EI Gobierno deber¨¢ dise?ar un nuevo cuadro macroecon¨®mico para 1979 y una pol¨ªtica a medio plazo

El deterioro de la situaci¨®n econ¨®mica en los ¨²ltimos meses, con la desvirtuaci¨®n del cuadro de previsiones macroecon¨®micas dise?ado por el tandem Abril-Leal como m¨¢ximo exponente, unido al sensible retraso acumulado en la formulaci¨®n de un plan de actuaci¨®n a medio y largo plazo, constituyen el esquema inicial de actuaci¨®n del remodelado equipo econ¨®mico gubernamental, y del que deber¨¢ partir la iniciativa de las eventuales reformas que precisa la econom¨ªa espa?ola para alcanzar su homologaci¨®n.

El eje medular de la pol¨ªtica econ¨®mica dise?ada por Fernando Abril para este a?o fue el decreto-ley de rentas y salarios, justificado por el cuadro de previsiones macroecon¨®micas y la imposibilidad de suscribir unos pactos similares a los de La Moncloa, que impIantaran un l¨ªmite a los crecimientos salariales en 1979. Al final del primer trimestre del a?o se ha comprobado que las previsiones macroecon¨®micas eran err¨®neas, de igual modo como la convocatoria de elecciones generales en marzo -decidida probablemente en verano de 1978- demostr¨® claramente que nunca existi¨® por parte del Gobierno una aut¨¦ntica voluntad de suscribir unos pactos con patronal y centrales sindicales. A lo sumo, se intent¨® explotar electoralmente las conversaciones realizadas y, al propio tiempo, calibrar las actitudes de empresarios y trabajadores ante el proceso pol¨ªtico que se avecinaba.La decisi¨®n de limitar los crecimientos salariales por la v¨ªa de un decreto-ley de obligado cumplimiento fue vivamente contestada en el seno del Gabinete, pero prevaleci¨® la autoridad de Abril, incluso en la incorporaci¨®n de una cl¨¢usula de salvaguardia que pretend¨ªa lavar la imagen autoritaria que conllevaba eludir el tr¨¢mite parlamentario. Esta cl¨¢usula puede acarrear a corto plazo consecuencias imprevisibles si, como parece probable, el crecimiento de los precios alcanza un 7 % u 8 % en los seis primeros meses del a?o. En aplicaci¨®n del decreto-ley, todos los convenios negociados con arreglo a sus directrices deber¨¢n ser replanteados en junio, lo que podr¨ªa colocar en una situaci¨®n absolutamente insostenible a las empresas hasta finales del presente a?o, provocando adem¨¢s una oleada de tensiones en el mundo laboral de consecuencias dif¨ªciles de calibrar. Medios pr¨®ximos al vicepresidente econ¨®mico han comenzado a instigar una campa?a de mentalizaci¨®n, insistiendo en que el decreto-ley ha sido sistem¨¢ticamente vulnerado y que, por tanto, no procede ir a una renegociaci¨®n de convenios en junio. No parece que la maniobra vaya a tener excesivo efecto.

Desde finales del pasado verano, UCD y CEOE -la potente patronal estatal- replantearon sus respectivas estrategias de enfrentamiento frontal y decidieron aplicar la vieja m¨¢xima de que constituyen dos fuerzas condenadas a entenderse. A principios del oto?o, Fernando Abril y Carlos Ferrer Salat iniciaron una aproximaci¨®n sin precedentes, con el ¨¢nimo dispuesto a olvidar pasadas agresiones. La tesitura del di¨¢logo mantenido por el Gobierno con la patronal y las centrales no fue en ning¨²n momento id¨¦ntica y, tras la ?jornada de reflexi¨®n?, los representantes de la patronal comenzaron a aproximar sus posturas a las del equipo econ¨®mico -al menos a las de Fernando Abril- del Gabinete. El tope salarial fijado por decreto-ley constitu¨ªa, de hecho, un t¨¦rmino medio entre lo demandado por las centrales sindicales mayoritarias y las pretensiones de la patronal, pero no es menos cierto que ¨¦sta vari¨® sus presupuestos poco antes de que la norma se promulgara, precisamente con ¨¢nimo de propiciar la apariencia salom¨®nica de la decisi¨®n final.

