El grupo INI precisa 150.000 millones para sanear su deficiente estructura financiera
La estructura financiera del Instituto Nacional de Industria (INI) y la de las empresas en las que participa directamente puede considerarse notablemente deficiente, tanto en t¨¦rminos absolutos como en comparaci¨®n con las empresas privadas espa?olas y extranjeras, con las que concurre directamente en los respectivos sectores de la actividad econ¨®mica. La relaci¨®n entre recursos propios y totales apenas alcanza el 30% en la mayor parte de las empresas del grupo, y en cualquier caso dista notablemente del 40% estipulado como m¨ªnimo para consolidar la estructura de capital del grupo y de sus empresas. Las consecuencias de esta situaci¨®n son variadas; pero, sobre todo, generan una constante progresi¨®n en los costes financieros, derivados del creciente endeudamiento, que gravan anualmente las cuentas de resultados y, a mayor o menor plazo, concluyen por descapitalizar progresivamente las empresas, comprometiendo, a fin de cuentas, su misma supervivencia.Las causas de las que deriva la actual situaci¨®n son esencialmente cinco: escasez en las aportaciones del Estado al capital del INI y, por tanto, de ¨¦ste a sus empresas; planteamiento de inversiones sin una base de financiaci¨®n suficientemente garantizada; la absorci¨®n de empresas deficitarias procedentes del sector privado por imperativos de orden pol¨ªtico; presencia de las empresas del Instituto en aquellos sectores b¨¢sicos que actualmente se encuentran en agudo estado de crisis, y, finalmente, la concentraci¨®n de actividades en aquellos sectores en los que la intervenci¨®n del Estado es mayormente r¨ªgida a la hora de controlar precios y tarifas (el ejemplo m¨¢s claro son las sociedades de servicios).
El camino desde 1941
Desde su creaci¨®n, en 1941, hasta hoy, el aporte del Tesoro a los fondos propios del INI ha atravesado diversas etapas, al t¨¦rmino de las cuales el desequilibrio financiero del grupo puede cuantificarse en unos 53.000 millones de pesetas de d¨¦ficit estructural, a finales de 1978 para el holding, y 97.000 para sus empresas. En sus primeros diecisiete a?os de existencia (desde su constituci¨®n hasta 1958), la financiaci¨®n recibida del Instituto procedi¨® exclusivamente de las aportaciones del Estado, por un total acumulado en dicho per¨ªodo de casi 26.000 millones de pesetas. El ¨²ltimo a?o de esta primera fase introdujo la innovaci¨®n de financiar las necesidades del INI por la v¨ªa de un pr¨¦stamo del Banco de Espa?a.Tras el cambio en la concepci¨®n de la econom¨ªa y la pol¨ªtica econ¨®mica espa?olas que conllev¨® el Plan de Estabilizaci¨®n del a?o 1959, los mecanismos de financiaci¨®n del holding estatal se transformaron radicalmente, suprimi¨¦ndose toda aportaci¨®n directa del Estado. Se introduce, en cambio, un nuevo m¨¦todo, consistente en la emisi¨®n de obligaciones INI-empresas, canjeables en determinadas condiciones -aunque no con car¨¢cter general- por acciones de las sociedades del grupo, emisoras con el holding de los t¨ªtulos de renta fija. Esta nueva modalidad financiadora provoc¨®, en primer t¨¦rmino, un encarecimiento sustancial de los costes financieros, no s¨®lo por la continua elevaci¨®n de los tipos de inter¨¦s del mercado, sino porque la fragilidad del comportamiento de la renta fija hizo necesaria la apelaci¨®n al cr¨¦dito exterior, especialmente en los ¨²ltimos a?os de la d¨¦cada de los sesenta, en los que la financiaci¨®n internacional fue muy cara. Con todo, lo que comportar¨ªa mayores consecuencias para el futuro fue la necesidad de acometer inversiones crecientes sin la m¨¢s m¨ªnima aportaci¨®n de fondos propios, con un desequilibrio entre ¨¦stos y las inversiones directas, que rayaron lo inconcebible.
Una tercera fase en el ordenamiento financiero del INI y sus empresas arranca de 1971. En ese a?o se adopta la decisi¨®n de abandonar el anterior sistema de emisi¨®n de t¨ªtulos mixtos (INI-empresas) en el mercado de renta fija, pasando a emitir obligaciones simples del Instituto como holding. Tambi¨¦n en ese momento se decide convertir por ley la deuda contra¨ªda con el Banco de Espa?a (m¨¢s de 11.000 millones de pesetas) en capital del INI, al tiempo que se determina la reanudaci¨®n de las aportaciones directas del Tesoro al capital del holding, y por tanto de ¨¦ste a sus empresas con recursos propios. Al tiempo, se mantienen las operaciones de financiaci¨®n en los mercados internacionales, bien del INI o de las empresas del grupo, frecuentemente con aval del propio Instituto. Sin embargo, durante este per¨ªodo, que concluye en la situaci¨®n presente, las aportaciones del Estado han decrecido progresivamente, hasta alcanzar el m¨ªnimo hist¨®rico del 18% de sus necesidades en el ejercicio de 1970. En los ¨²ltimos a?os, incluyendo el presente, la aportaci¨®n estatal ha crecido, pero su actual nivel es todav¨ªa insuficiente para cubrir las necesidades ordinarias del ejercicio, y en mayor medida para intentar subsanar las deficiencias derivadas de su progresiva descapitalizaci¨®n.
