El Primero de Mayo: balance y perspectivas

LAS MANIFESTACIONES populares para conmemorar el Primero de Mayo, celebradas de manera pac¨ªfica, con las autorizaciones gubernativas en regla y en el coraz¨®n de las ciudades, son de nuevo en nuestro pa¨ªs un acontecimiento normal tras cuarenta a?os de largo y sombr¨ªo par¨¦ntesis. Desgraciadamente, el asesinato de un miembro de las Juventudes Comunistas anteayer, en pleno centro de Madrid, en lo que los nietos de Adolfo Hitler llaman con su habitual cinismo ?zona nacional?, da serios motivos para temer una escalada de la provocaci¨®n semejante a la que enlut¨® las calles espa?olas durante el per¨ªodo republicano. Confiemos en que el probado sentido de la responsabilidad de los organizadores y, sobre todo, la eficiencia de las Fuerzas de Orden P¨²blico garanticen la paz y la tranquilidad en este segundo D¨ªa del Trabajo que va a tener lugar en la nueva Espa?a democr¨¢tica.A lo largo del a?o transcurrido desde la anterior conmemoraci¨®n se han producido hechos pol¨ªticos por cuya consecuci¨®n lucharon durante largo tiempo los trabajadores. Se aprob¨® la Constituci¨®n, se han celebrado normalmente las segundas elecciones generales y los partidos de la izquierda, que reivindican la representaci¨®n de los intereses de la clase obrera' han conquistado la mayor¨ªa en numerosos e importantes ayuntamientos. Las amenazas de involuci¨®n autoritaria no han llegado a materializarse. Y las instituciones democr¨¢ticas comienzan a enraizar en un pa¨ªs en el que los h¨¢bitos y reflejos de pasadas d¨¦cadas, aunque todav¨ªa poderosos y rozagantes, pierden el respaldo de las leyes, la legitimaci¨®n inercial de las costumbres y el respeto de los ciudadanos.

En el campo de la actividad econ¨®mica, en cuyo horizonte se agota buena parte de la vida de la poblaci¨®n asalariada, las medidas contra la inflaci¨®n lograron, a lo largo de 1978, los objetivos que se hab¨ªan propuesto, aunque los indicadores del primer trimestre de 1979 arrojan serias dudas sobre la continuidad de su ¨¦xito. El desempleo, en cambio, no s¨®lo no ha retrocedido, sino que se ha incrementado. El seguro de paro s¨®lo cubre, tanto en el tiempo como en el nivel de ingresos, una parte de las remuneraciones perdidas por los desocupados, y, lo 4ue es m¨¢s grave, deja fuera de sus beneficios a los j¨®venes que llegan cada a?o, con esperanzas que la realidad se encarga de frustrar, al mercado de trabajo. El desempleo es el peor mal social con el que se enfrenta la sociedad espa?ola; y la frialdad de los razonamientos de los t¨¦cnicos para explicar su car¨¢cter ineluctable de poco sirve para consolar a quienes sufren en sus carnes las consecuencias del paro.

Caldo de cultivo de la marginaci¨®n social y del desencanto ante la democracia, causa inmediata del aumento de los delitos contra la propiedad y causa mediata de eventuales comportamientos pol¨ªticos pat¨®genos, el desempleo no es, sin embargo, como el simplismo o la demagogia tienden a presentar, la consecuencia de la dureza de coraz¨®n de los empresarios o de la complicidad o negligencia de los gobernantes. En la l¨®gica de la econom¨ªa, el aumento de los puestos de trabajo es funci¨®n de una recuperaci¨®n de las inversiones, que depende, a su vez, de un complejo c¨²mulo de factores tanto nacionales como internacionales.

Los topes salariales establecidos en diciembre de 1978, y que han servido de pauta a la mayor¨ªa de los convenios firmados a lo largo del invierno, aspiran a frenar la espiral inflacionista y a garantizar, al tiempo, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Aun dejando a un lado la discusi¨®n sobre el car¨¢cter diacr¨®nico de ese reajuste entre salarios y precios, es evidente que la posici¨®n de los trabajadores empleados no puede separarse, a efectos de la distribuci¨®n global del ingreso, de la suerte de los desempleados. S¨®lo una reasignaci¨®n del gasto p¨²blico pensada para incrementar sustancialmente los fondos del seguro de paro y la participaci¨®n de las centrales sindicales en su administraci¨®n, a fin de luchar contra la picaresca y los abusos en este terreno, permitir¨ªan frenar la ca¨ªda de la parte del ingreso destinada a los asalariados. Y ya va siendo hora que el tema de la flexibilizaci¨®n de las plantilas sea estudiado por las centrales no s¨®lo desde el punto de vista gremial de los empleados, sino desde el m¨¢s general de los trabajadores en su conjunto, incluidos los desempleados.

A corto plazo, e incluso a plazo medio, no se adivinan modificaciones sustanciales del panorama. Y no depende fundamentalmente de la voluntad del Gobierno, de este Gobierno o de otro, en el que participaran socialistas y comunistas, enderezar una crisis econ¨®mica cuya naturaleza espec¨ªfica ni siquiera es perfectamente conocida, para cuya soluci¨®n las viejas recetas keynesianas se han mostrado ineficaces y que hunde sus ra¨ªces en un mercado mundial del que Espa?a forma parte de manera ya inextricable.

Pero las reivindicaciones de los trabajadores no se limitan a los aumentos salariales, a la lucha contra los despidos y a un mejor seguro de paro. Tambi¨¦n figura en sus plataformas lo que, de forma aproximada, se puede denominar exigencias pol¨ªtico-laborales. En este terreno, forzoso es se?alar que el Gobierno y su grupo parlamentano tienen un amplio espacio por recorrer. La devoluci¨®n del patrimonio incautado hace cuarenta a?os a las centrales sindicales hist¨®ricas y la definitiva reglamentaci¨®n de la utifizac¨ª¨®n de los bienes del llamado sindicalismo vertical no admiten espera. Los prop¨®sitos de UCD de disponer en el campo sindical de una correa de transmisi¨®n propia, bien nucleando con pr¨¢cticas submarinistas alguna de las centrales existentes, bien patrocinando otra de nuev -0 cu?o, ayudar¨ªan a explicar la renuencia del Gobierno para afrontar estas cuestiones.' Porque, desgraelada y lamentablemente, el debate sobre la central sindical hegemonizada por UCD debe incluir, como tema central, el asunto de su financiaci¨®n.

Queda, finalmente, la urgente necesidad de que las Cortes definan cuanto antes el marco legal de las relaciones laborales, desde la normativa sobre la huelga hasta los derechos sindicales en la empresa. Mientras el Parlamento no se pronuncie sobre estos temas, para lo cual es imprescindible que salga del congelador la ley de Acci¨®n Sindical paralizada durante la anterior legislatura y que el Gobierno presente proyectos de ley sobre las restantes materias litigiosas, la econom¨ªa espa?ola seguir¨¢ movi¨¦ndose en un campo minado, en el que la decisi¨®n de las centrales sindicales de adelantarse a las leyes con hechos consumados y la contrapuesta voluntad de los empresarios de mantenerse a la espera pueden provocar conflictos sin cuento, tan in¨²tiles para los intereses de las dos partes como peligrosos para el conjunto de la sociedad espa?ola.