La prensa del Estado
EL CIERRE de seis diarios y una agencia de prensa gubernamentales pertenecientes a los Medios de Comunicaci¨®n del Estado es motivo de reflexi¨®n sobre la actitud del Gobierno ante el fen¨®meno de la opini¨®n p¨²blica. Repetidas veces hemos se?alado la incongruencia de la existencia de una cadena de diarios con cargo al presupuesto p¨²blico regida desde la Administraci¨®n y sometida a sus dictados con la implantaci¨®n de un r¨¦gimen democr¨¢tico. La aspiraci¨®n de los partidos de izquierda a hacer convivir una cadena de prensa ?institucional? con los postulados del democratismo parlamentario, aun siendo en cierta medida algo coherente con el modelo de sociedad que proponen, resultaba del todo irrazonable en este caso concreto. El problema de la prensa de Estado era aqu¨ª una herencia del sistema de transici¨®n pol¨ªtica: la necesidad de dar salida al antiguo aparato de propaganda de la dictadura.Se ha tardado m¨¢s de tres a?os en comenzar a solucionar este problema, pese a las reiteradas voces que desde hace tiempo, y desde el seno de los propios Medios de Comunicaci¨®n del Estado, se levantaban para avisar de la necesidad de hacer algo al respecto. El primer paso de los dados opera con la fr¨ªa l¨®gica econ¨®mica: una empresa en p¨¦rdidas comienza a cerrar sus peores negocios. Nos parece bien. Pero nos parece mal c¨®mo lo ha hecho. No era necesario, de golpe y porrazo, comunicar la defunci¨®n de siete medios de informaci¨®n a sus trabajadores ni prolongar injusta y arbitrariamente el secreto sobre el destino del resto de la cadena. Era necesario, en cambio, abordar de frente la situaci¨®n, declarar la improcedencia del actual status jur¨ªdico de la prensa estatal, ofrecer los t¨ªtulos rentables a cooperativas de periodistas, organismos aut¨®nomos, diputaciones, etc¨¦tera. Acabar con la sangr¨ªa econ¨®mica -?por qu¨¦ ahora y no hace dos a?os, cabe preguntarse?- y, sobre todo, dar un trato m¨¢s digno a los trabajadores. Por lo dem¨¢s, no se ha resuelto el verdadero problema de fondo: hay que buscar una salida constitucional a los peri¨®dicos gubernamentales que a¨²n quedan y que obtienen beneficios o no son excesivamente onerosos, una salida que garantice la limpia competencia, la igualdad de oportunidades y el no abuso del erario p¨²blico en beneficio de la prensa estatal. El Gobierno ha empezado por lo m¨¢s f¨¢cil, por lo m¨¢s evidente, sin emprender un verdadero plan de reforma, sin buscar una salida pol¨ªtica a un problema pol¨ªtico en el que se dan ahora la mano, contra la UCD, los reci¨¦n llegados de la extrema izquierda y no pocos antiguos compinches de la extrema derecha.
La actitud de las centrales sindicales en este caso nos parece irracional. Es l¨®gico que defiendan el puesto de trabajo de sus afiliados, pero es il¨®gico que aspiren a convertir el despilfarro del Tesoro p¨²blico (en forma de propaganda del poder) en la instituci¨®n ideal para solventar sus problemas. Llevar la demagogia hasta el extremo de transformar al ¨®rgano oficial e hist¨®rico del fascismo espa?ol que fue Arriba en un intento panfletario de mala defensa de la democracia es reincidir en los sistemas recusables y condenables de otros ¨®rganos de prensa que utilizan desde la extrema derecha la libertad para combatirla. Los lectores de Arriba, los que quedaran, merec¨ªan, en definitiva, una mejor trayectoria hist¨®rica que la que les han deparado trabajadores y empresa desde que la democracia alumbr¨®. Arriba era el peri¨®dico de un partido pol¨ªtico, como lo fue toda la prensa del Movimiento. Este partido pol¨ªtico ten¨ªa y tiene derecho a existir y a continuar expres¨¢ndose. Lo que no pod¨ªa hacerlo era a costa del dinero de los contribuyentes. Estas cosas as¨ª dichas parecen bastante elementales. Pero si el Gobierno las hubiera aceptado desde un principio, se habr¨ªan evitado muchos males. Lo mismo que si la izquierda hubiera abandonado esa voracidad infantil, fruto del sue?o de la raz¨®n, de hacerse con un aparato propagand¨ªstico monol¨ªtico y raqu¨ªtico de credibilidad para tratar de ponerlo a su corriente. La libertad es el principio no respetado en toda esta historia, ni el derecho a los trabajadores a ser o¨ªdos en cualquier caso, y a acceder a la propiedad de los peri¨®dicos -si as¨ª lo hubieran querido- con las facilidades crediticias de rigor, pero acabando con el continuo despilfarro de los erarios p¨²blicos y con el dirigismo pol¨ªtico del poder en cualquiera de sus formas.
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