El nuevo juez instructor imprime un ritmo m¨¢s r¨¢pido al sumario de Atocha

Tras la conmoci¨®n creada por la fuga de Fernando Lerdo de Tejada y la subsiguiente retirada del sumario por la matanza de Atocha de la competencia del juez G¨®mez Chaparro, que ven¨ªa instruy¨¦ndolo desde hace dos a?os, dicho sumario parece haber entrado en un ritmo de instrucci¨®n m¨¢s r¨¢pido y decidido.

Apenas nombrado para sustituir en la instrucci¨®n del sumario de Atocha al juez G¨®mez Chaparro, el nuevo juez instructor titular del Juzgado Central n¨²mero 3 ha decidido citar para los pr¨®ximos d¨ªas a las tres personas que todav¨ªa faltaban por declarar, pertenecientes al grupo inicialmente propuesto por los abogados de la acusaci¨®n particular en octubre de 1977. Se trata de Blas Pi?ar, presidente de Fuerza Nueva, citado a declarar por el nuevo juez instructor el pr¨®ximo d¨ªa 9; del polic¨ªa Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Pacheco; segundo del comisario Conesa en la Brigada Operativa (antiterrorista), citado para el pr¨®ximo d¨ªa, 17, y del, antiguo dirigente de los guerrilleros de Cristo-Rey, Mariano S¨¢nchez Covisa, citado para el pr¨®ximo d¨ªa 11.Mientras tanto, los dos magistrados nombrados para instruir diligencias sobre la actuaci¨®n del juez G¨®mez Chaparro en la instrucci¨®n del sumario de Atocha prosiguen sus averiguaciones. Por el momento, dichas diligencias son previas, sin que tengan el car¨¢cter de expediente, ya que tienden precisamente a recabar informaci¨®n en torno a si procede o no instruir expediente a dicho juez. Los abogados de la acusaci¨®n particular han denunciado reiteradamente supuestas irregularidades en la instrucci¨®n del sumario de Atocha, que, por una parte, han impedido concluir hasta ahora dicho sumario y, por otra, han obstaculizado la posible identificaci¨®n de los instigadores y c¨®mplices del atentado.

Entre las supuestas irregularidades denunciadas por los abogados de la acusaci¨®n particular, una de las primeras, y m¨¢s destacadas, fue el desglose del sumario de Atocha del informe emitido en abril de 1977 por la AISS sobre el car¨¢cter de exacci¨®n legal que ten¨ªan las cuotas anuales ingresadas por los transportistas de Madrid al sindicato provincial del ramo a cambio del certificado de encuadramiento y del visado en la tarjeta de transporte. Los abogados de la acusaci¨®n particular han sospechado desde el principio que la financiaci¨®n del qu¨ªntuple asesinato de Atocha fue realizado con dichos fondos, y as¨ª lo han manifestado en los recursos interpuestos en su momento contra el desglose de las investigaciones realizadas sobre este hecho del sumario abierto por el atentado. En uno de estos recursos, la acusaci¨®n particular manifestaba lo siguiente: ?La compleja realidad del delito de terrorismo, por las que est¨¢n procesadas las personas implicadas en dicho sumario, exige valorar conjuntamente elementos tales como la tenencia il¨ªcita de armas y la existencia de fondos econ¨®micos a fin de poder realizar su perfecta determinaci¨®n.?

Otro conjunto de supuestas irregularidades denunciadas por la acusaci¨®n particular se centran en la denegaci¨®n de toda una serie de pruebas, tendentes a ?completar el cuadro de otras participaciones, complicidades y connivencias, que se atisban en las pruebas practicadas hasta el momento?, seg¨²n se afirmaba en otro de los recursos presentados en su d¨ªa contra la decisi¨®n judicial. Entre las pruebas denegadas, admitidas, no obstante, meses despu¨¦s por decisi¨®n de la Audiencia Nacional, figuraban determinar el supuesto origen militar de la munici¨®n empleada en el atentado, el origen del abundante armamento encontrado a los procesados y la declaraci¨®n en el sumario de los inspectores de polic¨ªa Gonz¨¢lez Pacheco y Gonz¨¢lez Gay, y de un grupo de conocidas personas de extrema derecha.