Una estrategia frente a la inflaci¨®n

Cinco a?os despu¨¦s del comienzo de la crisis econ¨®mica de 1974, apenas reducida la hiperinflaci¨®n que ha dominado todas las econom¨ªas, con cifras de paro que testimonian sus ¨²ltimos y m¨¢s dolorosos efectos, con sectores industriales irreparablemente da?ados por la crisis y a¨²n no reestructurados, vuelve a registrarse, en 1979, la segunda crisis del petr¨®leo. Un registro bruscamente anticipado en las fechas que era temido, pues se hab¨ªa descontado para mediados de los ochenta. Pues bien, cinco a?os antes de lo esperado y cinco despu¨¦s de abrirse la gran crisis de los setenta, ha llegado una nueva sacudida cr¨ªtica precipitada por los acontecimientos pol¨ªticos del Ir¨¢n. Unos acontecimientos que han producido cambios importantes en el escenario econ¨®mico con el que finalizaba 1978.Visto desde hoy, y para los pa¨ªses que formamos parte de la OCDE, 1978 fue un ejercicio favorable, dado lo que cabe esperar en un a?o que cae en tiempo de crisis econ¨®mica grave, profunda y mundial. El aumento de la producci¨®n se situ¨® en 3,5%, la inflaci¨®n se estabiliz¨® en tomo a 7/8%,y la mejora de la situaci¨®n exterior fue clara: saldo positivo de la balanza de pagos de los pa¨ªses de la OCDE y neta subida de cinco puntos en la relaci¨®n de precios de exportaci¨®n de la zona respecto de los de importaci¨®n. Todo estoy es hoy historia. La historia que ha precedido a los acontecimientos recientes: la OPEP ha demostrado desde el ejercicio de su poder de monopolio que los pa¨ªses de la OCDE no pueden realizar ganancias duraderas en la relaci¨®n de intercambio y ha dictado unos precios en 1979 que anulan gran parte -si no toda- de la ventaja conseguida en el a?o pasado: las restantes materias primas suben cinco puntos frente a ca¨ªdas de seis en 1978, por la mayor demanda y las limitaciones de la oferta. Acontecimientos que nos sit¨²an en la premisa de la ?crisis de los setenta?: el aumento de los precios de la energ¨ªa y las restantes materias primas, cimiento de la nueva inflaci¨®n y causante, al mismo tiempo -parad¨®jicamente-, de una ca¨ªda en el crecimiento econ¨®mico y de un aumento en las cifras de paro.

Esto explica que resignada y tristemente los pa¨ªses de la OCDE hayan revisado para 1979 sus previsiones de inflaci¨®n dos puntos arriba y sus esperanzas de crecimiento casi dos puntos abajo, mientras se disponen a alargar sus pobladas cifras de parados.

La inflaci¨®n espa?ola antes y despu¨¦s de la segunda crisis del petr¨®leo

Espa?a no es diferente, aunque oficialmente el Gobierno siga aferrado a¨²n a sus imposibles previsiones del programa de diciembre de 1978. Hoy, tras la segunda crisis petrol¨ªfera, sabemos que el PIB no puede crecer a la tasa prometida del 4,8 %, que cualquiera que sea el optimismo que se profese sobre el comportamiento de la econom¨ªa espa?ola -a corto o a largo plazonadie puede creer que la inversi¨®n crezca en un 8,4% en 1979, como afirma el cuadro de objetivos vigente desde la pol¨ªtica econ¨®mica y que los precios no van a limitarse a ese 10% de aumento. en diciembre 1979 sobre diciembre 1978 o al aumento medio del 12,4% de 1979 que sigue mostrando el programa, todav¨ªa sin corregir, del Gobierno.

