Patronal y sindicatos, protagonistas de una negociaci¨®n sin pactos ni normas renovadas

Para valorar en su justa medida lo que ha significado la negociaci¨®n colectiva en los ¨²ltimos meses, resulta imprescindible hacer una referencia, aunque sea m¨ªnima, a la situaci¨®n de partida que condiciona el desarrollo de todo el proceso.? La democracia todav¨ªa no ha entrado en las f¨¢bricas?, viene repitiendo desde hace dos a?os Marcelino Camacho, secretario general de CCOO. Carlos Ferrer, desde otra perspectiva, la presidencia de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE), la primera patronal de nuestro pa¨ªs, insiste tambi¨¦n en la pr¨¢ctica totalidad de sus declaraciones o intervenciones p¨²blicas en la necesidad urgente de un marco legal m¨ªnimo, de unas reglas de juego, que permitan el di¨¢logo y la confrontaci¨®n civilizada de intereses contrapuestos en el ¨¢mbito de las relaciones industriales. Sindicatos y patronales, a tenor de estas manifestaciones a las que se podr¨ªa a?adir las de otros l¨ªderes sindicales o empresariales, coinciden en denunciar un desfase entre el desarrollo del cambio pol¨ªtico y del cambio sociolaboral,

La regulaci¨®n de las relaciones laborales, paternalista e impuesta por el Gobierno en el anterior r¨¦gimen, queda obsoleta en el nuevo sistema de libertades. La Organizaci¨®n Sindical, invento del franquismo que pretendi¨® ignorar, por v¨ªa de la imposici¨®n y la afiliaci¨®n obligatoria de empresarios y trabajadores a un departamento ministerial, los contrapuestos intereses del capital y el trabajo, desapareci¨® y se produjo un vac¨ªo. Empresarios y trabajadores tuvieron que compaginar su propia organizaci¨®n, su consolidaci¨®n como interlocutores de clase, con la resoluci¨®n cotidiana de los problemas reales e inaplazables que plantean las relaciones industriales: conflictos, negociaci¨®n de condiciones laborales y salariales, entre otros.

Empresarios y trabajadores, m¨¢s por voluntad propia que por facilidades otorgadas por un Gobierno, que abrumado por problemas pol¨ªticos se muestra indeciso en asumir el papel que le corresponde en unas relaciones industriales en un marco democr¨¢tico, celebran elecciones y clarifican el panorama mostrado ante la sociedad su implantaci¨®n y fuerza.

Paralelamente a este proceso, salpicado de resabios autoritaristas y comportamientos heredados de la clandestinidad, corre la crisis econ¨®mica agudizada por la ausencia de medidas concretas desde 1973. Sectores del Gobierno tratan de propiciar un pacto social que ayude con el control de las rentas salariales a adelgazar la inflaci¨®n. Las centrales se oponen rotundamente al pacto social y el Gobierno, ante la imposibilidad de que empresarios y trabajadores lleguen a este acuerdo, arbitra un pacto con los partidos: los pactos de la Moncloa.

El consenso de los partidos con el equipo de Fuentes Quintana, aceptado de mejor o peor grado por los sindicatos, sirve para que las negociaciones colectivas de los tres primeros trimestres de 1978 puedan llevarse adelante.

Fracaso en el intento de unos nuevos pactos

La negociaci¨®n en estos primeros meses ha sido complicada, ha sido necesario interpretar el dif¨ªcil pacto de la Moncloa, se ha hecho malabarismos con la masa salarial bruta, y se han congelado las horas extraordinarias para procurar trasferir el incremento del 20% al 22% fijados a los salarlos base. En empresas b¨¢sicas (Baz¨¢n, Pegaso, Hunosa y Metro de Madrid, entre otras) se han logrado consolidar, paralelamente, importantes derechos sindicales: asamblea, tiempo sindical, derechos de los comit¨¦s, t¨ªmidas secciones sindicales, entre otros. Ha sido una negociaci¨®n larga y compleja en la que han participado todos los sindicatos de clase y en la que se ha respetado (casi escrupulosamente) lo acordado en la Moncloa. Una negociaci¨®n en la que la CEOE a¨²n no estaba rodada. Una negociaci¨®n durante la que se han perdido 17.791.400 jornadas de trabajo menos que en 1976.Durante este a?o de 1978 se negociaron 1.814 convenios (cifra r¨¦cord), que afectaron a 4.096.491 trabajadores. Esta ¨²ltima cifra, sin embarao, es relativamente peque?a, si tenemos en cuenta que la poblaci¨®n ocupada asalariada en 1977 escend¨ªa a 8.948.300 personas, lo que quiere decir que m¨¢s de la mitad de los asalariados espa?oles carecen de convenio.

