inscritos para darse de alta en el censo, el Gobierno deber¨ªa dar una mayor cobertura publicitaria a la forma de llevar adelante las reclamaciones, a fin de que los espa?oles despojados de ese elemental derecho pol¨ªtico lleguen a tiempo de recuperarlo.