Ciertamente esos objetivos de crecimiento econ¨®mico y de inflaci¨®n los hubieran hecho imposibles los nuevos datos de la segunda crisis petrol¨ªfera en la que hemos entrado en la mitad de 1979.... si es que antes no hubiesen sido -como ya lo eran- altamente improbables, merced a las debilidades mostradas por la propia pol¨ªtica econ¨®mica en su lucha contra la inflaci¨®n. Debilidades que arrancaban de la pol¨ªtica de rentas definida para 1979 y las condiciones en que se realiz¨® esa definici¨®n. La falta de un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios dej¨® como ¨²nica alternativa la negociaci¨®n de cada convenio sobre unos criterios salariales de referencia establecidos unilateralmente por el Gobierno que habr¨ªan de originar m¨²ltiples conflictos. Se ignoran hoy las tasas de aumento de la masa salarial efectivamente pactados, aunque predomine la opini¨®n de que la banda superior del 14% ha sido la m¨¢s frecuentada, con desbordamientos en muchos casos de ese l¨ªmite. A la carga inflacionista de esa pol¨ªtica de rentas debe a?adirse el recimiento constante -d¨ªa a d¨ªa- del d¨¦ficit del sector p¨²blico, un d¨¦ficit improvisado y no programado, consecuencia de un crecimiento muy superior al inicialmente previsto para los gastos de consumo y una ca¨ªda en la potencia recaudatoria del sistema tributario, en especial de la imposici¨®n indirecta. Si a estos dos sumandos se a?ade el crecimiento del excedente exterior y las dificultades -y los retrasos- de la pol¨ªtica monetaria para ajustarse a los objetivos previstos en 1979 respecto del crecimiento de la cantidad de dinero se tendr¨¢n las causas que explican el rebrote de las expectativas alcistas en los precios por parte de consumidores y empresarios y la quiebra en el mes de mayo de la tendencia decreciente mantenida durante veinte meses de los precios de consumo (agosto de 1977/abril de 1979). Acontecim¨ªentos todos ellos anteriores a los nuevos datos de la crisis energ¨¦tica.

Para favorecer una mayor estabilidad y disminuir la carga inflacionista de la pol¨ªtica econ¨®mica de 1979 han estado la apreciaci¨®n del tipo de cambio de la peseta, el buen comportamiento de los precios agrarios siguiente a las excelentes cosechas de 1978, el car¨¢cter de buen a?o agr¨ªcola con el que se iba configurando mes a mes 1979, y las intervenciones mantenidas en los precios de determinados bienes y servicios. Factores importantes pero incapaces de compensar por mucho tiempo el potencial inflacionista que acumulaban el crecimiento de los costes del trabajo, la escasa productividad del gasto p¨²blico, el creciente d¨¦ficit del sector p¨²blico y la forma de su financiaci¨®n, y el excedente, en fin, de la balanza de pagos.

Sobre la situaci¨®n preinflacionista creada por estas caracter¨ªsticas de la pol¨ªtica econ¨®mica han descargado su golpe contundente los nuevos precios del petr¨®leo y los mayores precios de las materias primas que han dado pie a la ¨²ltima semana inflacionista que acabamos de vivir. Una semana singular, con decisiones importantes de pol¨ªtica econ¨®mica que habr¨¢n de registrar en los meses que vienen el ¨ªndice de precios de consumo y las tasas de desarrollo de la econom¨ªa.

Decisiones sobre precios

La primera decisi¨®n sobre los precios ha reca¨ªdo en los productos energ¨¦ticos. El Gobierno ha decidido repercutir las elevaciones decretadas por la OPEP, abandonando la idea oficialmente mantenida hasta hace muy poco tiempo de que la apreciaci¨®n del tipo de cambio pod¨ªa compensar esta subida. El criterio de ajustar los precios de la energ¨ªa a sus variaciones relativas, olvidando su posible correcci¨®n por la mejora del tipo de cambio, es acertada. Como afirma con verdad y contundencia el reciente informe anual del Banco de Espa?a: ?Espa?a no puede eludir el ajuste de precios relativos que impone la escasez de la energ¨ªa si ha de contener el consumo energ¨¦tico de modo que ¨¦ste no se convierta en un l¨ªmite estricto a sus posibilidades de crecimiento y si ha de asumir las transformaciones en las formas de producci¨®n y de vida que impone la energ¨ªa cara.? Este principio realista y duro para gobernar los precios de los productos energ¨¦ticos exige clarificar con el mayor detalle las repercusiones en los distintos productos de los mayores precios en origen y diferenciar en esos precios mayores lo que son precios y lo que son impuestos. Si los espa?oles debemos pagar la energ¨ªa m¨¢s cara, es preciso que conozcamos lo que sus precios incorporan.

Y es preciso tambi¨¦n que la correcci¨®n de los precios de los productos y servicios que se ajusten a los nuevos precios de la-energ¨ªa lo hagan con la mayor disciplina en el margen preciso que autorizan sus incorporaciones de energ¨ªa, evitando que para justificar las alzas se utilicen afirmaciones generales e inaceptables que emplean como todo argumento la autoafirmaci¨®n no probada de su escaso o reducido impacto sobre el ¨ªndice de precios de consumo.