Otro detalle significativo, en la negociaci¨®n colectiva de 1978, es el escaso uso que empresarios y trabajadores hacen del posible recurso a la ortopedia estatal: s¨®lo 42 laudos, frente a 249 en 1976.

En estas condiciones trascurren los meses y la vigencia de los pactos de la Moncloa. El 28 de septiembre de 1978 se inician las famosas ?jornadas de reflexi¨®n? del vicepresidente Abril Martorell. intento ?torpe, confuso y ambiguo? -seg¨²n las centrales- de imponer unos pactos, cuando varias de las contrapartidas de tipo social previstas por los pactos de la Moncloa hab¨ªan quedado incumplidas. A los tres meses de las ?jornadas de reflexi¨®n?, que a nada conducen, el citado vicepresidente facilita a la prensa las propuestas econ¨®micas.

Propuestas econ¨®micas del Gobierno

Crecimiento del producto real: 4,5%. Tope salarial: 13%. Aumento de precios: 10%. Creaci¨®n de puestos de trabajo: 100.000- 150.000. D¨¦ficit presupuestario: 195.000 millones; 82.000 millones m¨¢s que en 1978 (funcionarios p¨²blicos, ayuntamientos, INI, programa de inversiones del Fondo de Acci¨®n Coyuntural y apoyo al empleo de la construcci¨®n). Tasa de disponibilidades l¨ªquidas: 17,5%. Crecimiento del cr¨¦dito al sector privado: 17,4%.

Un decreto que no agrada a nadie

El 27 de diciembre de 1978, tras la parodia de negociaciones entablada por Abril con patronal y sindicatos, el Bolet¨ªn Oficial del Estado publica un decreto-ley sobre pol¨ªtica de rentas y empleo: ?Con objeto de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores ( ... ), se establece como criterio de referencia para el crecimiento de la masa salarial ( ... ) un aumento del 13%?. Este incremento -contin¨²a el decreto- podr¨¢ oscilar entre el 11 y el 14%. Los criterios a seguir para situarse en uno u otro extremo de la banda son:a) Estabilidad en el empleo.

b) Nivel salarial del convenio en cuesti¨®n.

c) Incremento de la productividad y reducci¨®n del absentismo.

d) Situaci¨®n econ¨®mica de la empresa.

Por lo dem¨¢s, se conserva ¨ªntegramente la estructura de su aslendiente directo: el decreto-ley de 25 de noviembre de 1977 sobre pol¨ªtica salarial y empleo, manteniendo, en consecuencia, sus dos principales defectos:

- Imposibilidad de calcular la masa salarial bruta en los convenios de sector.

- Posibilidad de que los empre sarios se descuelguen de los convenios firmados.

La reacci¨®n de las fuerzas sociales ante la publicaci¨®n de este decreto no se hace esperar. ?La soluci¨®n parcial del decreto-ley no es la adecuada. Es el suced¨¢neo de una negociacion que nunca existi¨®, por falta de voluntad dec ldida del Gobierno y de las centrales sindicales?, afirma la ejecutiva de la CEOE en un comunicado difundido tras su reuni¨®n del 28 de diciembre.

CCOO y UGT, por su parte, responden conjuntamente, el d¨ªa 27 de diciembre, a la pretensi¨®n gubernamental: alzas salariales del 16%.

Otro problema: ?qui¨¦n debe negociar los convenios?

