Probable declaraci¨®n de estado de sitio en El Salvador

El Gobierno de El Salvador estudia en estos momentos la posibilidad de declarar el estado de sitio en el pa¨ªs, a la vista del recrudecimiento de la violencia que se observa en la naci¨®n. En opini¨®n de los observadores, esta medida desencadenar¨ªa una nueva oleada de represi¨®n cuyas consecuencias son impredecibles.Respondiendo al llamamiento hecho en tal sentido por el Bloque Popular Revolucionario, diversos sectores laborales salvadore?os han iniciado paros que podr¨ªan llevar a la paralizaci¨®n total del pa¨ªs. La huelga se observa sobre todo en los transporte urbanos, con las correspondientes repercusiones en los centros de trabajo, a los que no pueden llegar los operarios.

Tanto en la capital, San Salvador, como en poblaciones del interior, menudean los incidentes armados. En Soyapango, la polic¨ªa dispers¨® con granadas de mano una manifestaci¨®n de militantes y simpatizantes del Bloque Popular Revolucionario (BPR), con un saldo no determinado de muertos y heridos. En San Salvador, grupos de j¨®venes incendiaron varios autobuses y ametrallaron veh¨ªculos de la polic¨ªa y el Ej¨¦rcito.

La situaci¨®n en las embajadas de Venezuela y Francia, entre tanto, permanece inalterable. El enviado especial del Gobierno de Caracas, embajador R¨¦gulo Velasco, ya se ha puesto en contacto, aunque de forma indirecta, con los dirigentes del BPR, grupo autor de la ocupaci¨®n de la embajada. Un sacerdote, el vicario general de la di¨®cesis de San Salvador, monse?or Carlos Urioste, parece actuar de mediador.

El principal escollo para resolver estas situaciones es la insistencia del Gobierno del general Carlos Humberto Romero en afirmar que no tiene en su poder a los tres combatientes del Bloque Popular Revolucionario, cuya libertad exigen los ocupantes de las embajadas. En opini¨®n del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, estos tres dirigentes han sido asesinados por agentes de seguridad. La ¨²nica forma para solucionar el conflicto ser¨ªa, seg¨²n el prelado, que el Gobierno reconociera la muerte de los tres dirigentes y anunciara el castigo de los responsables.

La versi¨®n del arzobispo confirma los brutales sistemas utilizados por las fuerzas policiales del pa¨ªs, que detienen indiscriminadamente a todo sospechoso de oposici¨®n al Gobierno y, en algunos casos, ?hacen desaparecer? a los detenidos. Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos han comprobado y denunciado varios episodios de este tipo.