El clima general de elevaciones de precios que se ha creado en la ¨²ltima semana al haber coincidido con las alzas de precios de productos energ¨¦ticos otras modificaciones de largo tiempo aplazadas en productos intervenidos no deber¨ªa hacernos olvidar que el mantenimiento de las menores tasas de inflaci¨®n compatibles con la nueva estructura de precios relativos de la energ¨ªa y materias primas constituye un objetivo fundamental de la pol¨ªtica econ¨®mica espa?ola o, dicho en otros t¨¦rminos, que definir una estrategia antiinflacionista es una exigencia prioritaria para superar la crisis econ¨®mica. Estrategia que debe atender a las causas b¨¢sicas que impulsan la nueva inflaci¨®n tratando de afrontarlas con una pol¨ªtica econ¨®mica gradualista en sus fines, perseverante en su actuaci¨®n e integrada en los medios utilizados.

El primer elemento de esta estrategia inflacionista se halla, sin duda, en concretar un horizonte de precios que sea compatible con las elevaciones ya autorizadas y con las modificaciones de los acontecimientos previsibles en lo que resta de a?o que deben repercutir sobre el ¨ªndice de precios de consumo. Contar con una pauta a la que deben ajustar su recorrido los precios constituye un requisito previo para definir una pol¨ªtica econ¨®mica que trate de alcanzar esos objetivos. Esa tasa-objetivo de la inflaci¨®n para el a?o actual desborda claramente las previsiones econ¨®micas del Gobierno realizadas el pasado mes de diciembre: ni el 10% previsto para el crecimiento diciembre 79/ diciembre 78, ni el 12,4% como promedio anual del crecimiento de los precios para el 79 eran objetivos alcanzables, dada la pol¨ªtica econ¨®mica antiinflacionista seguida con anterioridad a la segunda crisis del petr¨®leo. Hoy esos objetivos son a¨²n m¨¢s distantes por la elevaci¨®n de los precios interna cionales. Cualquier c¨¢lculo de la elevaci¨®n previsible de precios de be tener en cuenta que el mes de julio incorporar¨¢ ya -por las subidas decretadas en los precios de los productos energ¨¦ticos-, al menos un impacto de 1,11 puntos, que es el aumento directo que se sigue de las elevaciones de productos que intervienen directamente en el IPC: butano, combustible para calefacci¨®n y gasolina. A esta elevaci¨®n directa deben a?adirse las alzas indirectas y m¨¢s diferidas en el tiempo ocasionadas por la energ¨ªa y que una creencia muy generalizada estima en valores pr¨®ximos a otro 1%. A esas varia ciones habr¨¢n de a?adirse las de los, productos y servicios que se han au torizado subir durante la ¨²ltima se mana. Teniendo en cuenta todas estas presiones y las contenidas en el potencial inflacionista de la pol¨ªtica econ¨®mica practicada durante los seis primeros meses del a?o, no resulta exagerado el situar como un objetivo exigente para el crecimiento de los precios de consumo en el a?o la tasa del 15,5-16,5%. En cualquier caso, sea ¨¦ste u otro el objetivo de los precios, lo que no resulta admisible es continuar con un objetivo de crecimiento de los precios que nunca ha estado avalado por la pol¨ªtica econ¨®mica antiinflacionista efectivamente aplicada y que es claramente incompatible con la suma de decisiones adoptadas por el Gobierno en la ¨²ltima e intensa semana inflacionista.

Cinco frentes de la pol¨ªtica antiinflacionista

Fijado el objetivo de precios, cinco son los frentes en que la pol¨ªtica antiinflacionista tendr¨ªa que concretar su atenci¨®n:

1. La elevaci¨®n de los precios internacionales. Las alzas de los precios de la energ¨ªa y de las materias primas constituyen el m¨¢s importante, pero no el ¨²nico ejemplo a trav¨¦s del cual los precios internacionales condicionan la inflaci¨®n interna. Es evidente que no cabe adoptar ante todas las variaciones de los precios exteriores la misma actitud. Existen elevaciones de precios exteriores que por responder a escaseces internas importantes deben aceptarse por la pol¨ªtica econ¨®mica. Tal es el caso de la energ¨ªa y de otras materias primas estrat¨¦gicas. Sin embargo, en otros productos la pol¨ªtica del tipo de cambio, las modificaciones arancelarias a la baja, la eliminaci¨®n de rigideces en los mercados de productos importados constituyen medios a los que una pol¨ªtica econ¨®mica no puede en manera alguna renunciar. En especial, el mantenimiento de un tipo de cambio que,acepte las responsabilidades que le ¨ªncumben como instrumento de pol¨ªtica antiinflacionista resulta de especial relevancia.