La indeterminaci¨®n jur¨ªdica existente contribuye asimismo a entorpecer la negociaci¨®n. Sigue vigente la ley de Convenios de 1973, cuyo art¨ªculo 9 establece: ?Los representantes sindicales en las comisiones deliberadoras para negociar los convenios colectivos ser¨¢n elegidos por las uniones de empresarios y las de trabajadores y t¨¦cnicos (...).? Pero ?d¨®nde est¨¢n en enero de 1979 las utet¨¦s del vertical?La composici¨®n de las comisiones deliberadoras se constituye, en consecuencia, como un motivo de permanente fricci¨®n. La falta de ley -de indiscutida urgencia- provocar¨¢ el enfrentamiento de las centrales en estos meses y ocasionar¨¢ a los empresarios alguna que otra huelga.

CCOO y UGT defienden la tesis de que s¨®lo deben negociar los sindicatos suficientemente representativos, fij¨¢ndose el m¨ªnimo de representatividad en el 10% de delegados del sector. Esta tesis es asumida, aunque no defendida en estos meses, por la Administraci¨®n y la CEOE. Los datos que se utilizan -suministrados por el Ministerio de Trabajo- son: CCOO, 66.540 delegados. UGT. 41.897: USO. 7.474; CSUT, 5.652; SU, 3.195; ELA-STV, 1.931; no afiliados, 23.725; no consta afiliaci¨®n, 35.000, y otras siglas, 7.698. Estas cifras suponen el 34,45% de los delegados para CCOO, el 21,69% para UGT y el 3,87% para USO.

Los sindicatos minoritarios, frente a la tesis de los hegem¨®nicos CCOO y UGT, alegan que al afectar el convenio a ?todos? los trabajadores y no s¨®lo a los ?afiliados?, deben ser todos los sindicatos los que negocien.

Lo cierto es que a la larga termina imponi¨¦ndose la tesis de CCOO y UGT, que se convierten en los verdaderos protagonistas durante la negociaci¨®n de 1979, acompa?ados de los restantes sindicatos exclusivamente en aquellos sectores en que aqu¨¦llos sumaban suficiente representaci¨®n.

La carencia de un marco jur¨ªdico no s¨®lo ha perturbado la composici¨®n de las mesas negociadoras, sino que ha entorpecido considerablemente las salidas en aquellos convenios en que no se lleg¨® a un acuerdo, produciendo situaciones extremadamente confusas, cuyo ejemplo m¨¢s reciente (y quiz¨¢ tambi¨¦n el m¨¢s costoso) ha sido la huelga de la hosteler¨ªa malague?a.

Un panorama extremadamente conflictivo

Todas estas carencias: falta de un marco jur¨ªdico, ausencia de acuerdos similares a los pactos de la Moncloa. necesidad perentoria de patronales y sindicatos de conseguir buenos convenios y demostrar efectividad de cara a sus afiliados y a la sociedad, constituyen un panorama extremadamente conflictivo a priori. Todo hace pensar, en base a estos datos objetivos, que el pa¨ªs va a vivir un invierno caliente.De haberse cumplido esta previsi¨®n, es dif¨ªcil imaginar la incidencia que largas huelgas y conflictos generalizados, coincidiendo en el tiempo con graves atentados terroristas, con la agudizaci¨®n de la crisis econ¨®mica y con el triple llamamiento a las urnas (refer¨¦ndum constitucional, legislativas y municipales), hubieran tenido sobre la precaria estabilidad de una democracia que acaba de nacer en Espa?a tras cuarenta a?os de dictadura.

Estas negras previsiones obraron, no cabe la menor duda, sobre patronal y sindicatos a la hora de establecer una estrategia para hacer frente a la negociaci¨®n inaplazable de los convenios, superar con imaginaci¨®n la ausencia de normas jur¨ªdicas, no defraudar a sus bases con los resultados obtenidos y contener a niveles asumibles por la s¨ªtuaci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica la conflictividad.

Sobre estas estrategias elaboradas por CCOO-UGT y por la CEOE, una vez descritas las condiciones generales que enmarcan este per¨ªodo y estas negociaciones, versar¨¢ la segunda parte de este informe, a la que suceder¨¢ un an¨¢lisis-balance sobre los convenios negociados, sus contenidos y conflictividad derivada.