Joaqu¨ªn Leguina: "UCD comienza a aceptar las ventajas de la autonom¨ªa fiscal municipal"
El decreto-ley sobre Medidas Urgentes de Financiaci¨®n para los ayuntamientos, aprobado ayer en Consejo de Ministros, contempla una serie de disposiciones que incrementar¨¢n las arcas de las haciendas municipales en unos 35.000 millones de pesetas, de los que al Ayuntamiento de Madrid corresponder¨¢n unos 5.000 millones. El decreto es el resultado de las negociaciones (muy duras, en expresi¨®n del delegado de Hacienda municipal, Joaqu¨ªn Leguina) entre el PSOE y UCD, en las que no han intervenido los comunistas.
Las negociaciones partieron a ra¨ªz de la reuni¨®n mantenida en Valencia por veinte alcaldes de las mayores ciudades espa?olas, hace unas semanas. De dicha reuni¨®n surgi¨® el mandato para que los alcaldes de Madrid y Barcelona se encargaran directamente de las gestiones ante el Gobierno. Las negociaciones se celebraron entre Narcis Serra, alcalde de Barcelona, Joaqu¨ªn Leguina y Baltasar Aymerich, responsables de Hacienda en Madrid, por parte del PSOE, y Abril Martorell, Antonio Font¨¢n y Jaime Garc¨ªa A?overos, por el Gobierno de UCD.Seg¨²n explicaron los se?ores Aymerich y Leguina en una rueda de prensa celebrada ayer, el acuerdo se interpreta como una posici¨®n del partido del Gobierno de abrir la mano y facilitar el ejercicio de una cierta autonom¨ªa fiscal municipal, lo que no quiere decir que UCD no se vea favorecido tambi¨¦n. En efecto, si los ayuntamientos ejercen una mayor presi¨®n fiscal y consiguen reducir los d¨¦ficit de las haciendas locales, se reduce paralelamente el d¨¦ficit p¨²blico a nivel estatal, lo que aliviar¨¢ la dif¨ªcil situaci¨®n econ¨®mica del pa¨ªs, problema que le corresponde solventar principalmente al partido del Gobierno.
El se?or Aymerich insisti¨®, por otra parte, en recalcar que el acuerdo se ha conseguido a nivel de partidos, entre socialistas y ucedistas. Preguntado sobre si la exclusi¨®n de los comunistas de las negociaciones no podr¨ªa producir cierto resquemor, respondi¨® en el sentido de que el PSOE mantiene el pacto a nivel municipal, pero que eso no coarta su actuaci¨®n a otros niveles, que debe ejercitar en virtud de su protagonismo pol¨ªtico como mayor partido de la Oposici¨®n.
Suben los impuestos
Entre las medidas fiscales m¨¢s importantes recogidas en el decreto figura la actualizaci¨®n del catastro de inmuebles y la supresi¨®n de una serie de exenciones que afectan tambi¨¦n a las viviendas de protecci¨®n oficial. Se crear¨¢ un consorcio, en el caso de Madrid y Barcelona, para que el control del pago de la contribuci¨®n urbana se lleve conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento. Se espera que las nuevas imposiciones permitan recaudar unos 1.700 millones de pesetas. Una cantidad similar significar¨ªa la participaci¨®n en la subida de la gasolina, cifrada en dos pesetas por litro.En cuanto a las licencias fiscales industriales, el decreto contempla una subida del 35% al 70%, con posibilidades de llegar hasta el 100%. En pesetas, la modificaci¨®n fiscal supondr¨¢ unos trescientos millones anuales. Tambi¨¦n el impuesto de radicaci¨®n de industrias, comercios, etc¨¦tera, experimentar¨¢ una importante subida, que permitir¨¢ la recaudaci¨®n de unos mil millones. Los profesionales liberales (abogados, artistas, etc¨¦tera) tendr¨¢n que pagar por el ejercicio de su actividad, cosa que suced¨ªa en todas las ciudades espa?olas menos en Madrid. En este caso, los beneficios municipales ascender¨¢n a unos veinte millones. Por ¨²ltimo, el decreto tiende a frustrar las pr¨¢cticas picarescas de algunos sectores, como el de los restaurantes de lujo, que s¨®lo pagaban impuesto los de cuatro tenedores o m¨¢s, aunque en realidad existen muchos que por sus precios entran en estas categor¨ªas, pero oficialmente tienen tres o menos tenedores. A partir de la aprobaci¨®n del decreto pagar¨¢n todos.
Los socialistas aceptaron en contrapartida que el Estado no pague contribuci¨®n urbana por los edificios que ocupa en la capital. En cambio, en caso de que el Gobierno adquiera compromisos con determinados sectores sociales o firme convenios internacionales por los que se fije una exenci¨®n de impuestos a edificios como embajadas o iglesias, tendr¨¢ que entregar al Ayuntamiento las cantidades no cobradas por ¨¦ste, para que este tipo de consideraciones pol¨ªticas no se hagan a costa de mermar los ingresos municipales.
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