Durante la, segunda mitad de 1978 y principios de 1979 el efecto calmante del coste en pesetas de los aprovisionamientos exteriores conseguidos por la apreciaci¨®n del tipo de cambio ha desempe?ado un papel importante que no deber¨ªa perderse en el futuro inmediato. Por lo dem¨¢s, y en lo que respecta a los productos energ¨¦ticos, a las materias primas estrat¨¦gicas y a los productos agroalimentarios, deber¨ªa acentuarse la importancia de plantear la batalla antiinflacionista en el lado de la oferta. Ninguna necesidad m¨¢s apremiante para estabilizar los precios espa?oles que la de definir claros programas ejecutados resueltamente que tiendan a disipar las vacilaciones que hoy rodean a la energ¨ªa, a lanzar unos programas para aprovechar ¨ªntegramente nuestras dotaciones de materias primas y nuestras favorables oportunidades en el sector del agroalimentaci¨®n.

2. El crecimiento de los salarios reales en relaci¨®n con la productividad y el crecimiento de la renta nacional real. La experiencia reciente muestra c¨®mo en todos los pa¨ªses, y especialmente en Espa?a, la inevitable ley de empobrecimiento relativo impuesta por la elevaci¨®n de los precios internacionales de la energ¨ªa y las materias primas no se ha aceptado socialmente con pasividad. Todos los grupos sociales han procurado defender el crecimiento de su consumo y de su nivel de vida como si nada hubiera ocurrido, como si la crisis no estuviera dolorosamente presente en las distintas econom¨ªas nacionales. Los distintos grupos sociales, para preservar sus niveles de vida y defenderlos de la desfavorable relaci¨®n precios internacionales- precios internos, han anticipado decisiones de mayores rentas y precios que han estado dispuestos a defender utilizando para ello al m¨¢ximo su capacidad de agresi¨®n contra la paz civil. Ning¨²n grupo social est¨¢ dispuesto hoy a sacrificar el nivel de vida alcanzado ni su crecimiento futuro, por muy imperativas que sean las condiciones internacionales que se lo pidan, y al servicio de esas pretensiones, inconsecuentes con los datos econ¨®micos, pone toda la fuerza econ¨®mica, social o pol¨ªtica de que pueda disponerse. Naturalmente que al comportarse as¨ª lo que la conducta de los distintos grupos sociales provoca es una elevaci¨®n generalizada de costes y precios que se superpone a la ocasionada por los nuevos precios internacionales. Este comportamiento socioecon¨®mico genera una inflaci¨®n que constituye en todos los pa¨ªses el efecto m¨¢s temido, siguiente a los empeoramientos de la relaci¨®n real de intercambio, impulsados por el alza del precio de la energ¨ªa y de las materias primas.

Cuando se observa la realidad espa?ola hay razones importantes para destacar la gravedad de esta circunstancia. El gr¨¢fico 2 muestra al lector claramente c¨®mo la crisis energ¨¦tica se ha traducido en nuestro pa¨ªs en una escalada de los salarios reales, que se han despegado claramente de los crecimientos de la productividad y de las tasas de desarrollo de la renta real. De esta manera, los costes salariales han pesado cada vez m¨¢s en los costes totales de producci¨®n, y han disputado y conseguido una parte creciente en la renta nacional total. Este crecimiento de la participaci¨®n de los salarios en la renta, logrado merced a movimientos alcistas a corto plazo de los salarios, ha ocasionado una disminuci¨®n en el excedente empresarial del que se han resentido las inversiones cuya ca¨ªda en el PIB, desde un 23 % hasta un 19%, es uno de los datos m¨¢s graves que ofrece la econom¨ªa espa?ola tras de la crisis, por cuanto se traduce en menores cifras de empleo y menores crecimientos de la productividad. Como puede comprobarse por el gr¨¢fico 1, este proceso no ha tenido en otras econom¨ªas de la OCDE la misma intensidad y signo que en Espa?a. La ca¨ªda de la renta nacional real siguiente a la crisis 1974-1975 y el crecimiento de los salarios reales y sus valores marchan acompasados desde el a?o 1976, mientras el desarrollo de la productividad crece a un mayor ritmo.

