El diario "Arriba", de Madrid publicar¨¢ s¨®lo dos n¨²meros m¨¢s

Los trabajadores del peri¨®dico Arriba han decidido sacar dos n¨²meros m¨¢s de este peri¨®dico -el de hoy y el de ma?ana- a pesar de que el director, Alejandro Armesto, les comunic¨® ayer que pod¨ªan abandonar su trabajo y marcharse a sus casas tras conocer la decisi¨®n del consejo de administraci¨®n de Medios de Comunicaci¨®n del Estado de cerrar algunos peri¨®dicos de la cadena, entre ellos Arriba.A las diez de la noche, los trabajadores iniciaron una asamblea en la que informaron los miembros del comit¨¦ nacional sobre el contenido de la entrevista que mantuvieron por la tarde con el ministro de Cultura, Manuel Clavero. La misma asamblea que a la hora de cerrar esta informaci¨®n continuaba reunida en los locales del edificio Arriba decidir¨¢ qu¨¦ otro tipo de acciones desarrollar¨¢n ante las medidas del Gobierno.

El real decreto prev¨¦, en l¨ªneas generales, el derecho de los trabajadores a integrarse en la Administraci¨®n del Estado u optativamente a percibir la correspondiente indemnizaci¨®n en el caso de suspensi¨®n de algunos peri¨®dicos u otros medios de prensa adscritos al organismo Medios de Comunicaci¨®n del Estado. Este derecho de opci¨®n deber¨¢ ejercitarse en el plazo de dos meses a contar desde el momento en que se adopten las medidas de suspensi¨®n.

En los supuestos de que el personal decida integrarse en la Administraci¨®n del Estado, una comisi¨®n interministerial dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno se ocupar¨¢ de las adscripciones del personal que haya optado por incorporarse a la Administraci¨®n del Estado o a los diferentes organismos de la misma. El mismo Ministerio de la Presidencia podr¨¢ modificar las adscripciones del personal y determinar los organismos en los que presten sus servicios, siempre que no impliquen traslado forzoso de residencia. En cualquier caso, de los supuestos en los que el personal decida integrarse en la Administraci¨®n del Estado, ¨¦sta se subrogar¨¢ los derechos y obligaciones resultantes de la relaci¨®n de trabajo actualmente establecida.

El real decreto ser¨¢ igualmente aplicable en los supuestos de reestructuraci¨®n de plantilla de cualquier medio de prensa estatal.

Las primeras manifestaciones p¨²blicas por parte del Gobierno en contra de la existencia de una cadena estatal de prensa surgieron en 1977 de boca del entonces ministros de Informaci¨®n y Turismo, Andr¨¦s Reguera Guajardo, quien apunt¨® la necesidad de la privatizaci¨®n de la cadena.

Los trabajadores de la cadena se movilizaron y tras las presiones de los distintos grupos parlamentarios se consigui¨® en los pactos de la Moncloa la formaci¨®n de una subcomisi¨®n especial dentro de la Comisi¨®n de Cultura, que se ocupaba del estudio del tema junto con los trabajadores.

Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico prosigui¨® en su postura en contra de la continuidad de los medios del Estado y en 1978 insisti¨® en un informe en la necesidad de eliminar este tipo de prensa, ?ya que en una democracia pluralista no es congruente ni hay antecedentes en otros reg¨ªmenes democr¨¢ticos en el sentido de que el Estado sea titular de una cadena de peri¨®dicos?. A estas razones hay que a?adir las estrictamente econ¨®micas, ya que la cadena produce unas p¨¦rdidas anuales de m¨¢s de mil millones de pesetas.

Entre tanto, los trabajadores de la prensa del Estado presentaron un proyecto de regionalizaci¨®n que se basaba en una concepci¨®n de los peri¨®dicos p¨²blicos como patrimonio laboral y cultural del pueblo, de las diversas regiones y nacionalidades del Estado espa?ol. El Gobierno prepar¨®, por su parte, un proyecto de disoluci¨®n de la prensa del Estado en el que se contemplaba que los peri¨®dicos ser¨ªan puestos a disposici¨®n por este orden de los entes preauton¨®micos, diputaciones provinciales, ayuntamientos, cooperativas de trabajadores, y en ¨²ltimo t¨¦rmino ser¨ªan subastados.

El nuevo ministro de Cultura, Manuel Clavero Ar¨¦valo, anunci¨® en un almuerzo con los directores de peri¨®dicos de Madrid la imposibilidad de una prensa p¨²blica. Posteriormente, el d¨ªa 8 de junio, el secretario de Estado para la Informaci¨®n, Josep Meli¨¢, anunciaba el prop¨®sito del Gobierno de la eliminaci¨®n en una primera fase de los peri¨®dicos Arriba, Solidaridad Nacional y La Prensa.

A partir de este anuncio los trabajadores de los Medios de Comunicaci¨®n Social del Estado iniciaron una serie de acciones -asambleas permanentes, comunicados, publicaciones de dossiers- encaminadas a hacer imposible de llevar a la pr¨¢ctica las intenciones del Gobierno.

Postura de las centrales

Las centrales sindicales han reiterado ¨²ltimamente su posici¨®n en defensa del mantenimiento de los Medios de Comunicaci¨®n del Estado. Comisiones Obreras ?defiende y apoya la existencia? de estos medios, previo saneamiento de su estructura financiera, para garantizar los 4.000 puestos de trabajo y ?garantizar al conjunto social de 33 ciudades una voz no mediatizada por intereses privados y al servicio, pues, de los Gobiernos auton¨®micos, los municipios y el conjunto de las organizaciones sociales?. La Uni¨®n General de Trabajadores ?se ratifica en la defensa? de estos medios ?y rechaza todo intento liquidacionista por parte de UCD?.