La "nueva pol¨ªtica de vivienda"

Urbanistas?Se conf¨ªa tan s¨®lo en la d¨®cil contribuci¨®n del aparato financiero? Tras el fracaso que esa misma pretensi¨®n obtuvo en la pol¨ªtica de viviendas sociales, ?parece ahora tener alguna viabilidad? Los promotores que pretendan acogerse al r¨¦gimen de protecci¨®n oficial (que acepten, pues, los precios y las caracter¨ªsticas impuestas por la nueva legislaci¨®n) parecen tener ?derecho? a obtener unos cr¨¦ditos en condiciones menos exigentes que las que son norma en el mercado de capitales: doce a?os con dos de carencia, 11 % de inter¨¦s, subrogable a los usuarios y en cuant¨ªa m¨¢xima del 70 % del precio permitido de venta (un m¨¢ximo de 3.240.000 pesetas para el caso de la vivienda de m¨¢xima superficie ¨²til admitida, noventa metros cuadrados).

Si bien las condiciones financieras que ahora se establecen son bastante m¨¢s favorables para el sistema financiero que las anteriores, ?puede el Gobierno asegurar, sin otro tipo de presi¨®n, que un incremento de tres puntos en la tasa de inter¨¦s es suficiente para interesar a la banca y a las cajas de ahorro, que, con su pretendida ?liberalizaci¨®n?, se comportan cada vez m¨¢s como aqu¨¦lla? Adem¨¢s, ?se ha calculado lo que las condiciones financieras significan para los potenciales ?beneficiarios?? Para una vivienda de ochenta metros cuadrados ¨²tiles, la amortizaci¨®n mensual supera las 25.000 pesetas, con una entrada de 800.000 pesetas.

Se habla en los decretos de la posibilidad de subvencionar por el Estado a los usuarios que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el salario m¨ªnimo, mediante una ayuda personalizada que en los decretos no se fija (hay rumores de que esa ayuda podr¨ªa llegar hasta el 50 % de la amortizaci¨®n mensual). Sin embargo, ello queda tan s¨®lo apuntado sin que la cuant¨ªa agregada de esas ayudas -de elevada magnitud, cuando se pretende que se construyan cientos de miles de viviendas- se haya establecido hasta el momento, y tan s¨®lo aparezca en el proyecto de presupuesto de 1979 la cantidad de 2.600 millones de pesetas en concepto de ?transferencias a familias?.

En esta ayuda personalizada consistir¨ªa la contribuci¨®n directa del Estado a la vivienda protegida, junto a la indirecta de las desgravaciones fiscales (que mantienen los graves y criticados efectos sobre las haciendas locales y de tan escasas ventajas pr¨¢cticas para muchos usuarios).

Pero, prescindiendo de la imprevisi¨®n sobre el monto de las ayudas personalizadas, hay algo quiz¨¢ m¨¢s grave: los precios m¨¢ximos de las viviendas (a trav¨¦s del establecimiento del m¨®dulo) son los que corresponden a un mercado especulativo que el Gobierno parece estar dispuesto a respetar sin condiciones; de ese modo, la ayuda a quienes son ?insolventes? en ese mercado se traslada en realidad a quienes gozan de una posici¨®n privilegiada (la propiedad del suelo); en lugar de establecer un precio m¨¢ximo de vivienda sobre la base de que ser¨¢ necesaria una intervenci¨®n p¨²blica para contener los precios del suelo, se ha elegido el camino inverso (n¨®tese que a trav¨¦s del: establecimiento del m¨®dulo se est¨¢ admitiendo que la repercusi¨®n del suelo en viviendas ?protegidas? pueda representar m¨¢s de un 30 % de aqu¨¦l, casi equivalente al coste de ejecuci¨®n).

Adem¨¢s, la intenci¨®n de aplicar recursos p¨²blicos a la rehabilitaci¨®n de viviendas existentes, en lugar de fomentar de forma exclusiva la construcci¨®n de viviendas nuevas, ha quedado relegada a una nueva promesa legislativa. Sin embargo, esa l¨ªnea de pol¨ªtica de vivienda es la que hoy podr¨ªa constituir, precisamente, la forma de ?cuadrar? los objetivos planteados por todos: a) reorientaci¨®n del gasto p¨²blico en la l¨ªnea de lucha contra la inflaci¨®n (exigencia de menor inversi¨®n por unidad conseguida). b) lucha contra el paro (la rehabilitaci¨®n es m¨¢s intensiva en mano de obra y la pueden realizar empresas peque?as y medianas, y a la vez, c) afrontar de forma alternativa las necesidades de vivienda conservando la poblaci¨®n en lugares m¨¢s centrales.

Nos encontramos, pues, ante una f¨®rmula convencional m¨¢s de pol¨ªtica de viviendas, ?descubriendo?, tantos a?os despu¨¦s de haberse inventado, una protecci¨®n oficial de viejo cu?o que s¨®lo funcion¨® en los momentos de euforia econ¨®mica y con aportaci¨®n de cuantiosos recursos p¨²blicos (recu¨¦rdense las ?viviendas ubvencionadas?). Hoy, en la crisis, no cabe esperar de su aplicaci¨®n ni la reactivaci¨®n del sector ni la mejora significativa de las condiciones de vivienda de amplios estratos de poblaci¨®n. Para que fuese de otro modo, el Gobierno tendr¨ªa que hacer uso de una capacidad pol¨ªtica suficiente para forzar a un aparato financiero demasiado acostumbrado a marcar sus propios e interesados objetivos en orden al uso de recursos para la vivienda.