Las divergencias entre el abanico espa?ol de salarios, productividad y renta y el de la OCDE muestra la importancia que para definir una estrategia antiinflacionista tiene una pol¨ªtica de contenci¨®n responsable de la rentas del trabajo. Conseguir este objetivo es quiz¨¢ la meta m¨¢s dif¨ªcil entre las de la pol¨ªtica econ¨®mica actual. Una pol¨ªtica de rentas asistida por una pol¨ªtica de contenci¨®n de demanda puede lograr, contando con el apoyo de los distintos grupos pol¨ªticos y sociales, efectos importantes, como demuestran los resultados de los acuerdos de La Moncloa. Es claro que la gran necesidad de la estrategia antiinflacionista -indispensable para salir de la crisis- reside en asentar el convencimiento social de que un comportamiento responsable de las rentas'es una palanca de primer orden para sacar al pa¨ªs de la crisis. Una pol¨ªtica constructiva en este campo tendr¨ªa que mirar hacia adelante en un plazo superior al a?o para fijar unas pautas de comportamiento que tuviesen consecuencias duraderas sobre la reducci¨®n del proceso infiacionista. Pero si este acuerdo no fuese posible, es preciso defender a todo trance un comportamiento disciplinado de las rentas y el costoso mecanismo de seguridad se llama, en este caso, el anuncio de una pol¨ªtica monetaria mantenida con firmeza para mantener un crecimiento de las rentas compatible con la estabilidad de precios. Esta alternativa estabilizadora ser¨¢ costosa en t¨¦rminos econ¨®micos y sociales, pues habr¨¢ de afectar a los crecimientos de la producci¨®n, y de ah¨ª la necesidad de insistir sobre la primera alternativa expuesta.

3. Crecimientos de costes no salariales. Los costes de trabajo tienen en las partidas de la Seguridad Social un efecto amplificador importante, y el uso inadecuado de los recursos tiene en los gastos de la Seguridad Social muchas econom¨ªas necesarias que ganar. Si la pol¨ªtica antiinflacionista no incorpora modificaciones fundamentales en estos dos frentes de la Seguridad Social, resultar¨¢ muy dif¨ªcil creer en que el Gobierno intente afrontar seriamente los graves peligros del alza de precios. Es este un sector en que se espera una respuesta largamente demorada. El hecho de que las cifras hist¨®ricas de la Seguridad Social hayan incumplido todos los compromisos, incluso los pactados, como demuestra el crecimiento de las cotizaciones sociales en 1978, situadas en el 26,8%, muy por encima del 18 % acordado en los pactos de la Moncloa, y la creciente y acelerada marcha del d¨¦ficit de la Seguridad Social prueban hasta qu¨¦ punto el Gobierno tiene obligaciones prioritarias que cumplir y lugar donde demostrar la energ¨ªa de sus decisiones.