Pacto UCD-CEOE

La aproximaci¨®n entre patronal y Gobierno deriv¨® posteriormente en un pacto en toda regla, a partir del cu¨¢l determinados sectores empresariales contribuyeron generosamente a Financiar la campa?a electoral de las huestes ucedistas. Es cierto que la CEOE no ha sido beligerante en sentido estricto durante la ¨²ltima campa?a electoral, pero el cambio de estrategia ha sido perceptible a todos los niveles, incluido el ya se?alado de la financiaci¨®n.

El reto reformista

La situaci¨®n que atraviesa la econom¨ªa espa?ola demanda, desde hace al menos cuatro a?os, el dise?o de una pol¨ªtica de corte reformista que, abarcando determinados ¨¢mbitos estructurales, sit¨²e a este pa¨ªs en condiciones de competitividad y homologaci¨®n con los restantes del mundo desarrollado. Todos los sectores -a derecha e izquierda del espectro ideol¨®gico- coinciden en la necesidad de aplicar esa impronta reformista, pero discuten su alcance y, sobre todo, muestran escasa disposici¨®n a que los primeros pasos se adopten en lo tocante a sus intereses personales o de grupo. En cualquier caso, la reforma de la estructura econ¨®mica espa?ola se enfrenta con un horizonte concreto, cada vez m¨¢s cercano: la integraci¨®n en la Comunidad Econ¨®mica Europea (CEE), prevista para los primeros meses de 1982.Con mayor o menor ¨¦nfasis, la mayor¨ªa coincide en se?alar la urgente necesidad de abordar la reforma de cinco aspectos esenciales: sistema financiero, modelo de relaciones laborales, Seguridad Social, Administraci¨®n y sector p¨²blico y sectores industriales. No es descabellado pensar que el tratamiento de estas reformas y de cualquier otra que se plantee ha sido objeto de examen, valoraci¨®n e incluso pacto en el di¨¢logo entre UCD y CEOE. El ritmo que el Gobierno imprima a sus primeras actuaciones, especialmente en aquellos aspectos m¨¢s urgentes y pendientes de resoluci¨®n, revelar¨¢, sin duda, el alcance del di¨¢logo y los t¨¦rminos del pacto. Como ejemplo, acaso pueda servir el destino del Plan Energ¨¦tico Nacional, actualmente en las Cortes, y, en definitiva, la alternativa energ¨¦tica que elija el Gobierno (v¨¦ase EL PAIS del d¨ªa 8 de abril).

La reforma fiscal

Si la pura l¨®gica no fuera suficiente, ayuda a intuir un pacto -siquiera elemental- entre UCD y CEOE el que exista en estos momentos un aut¨¦ntico peligro de cambio de rumbo en la ¨²nica reforma abordada por el Gabinete ucedista: la fiscal.Las elecciones de junio de 1977 coincidieron con un aut¨¦ntico desbarajuste organizativo a nivel patronal. Es un secreto a voces que las grandes empresas -especialmente la banca- apoyaron a Alianza Popular. El triunfo de la incipiente UCD sirvi¨® para hacerles comprender que se impon¨ªan nuevos estilos y que las cenizas del aparato verticalista deb¨ªan ser sustituidas por un ente patronal de corte europeo. Organizada a toda prisa, la CEOE no lleg¨® a tiempo de jugar su papel en el debate sobre la reforma fiscal, preconizada por el equipo que encabezaba Fern¨¢ndez Ord¨®?ez y colada a pesar de todo frente a la oposici¨®n radical de los sectores m¨¢s conservadores de UCD. A partir del acercamiento iniciado el pasado oto?o, la patronal ha iniciado un vasto contraataque con el punto de mira puesto en la reforma fiscal, y muy especialmente en el tratamiento de las plusval¨ªas. Los empresarios alegan que grava el ahorro y por tanto la inversi¨®n de los m¨¢s modestos, pero eluden se?alar lo que supone de freno la especulaci¨®n.

En cualquier caso, los sectores m¨¢s conservadores de la econom¨ªa no ocultan sus deseos de al menos ralentizar la aplicaci¨®n de la reforma fiscal ya aprobada por las Cortes y variar de alg¨²n modo algunos aspectos reglamentarios de su desarrollo legal.