La libertad expulsada

MIENTRAS LOS personajes y personajillos del mundo pol¨ªtico se perecen por salir en las p¨¢ginas de los peri¨®dicos y revistas -y no digamos de la TV, frente a la cual se marchitan todas las dignidades-, los funcionarios y agentes del segundo nivel siguen mirando al periodista con toda suerte de reticencias, cuando no con franca suspicacia. Los periodistas se bandean con la mejor de sus complacientes esquizofrenias entre la comida del ministro y el culatazo del agente de turno,Al fin y al cabo siempre ha sido as¨ª. Dos hechos llaman, sin embargo, la atenci¨®n sobre el m¨¢s reciente tratamiento del Gobierno espa?ol a periodistas. Hace unas semanas el holand¨¦s Jan Keulen fue expulsado de nuestro territorio por publicar en su peri¨®dico, De Volkskrant, una informaci¨®n aventurada y sin pruebas, en la que acusaba a miembros de la polic¨ªa de alg¨²n tipo de complicidad en el asunto de California 47. Ahora ha sido el fot¨®grafo de prensa chileno Tadeusz Gedmin Malinowsky quien ha sido expulsado de nuestro pa¨ªs por intentar fotografiar, en la habitaci¨®n de la ciudad sanitaria Francisco Franco, al diputado Gabriel Cisneros, gravemente herido en un reciente y criminal atentado. El compa?ero y colega que le condujo en su coche a las cercan¨ªas del hospital, Guillermo Armengol Antonio, al ser nacional -y, por tanto, inexpulsable- ha sido multado -lo mismo que el fot¨®grafo- con medio mill¨®n de pesetas. Estos hechos son todo un s¨ªntoma preocupante de c¨®mo entiende la Administraci¨®n sus deberes y derechos con relaci¨®n a la prensa, tanto nacional como extranjera.

Si el periodista holand¨¦s public¨® una noticia falsa es necesario un proceso o un sumario judicial que as¨ª lo establezca, y en el que se oiga a las partes afectadas. Lo esencial en la democracia es garantizar el derecho a ser o¨ªdo que tiene todo acusado. El periodista holand¨¦s no recibi¨® rectificaci¨®n alguna por parte de las autoridades espa?olas, que han aplicado en estos casos que comentamos las m¨¢s depuradas t¨¦cnicas estalinistas. Es el poder judicial y no el ejecutivo el que tiene que sancionar los abusos de la libertad. Donde el ejecutivo es omnipotente no hay prensa libre y, por consiguiente, tampoco democracia.

La expulsi¨®n del fot¨®grafo chileno y la multa que le ha sido impuesta, as¨ª como a su colega espa?ol, entra ya en el terreno de la m¨¢s clara arbitrariedad y linda con un brote de xenofobia que frente al exilio latinoamericano deno tan los funcionarios. No es posible desconocer el derecho inviolable a la vida privada y el respeto que se debe a un ser humano herido gravemente en un atentado. Y es perfectamente l¨®gico que se quiera defender el derecho a la intimidad del periodista, antes que diputado, Gabriel Cisneros. Pero un fot¨®grafo de prensa est¨¢ profesional mente obligado a intentar obtener el testimonio gr¨¢fico de la noticia que busca. Y si se ha decidido impedirlo, la misi¨®n de la Administraci¨®n es, desde luego, esa: pero impedirlo no es expulsar al fot¨®grafo, sino vigilar y guar dar la habitaci¨®n del herido. La falta profesional es la de los encargados de esta vigilancia. Al fin y al cabo, una fotograf¨ªa -esto es, la verdad- nunca ha matado a nadie. Pero ahora, en lugar de apresar a los terroristas se multa o expulsa a los periodistas. La historia es de las de Carrero Blanco.

La expulsi¨®n de un s¨²bdito extranjero, en principio, debiera ser decretada por el poderjudicial, tras el correspondiente expediente y proceso. La legislaci¨®n espa?ola sobre extranjer¨ªa es complicada, obsoleta, xen¨®foba y arbitraria; los tr¨¢mites para obtener permiso de residencia son largos, complejos, repletos de cortos plazos, de servidumbres lastimosas y de multas repetidas, y ni siquiera los c¨®nyuges extranjeros de ciudadanos espa?oles se libran de todas estas trabas, que pasan por colas infamantes, por despachos mugrientos y galdosianos y por funcionarios altivos y desde?osos que tratan a los extranjeros como ciudadanos de segunda categor¨ªa. Como el poder de la Administraci¨®n -del Ministerio del Interior en este caso- es total e incontrolado, la situaci¨®n no puede ser peor.

Y todo ello se une a la campa?a de xenofobia que sufren estos a?os m¨¢s que nadie los ciudadanos latinoamericanos que han llegado a nuestra patria -que, en principio, debiera tambi¨¦n ser suya- en busca de un asilo, al que pensaban tener cierto derecho. Sesenta mil latinoamericanos han arribado a nuestras costas tras las terribles resacas provocadas por la implantaci¨®n sangrienta y cruel de reg¨ªmenes dictatoriales en Am¨¦rica Latina, especialmente en el Cono Sur. Y frente a la generosidad con que aquel continente ha acogido hist¨®ricamente a las sucesivas oleadas de emigrantes y exiliados pol¨ªticos espa?oles, a los que su propio pa¨ªs expuls¨® de su seno, Espa?a se muestra con esta emigraci¨®n latinoamericana con una reticencia y taca?er¨ªa que nos hace enrojecer de verg¨¹enza.

Normas legales que se incumplen, multiplicaci¨®n de trabas administrativas, ¨®rdenes de expulsi¨®n fulminantes y arbitrarias, todo eso es administrado cuidadosamente sobre las cabezas de estos latinoamericanos, am¨¦n de una sutil campa?a de intoxicaci¨®n cada vez m¨¢s insidiosa, y que lo mismo aprovecha el que cualquier raterillo o ladr¨®n de coches sea latinoamericano o chileno un osado fot¨®grafo de prensa para subrayar su nacionalidad. con grandes alharacas.

En definitiva, hay que preguntarse si estas dos expulsiones que comentamos marcan el comienzo de una actividad inquisitorial del Gobierno espa?ol, con desprecio de las atribuciones de los jueces sobre la libertad de expresi¨®n. Para no recordar que la ¨²nica manera de dar contestaci¨®n cumplida a los excesos de un corresponsal holand¨¦s o a la audacia de un fot¨®grafo chileno es descubrir y detener a los autores del criminal atentado contra California 47 o contra Gabriel Cisneros. Hechos sobre los que, por cierto, el Gobierno no parece encontrarse, por el momento, muy informado.