Polic¨ªa, justicia, democracia

Miembro de Justicia Democr¨¢tica.Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid

A juzgar por las conversaciones y comentarios p¨²blicos y privados, en nuestro pa¨ªs no hay problema sino el del orden p¨²blico. Esta preocupaci¨®n del ciudadano -espont¨¢nea o inducida- por el principio de autoridad contribuye cuando menos a preterir otras cuestiones: el paro, la vivienda, la ense?anza, la escasez de inversiones, etc¨¦tera. En este sentido nadie podr¨¢ negar que el tema del orden p¨²blico cumple una importante tarea. No en balde el hombre es el ¨²nico p¨¢jaro que hace su propia jaula.

Por este tiempo hace un a?o -acaso sea un fruto del solsticio de invierno- andaban irritados nuestros compatriotas por otra cuesti¨®n que tambi¨¦n reclamaba dureza represiva: el gran n¨²mero de violaciones que, seg¨²n se afirmaba, se produc¨ªan en cualquier ocasi¨®n y lugar. M¨¢s bien parec¨ªa que se hubiera desatado un mundo de energ¨ªa viril y primitiva que obligaba a nuestras mujeres a ir provistas de carabina para defender su libertad sexual. No se sabe qu¨¦ incidencia habr¨¢ tenido tal floraci¨®n de celt¨ªberos incontinentes sobre el n¨²mero de turistas n¨®rdicas, que algo as¨ª pretendieron los coroneles griegos para atraer divisas, cuando proclamaban, en su publicidad, la potencia irrefenable de los mozos de su tierra. Pero, pasado el tiempo, aquel furor de violadores espa?oles ha deca¨ªdo y desaparecido como por ensalmo.

Es inevitable observar que la reiterada difusi¨®n de una afirmada inseguridad personal genera reacciones infantiles, que reclaman una respuesta aturdida, indiscriminada. A la simpleza del planteamiento sigue la simpleza de la soluci¨®n. Los ciudadanos exigen justicia, seguridad. Y puesto que -se dice- aumenta el n¨²mero de los agresores y son se dice tambi¨¦n- ineficaces los instrumentos de la justicia, habr¨¢ que recurrir a medios m¨¢s contundentes. Nada mejor que el sheriff, los hombres de Harrelson, las jovencitas polic¨ªas, para acabar con los delincuentes. (Nada mejor que suprimir a los obreros para acabar con el paro, ser¨ªa una de las consecuencias.) Los jueces son lentos, est¨¢n abrumados de f¨®rmulas y papeles, dejan en libertad a delincuentes. As¨ª se difunde, as¨ª se ?razona?, as¨ª se pontifica. Y una Sociedad que debe caminar hacia la democracia -que es investigaci¨®n y serenidad, y firmeza y publicidad del juicio- se ve lanzada por una estimulaci¨®n acr¨ªtica o aviesa hacia un plano de primitivismo en que est¨¢ al llegar el linchamiento, la ley de Lynch, de un momento a otro.

Porque, en lugar de verificar los fen¨®menos que se dicen y de estudiar el m¨¦todo de evitarlos o corregirlos con todos los respetos para los derechos de la persona, se genera una reacci¨®n predemocr¨¢tica, fascistizante. Se est¨¢n arbitrando las condiciones que pueden llevarnos a que el pueblo acabe en un estent¨®reo ?vivan las caenas?. Y casi se pretende ?ejecutar la sentencia aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecuci¨®n la culpa?, m¨¦todo repudiable seg¨²n Cervantes y propio de los moros (de aquella ¨¦poca), ?entre los que no hay traslado a la parte, a prueba y est¨¦se, como entre nosotros?. As¨ª que nuestros antepasados lograron puntos de civilidad que, en esta aurora que nos anuncian ciertos gallos, estamos a punto de abandonar.

Pero, adem¨¢s de la relaci¨®n entre la delincuencia masiva y voceada y la ansiedad ciudadana, se advierte igualmente que el ritmo de esa delincuencia va acompasado de pretensiones legislativas que fortalezcan la represi¨®n y que cercenan los derechos de todos, sean o no delincuentes. Los antiguos estados de excepci¨®n son ya innecesarios. Todo esto crea un grave riesgo para nuestra Sociedad. El griter¨ªo puede anegar las voces. Los mon¨®logos son un buen camino para el envanecimiento y el error. Cuando, para dialogar -nos ense?¨® Machado- ?preguntad, primero / despu¨¦s, escuchad?.