4. D¨¦ficit del sector p¨²blico. Desde todas las instancias sociales se ha venido acentuando la importancia que para la pol¨ªtica econ¨®mica espa?ola tiene el conseguir un control del d¨¦ficit del sector p¨²blico y una financiaci¨®n no inflacionista del mismo, y no es menos cierto -como ha recordado recientemente el ministro de Hacienda- que tambi¨¦n desde todas las instancias sociales el sector p¨²blico se ve acosado para gastar m¨¢s, para gravar menos y, en definitiva, para endeudarse m¨¢s. Esta contradicci¨®n entre lo que la sociedad pide p¨²blicamente y lo que en los pasillos y en los despachos del poder diariamente reclama al sector p¨²blico constituye una de las caracter¨ªsticas m¨¢s importantes en las que se manifiesta la inflaci¨®n que vivimos. No cabe duda de que el sector-p¨²blico puede ser un factor importante para utilizar sus gastos y sus ingresos con el fin de salir de la crisis econ¨®mica. Pero estos gastos y estos ingresos deben programarse, deben ser queridos por la pol¨ªtica fiscal y aprobados por la representaci¨®n parlamentaria, y no aceptados por ¨¦sta siguiendo una pol¨ªtica de hechos consumados, que viene a reconocer, finalmente, abandonos o despilfarros en la administraci¨®n de los recursos p¨²blicos. El gobernador del Banco de Italia, Paolo Baffi, ha advertido recientemente que lo peor del d¨¦ficit p¨²blico italiano no es su enorme cuant¨ªa -a pesar de ascender a ?m¨¢s de un 12% del PNB!-, sino el despilfarro de recursos a que autoriza su realizaci¨®n. Para nuestra fortuna, el menor d¨¦ficit del sector p¨²blico -un 3,5% del PNB- tiene los mismos defectos, en cuanto que no favorece la mejor administraci¨®n de los recursos y, sobre todo, tiene el inmenso peligro, si no se controla inmediatamente, de gravitar hacia el d¨¦ficit italiano y de recorrer ese camino acumulando los despilfarros y generando con ellos m¨¢s inflaci¨®n. Es preciso fijar una norma que limite dr¨¢sticamente el crec¨ªmiento del d¨¦ficit del sector p¨²blico, de forma que se congele su nivel actual y no se consienta m¨¢s aumento del mismo que el que autoricen los crecimientos de la presi¨®n tributar¨ªa y la utilizaci¨®n, sin comprimir el cr¨¦dito al sector privado, del aumento de las disponibilidades l¨ªquidas. Esta norma deber¨ªa establecerse para el ejercicio de 1980, despu¨¦s de que el pa¨ªs conociese la cifra verdadera y actual del d¨¦ficit del sector p¨²blico. Una informaci¨®n imprescindible, y de la que hoy no se dispone.

5. El nivel de la Inflaci¨®n y las expectativas inflacionistas. Toda inflaci¨®n es un proceso con vida propia. Esto es, un proceso que est¨¢ dotado de un elemento apreciable de inercia en virtud del cual la inflaci¨®n del pasado tiende a crear inflaci¨®n en el futuro. La magnitud de la propia inflaci¨®n presente genera expectativas de crecimiento futuro de los precios, y de ah¨ª la importancia de no aceptar pasivamente las alzas de la inflaci¨®n actual bajo el pretexto de que ser¨¢n corregidas por una pol¨ªtica antiinflacionista en el futuro. La mejor forma de estabilizar los precios en el futuro consiste en disminuir el grado de inflaci¨®n en el presente. Y esa disminuci¨®n requiere integrar todas las piezas que deben formar parte de la estrategia antiinflacionista para definir una pol¨ªtica comprometida p¨²blicamente con el pa¨ªs. Sin ese compromiso p¨²blico, la pol¨ªtica antiinflacionista vale muy poco, porque sus objetivos se modificar¨¢n diariamente ante la dificultad de conseguirlos, y se retroceder¨¢ claramente en el frente de los precios. Se ha afirmado en muchas ocasiones que la publicidad y la informaci¨®n general de las decisiones es al sector p¨²blico lo que la competencia al sector privado: una asc¨¦tica para ganarse la credibilidad de la sociedad en el desempe?o de ¨ªus funciones. De ah¨ª que la mejor manera de romper las expectativas alcistas y de crear el clima necesario de estabilizaci¨®n de precios sea que cuanto antes el Gobierno defina un objetivo de precios e indique qu¨¦ actitudes piensa mantener frente a las elevaciones de materias primas y productos estrat¨¦gicos, cu¨¢l va a ser su pol¨ªtica del tipo de cambio, cu¨¢l su pol¨ªtica de oferta en cuanto a energ¨ªa, materias primas esenciales y productos agro alimenticios, cu¨¢l su pol¨ªtica de rentas, en qu¨¦ va a Consistir su pol¨ªtica presupuestaria y de financiaci¨®n de la Seguridad Social, cu¨¢les van a ser los objetivos de la pol¨ªtica monetaria, cu¨¢les los elementos de modificaci¨®h de los mercados y de ampliac¨ª¨®n de la competencia. Con estos datos en la mano, el ciudadano podr¨¢ saber si la pol¨ªtica econ¨®mica concede a la inflaci¨®n la prioridad que debe o si, por el contrar¨ªo, la se¨ªnana inflacionista que hemos vivido por sucesivas elevaciones de precios -en algunos casos plenamente justificadas- habr¨¢ de proseguirse en meses pr¨®ximos llev¨¢ndose por delante el esfuerzo acumulado durante veinte largos meses para reducir la inflaci¨®n, el primer mal en que la crisis econ¨®mica se manifiesta, y sin cuyo remedio nada puede hacerse por superarla.