Inseguridad social

NO ES posible que la probada ineficacia de los responsables de la sanidad sea la ¨²nica justificaci¨®n a la pasividad gubernamental ante el conflicto sanitario. El surrealismo de este pa¨ªs habr¨ªa alcanzado niveles nunca imaginados si la actual situaci¨®n de la huelga que registran los hospitales de la Seguridad Social desde hace m¨¢s de veinte d¨ªas respondiera tan s¨®lo a la impotencia demostrada por el ministro de Sanidad, Enrique S¨¢nchez de Le¨®n, para enfrentarse a una huelga laboral que no deber¨ªa haber pasado de ser un conflicto m¨¢s de los que en el sector servicios origina estos d¨ªas la negociaci¨®n colectiva.El caos sanitario que hoy afecta a los hospitales es la consecuencia , inmediata de la huelga iniciada el pasado 30 de enero en apoyo de unas reivindicaciones econ¨®micas y profesionales de los 160.000 trabajadores que integran el colectivo sanitario. La ¨²nica respuesta oficial a esta presi¨®n de los trabajadores fue la aprobaci¨®n de un decreto de Presidencia del Gobierno por el que quedaron intervenidos los centros sanitarios.

De esta manera y de acuerdo con la m¨¢s rancia tradici¨®n del anterior r¨¦gimen se pretend¨ªa abortar, que no solucionar, un conflicto laboral recurriendo a los gobiernos civiles para impedir que los trabajadores ejercieran un derecho constitucional: la huelga, adem¨¢s de los de reuni¨®n y opini¨®n, ya que la polic¨ªa ha impedido en los hospitales la celebraci¨®n de asambleas.

El resultado, hoy en una situaci¨®n l¨ªmite, fue el triunfo del asamble¨ªsmo y la degeneraci¨®n de una huelga que pod¨ªa haber sido regulada y libremente ejercida como medio legal de presi¨®n ante la Administraci¨®n como patronal, en un confuso Conflicto, de graves consecuencias para la asistencia sanitaria, colapsada por el paro que de manera absolutamente desorganizada mantienen unos cuarenta hospitales de la Seguridad Social.

En este contexto, el ministro de Sanidad y Seguridad Social y sus colaboradores del Instituto Nacional de Previsi¨®n, en una actuaci¨®n pol¨ªtica que supone el colof¨®n a la demostrada ineficacia de unos administradores irrecuperables para la tarea de saneamiento que reclama la sanidad espa?ola, han fomentado el malestar laboral de este colectivo y deso¨ªdo una serie de reivindicaciones encaminadas a la mejora de la prestaci¨®n sanitaria que financian todos los ciudadanos a trav¨¦s de su cotizaci¨®n a la Seguridad Social.

Apoyado por la interinidad en que la inminencia de las elecciones sit¨²a al se?or S¨¢nchez de Le¨®n, el Ministerio de Sanidad ha hecho dejaci¨®n de su responsabilidad, como demuestra el silencio en que ha intentado mantener un conflicto que estaba en la calle y la difusi¨®n de noticias falsas en cuanto que a trav¨¦s del INP se lleg¨® a asegurar que la normalidad era absoluta en unos momentos en los que en muchos centros tan s¨®lo se atend¨ªan las urgencias.

Ni siquiera la imposibilidad real de discutir mejoras salariales, en tanto no sean aprobados por las futuras Cortes los presupuestos de la Seguridad Social, justifica la oposici¨®n a negociar que ha venido manteniendo la Administraci¨®n. Aspectos tales como el reconocimiento de los derechos, sindicales a los comit¨¦s de empresa o la convocatoria de las plazas vacantes fueron rechazados por el Ministerio de Sanidad, con lo que las reivindicaciones de los trabajadores encontraban nuevos y leg¨ªtimos motivos de protesta.

De esta manera, la radicalizaci¨®n del conflicto, con las centrales sindicales desbordadas (el se?or S¨¢nchez de Le¨®n se mostr¨® siempre m¨¢s partidario de dialogar con representaciones profesionales, de dudosa representatividad entre un colectivo tan heterog¨¦neo como el sanitario, en el que se integra desde el m¨¢s primitivo proletariado hasta el corporativismo de la clase m¨¦dica), ha dejado en manos de un asamble¨ªsmo hurtado a la vigilancia policial el desarrollo de una huelga renovada cada d¨ªa por el voto a mano alzada.

En este punto, parece claro que no es soluci¨®n echar a los huelguistas los guardias, obligados a intervenir en los centros hospitalarios, con el consiguiente deterioro del clima de serenidad que exige el marco asistencial.

Por otra parte, la inminencia de unas elecciones generales y la conocida influencia que sobre el voto indeciso tiene la conflictividad laboral en general y, de manera especial, las huelgas que afectan a la vida ciudadana, sugiere interrogar al Gobierno sobre las aut¨¦nticas razones que le han impulsado a dejar pudrirse este conflicto a los actuales extremos.

Urge, pues, que desde la respectiva responsabilidad de las partes afectadas por el conflicto -los sindicatos no pueden ignorar el reto que para su definitiva implantaci¨®n supone el asamble¨ªsmo-, se aborde la soluci¨®n a una huelga cuya ¨²nica motivaci¨®n es laboral. Los gobiernos civiles no pueden negociar con los detenidos ni la calle es el marco apropiado para solventar las diferencias laborales.