Por eso conviene recordar unas cuantas palabras, que ser¨ªan ofensivas en otras latitudes: los principios elementales de la vida en una sociedad democr¨¢tica.

La relaci¨®n de la Justicia con la Democracia es absolutamente insustituible. Un mundo ordenado a ?la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes? as¨ª lo reclaman. En una Sociedad democr¨¢tica cada Poder del Estado ha de cumplir su funci¨®n sin invadir la de los dem¨¢s. ?La Sociedad en la que no hay separaci¨®n de poderes ni garant¨ªa de derechos carece de Constituci¨®n?. Y as¨ª, que la polic¨ªa -en dependencia org¨¢nica del poder ejecutivo- ?averig¨¹e los delitos... recoja los instrumentos y las pruebas de cuya desaparici¨®n hubiere peligro y los ponga a disposici¨®n de la autoridad Judicial?. Que los jueces -el Poder judicial- juzguen y publiquen lo juzgado ?en un proceso p¨²blico, sin dilaciones indebidas y con todas las garant¨ªas?. Despu¨¦s de lo cual podr¨¢ afirmarse la existencia del delito y del culpable y su responsabilidad, e imponerse la pena adecuada. La Democracia, m¨¢s que cualquier otro r¨¦gimen pol¨ªtico, requiere de la asistencia de la Justicia, lo que implica que los Tribunales han de ser provistos de medios, infundidos por el esp¨ªritu de los tiempos, por ?la realidad social?. Lo que no tolera la Democracia es la sustituci¨®n de la Justicia como m¨¦todo civilizado de definir y garantizar los derechos.

Las gentes presurosas que piden o ven bien el castigo sin previo juicio, sereno, p¨²blico y contradictorio, olvidan que la paloma -la de Kant y todas las palomas- no vuela menos por la resistencia que a su esfuerzo le opone el aire. Esa resistencia es la que le permite volar. Lo dem¨¢s es vac¨ªo y testarazo. Y esperan -desmemoriadas- que f¨®rmulas de urgencia vayan a producir resultados milagrosos, y que, ya ensayadas en otras ¨¦pocas, no los cumplieron. Recu¨¦rdese, por ejemplo, que el entonces denostado decreto-ley Antiterrorista de 1975 facultaba la detenci¨®n policial por un tiempo de diez d¨ªas y que ahora, con aprobaci¨®n de los denostadores (ley de 4 de diciembre de 1978) viene a ocurrir otro tanto. De la eficacia de aquel decreto-ley, denunciado y repudiado porque ofend¨ªa los derechos de los ciudadanos, puede calcularse la de las normas actuales y recientes. ??Y este hoy es el ma?ana de ayer??

Acabamos de estrenar Constituci¨®n y ya tenemos un real decreto-ley (de 26 de enero de 1979) que la deja malparada. Esta historia ya nos es conocida. As¨ª ocurri¨® con la Constituci¨®n de la Monarqu¨ªa restaurada -1876-, que inmediatamente despu¨¦s de proclamar las libertades p¨²blicas dio al mundo la ley de Secuestros (1877), y la de Explosivos (1894) y la de represi¨®n del anarquismo (1896), cercenadoras de los derechos proclamados y en las que se han inspirado las abundantes disposiciones antiterroristas posteriores. Y hasta se cre¨® una polic¨ªa antiterrorista (real orden de 19 de septiembre de 1896). Y -nihil novum sub sole- se ofrec¨ªa en premio ?la exenci¨®n del servicio de las armas al que hubiera denunciado o contribuido a la captura? de procesados a tenor de la ley (1877), beneficio en el que -como si de bien hereditario se tratase- pod¨ªa ?subrogarse el pariente dentro del cuarto grado...?

La vida ciudadana no es fruto de la limitaci¨®n de los derechos procesales de los individuos. Es, por el contrario, consecuencia de la diaria producci¨®n de las garant¨ªas que la Justicia tiene que cumplir. Es secuela del esfuerzo y del ejercicio de los derechos, no de abdicaciones infundadas y peligrosas. No es conveniente creer -como se cre¨ªa en aquella tribu de que habl¨® Nietzsche- que la barca se mueve por la voluntad de los dioses a los que era grato el esfuerzo del barquero sobre los remos. La barca -probablemente- se mueve por el esfuerzo del hombre.