M¨¢s de mil familias gitanas reclaman el derecho a vivir de la venta ambulante

M¨¢s de cincuenta gitanos que viven de la venta ambulante, ?en situaci¨®n necesariamente ilegal?, como ellos mismos reconocen, se han dirigido al gobernador civil de Madrid para solicitar que se .autoricen determinadas zonas libres y se detengan las acciones represivas mientras se resuelve el conflicto. Los vendedores ambulantes s e declaran dispuestos a pagar cuotas, en condiciones similares a las de los comerciantes estables, siempre que sea con arreglo al volumen de ventas.

Estas conclusiones forman parte de un amplio dossier elaborado en el transcurso de una asamblea celebrada la presente semana en el centro social de Villaverde, bajo los auspicios de la Asociaci¨®n de Desarrollo Gitano. Ante la imposibilidad de plantear el tema directamente ante el alcalde de Madrid, los vendedores ambulantes han decidido trasladar sus peticiones al gobernador civil.De acuerdo con el informe citado, cerca de 1.300 familias gitanas -unas 10.000 personas- viven actualmente en Madrid de la venta ambulante de retales, frutas y verduras, baratijas y recogida de chatarra. Este comercio se sit¨²a preferentemente en las zonas de Pan Bendito, Alegr¨ªa, Altamira, Celsa, Torregrosa, San Ferm¨ªn, Entrev¨ªas, Orcasur, Rancho del Cordob¨¦s, Vic¨¢lvaro y Villaverde.

Las familias afectadas se quejan de que el car¨¢cter ilegal de su actividad resulta poco menos que impuesto, ya que la negativa de cualquier autorizaci¨®n que les ampare les resulta vedada sistem¨¢ticamente por muy varias razones competencia desleal, obstaculizaci¨®n del tr¨¢fico-, sin que en ning¨²n caso se les haya dicho c¨®mo pueden legalizar su situaci¨®n sin renunciar por ello a la venta ambulante, que es su ¨²nico medio de vida.

Recoger chatarra, un servicio a la comunidad

En el caso espec¨ªfico de la recogida de chatarra, se insiste en que se trata de una actividad comercial que reporta beneficios a la comunidad, ya que retira de la circulaci¨®n art¨ªculos desechados, los reinserta si es posible en los circuitos comerciales a precios asequibles y, en ¨²ltima instancia, el material inservible es desguazado para entrar de nuevo en el proceso de producci¨®n.

Los gitanos afectados insisten en su decisi¨®n de continuar con la venta ambulante, que les resulta m¨¢s atractiva que cualquier otra alternativa laboral a la que pudieran recurrir. Ante estos hechos piden la reapertura de los antiguos mercadillos, siquiera sea dos veces por semana; el establecimiento de puestos temporeros de frutas y verduras, con unos determinados puntos de control sanitario, y el pleno reconocimiento de la recogida de chatarra. Todo ello dentro de una regulaci¨®n municipal de esta actividad y con la aceptaci¨®n de tasas por espacio ocupado, tiempo y volumen de negocio.

Al mismo tiempo que pretenden legalizar una situaci¨®n, los gitanos reclaman, como trabajadores por cuenta propia, alg¨²n tipo de convenio con la Seguridad Social, que les garantice la asistencia m¨¦dico-farmac¨¦utica en condiciones normales, sin la precariedad que tienen los servicios a los que les da derecho la cartilla de beneficencia, ¨²nico medio que tienen ahora mismo para recurrir a un centro sanitario.

La inclusi¨®n en la Seguridad Social tiene como prop¨®sito b¨¢sico la atenci¨®n de casos de invalidez, vejez, muerte, orfandad y viudedad, as¨ª como las prestaciones de ayuda familiar y asistencia social en las mismas condiciones que los asimilados al r¨¦gimen general.

Aclaraci¨®n

En relaci¨®n con el reportaje publicado en este peri¨®dico el pasado 24 de mayo sobre el desalojo de un poblado gitano situado en el paseo de Juan XXIII, la Asociaci¨®n de Desarrollo Gitano quiere puntualizar que el Ayuntamiento de Madrid no cumpli¨® su palabra de facilitar a los habitantes del poblado una vivienda, tal como les hab¨ªa prometido en 1975. Gerencia Municipal de Urbanismo entreg¨® a cada familia gitana la cantidad de 200.000 pesetas, en concepto de indemnizaci¨®n por el desalojo, realizado el 23 de mayo pasado, si bien la citada Asociaci¨®n quiere denunciar el incumplimiento de la aludida promesa municipal.