A 31 de diciembre del pasado a?o, la inversi¨®n total del INI en sus empresas rebasaba los 161.000 millones de pesetas, de los que s¨®lo 109.000 millones corresponden a recursos propios, lo que da origen a un d¨¦ficit estructural de casi 53.000 millones de pesetas. La financiaci¨®n de ese d¨¦ficit proviene b¨¢sicamente de obligaciones emitidas en los mercados interior y exterior y de operaciones de financiaci¨®n por v¨ªa de los mercados internacionales.
La inversi¨®n acumulada del grupo INI presenta actualmente una valoraci¨®n neta superior al bill¨®n (un mill¨®n de millones) de pesetas, pero la aportaci¨®n estatal al capital del Instituto y sus empresas s¨®lo alcanza los 75.000 millones. Ello se deriva de dos hechos ya indicados: la insuficiencia de las aportaciones estatales y la asunci¨®n de proyectos inversores sin el debido respaldo de financiaci¨®n por la v¨ªa de fondos propios, que al menos deber¨ªa ser en cada caso del 40%, seg¨²n las estimaciones m¨¢s solventes.
La deficiente estructura financiera del Instituto tiene como continuaci¨®n, y en parte consecuencia, una situaci¨®n similar en las empresas del grupo, lo que genera importantes efectos a todos los niveles, especialmente en la cuenta de resultados. Las p¨¦rdidas del grupo INI sumaron el pasado a?o los 57.000 millones de pesetas -incluidas las de aquellas empresas que, como es el caso de Hunosa, son financiadas directamente con cargo al Presupuesto- y se prev¨¦ que este a?o puedan alcanzar los 100.000 millones. En las cifras del pasado a?o de 1978, las cargas financieras del INI (67.500 millones) superan ampliamente el volumen de p¨¦rdidas registrado, lo que resulta especialmente significativo. Sin embargo, si toda la financiaci¨®n fuera con cargo a recursos propios, la rentabilidad del grupo apenas hubiera alcanzado el 1% sobre el inmovilizado neto, tasa comparativamente baja con el comportamiento de la mayor parte de los sectores en los que se encuentra centrada su actividad.
Urgencia de hallar soluciones
Dentro de la dial¨¦ctica pol¨ªtica sector p¨²blico-sector privado, las alternativas posibles para el saneamiento del INI y sus empresas deber¨¢n ser acometidas por el Gobierno, a menos que se desee propiciar una situaci¨®n de deterioro progresivo de todas las empresas p¨²blicas, rescatando acaso el viejo principio de la subsidiariedad con que suenan buen n¨²mero de empresarios privados. La situaci¨®n real de muchas empresas del grupo INI es ahora mismo de pr¨¢ctica suspensi¨®n de pagos, cuando no de quiebra. Resulta obvio que el diagn¨®stico tiende a agravarse a medida que se retrase la toma de decisiones para subsanar los defectos estructurales ya descritos y la provisi¨®n de instrumentos para evitar su reiteraci¨®n.La primera actuaci¨®n que los expertos sugieren respecto de garantizar la viabilidad futura del INI y sus empresas es la de posibilitar la correcci¨®n del d¨¦ficit financiero estructural del holding (cuantificado en 53.000 millones) y el de las sociedades del grupo (no menos de 97.000 millones de pesetas). Estas necesidades totalizan no menos de 150.000 millones de pesetas, que deber¨ªan ser aportados por el Tesoro, bien directamente o mediante sucesivas emisiones de deuda p¨²blica. La gradaci¨®n en ejercicios sucesivos de estas aportaciones parece inevitable, dada su magnitud, lo que har¨ªa necesario acomodar a su ritmo la aplicaci¨®n por parte del Instituto de las medidas internas que permitieran corregir las deficiencias estructurales: amortizaci¨®n de obligaciones, cancelaci¨®n de pr¨¦stamos internacionales y autorizaci¨®n de ampliaciones de capital de las empresas participadas directamente para mejorar su actual relaci¨®n entre fondos propios y ajenos.
Cara al futuro, parece adoptada la norma de que las empresas s¨®lo acometan inversiones cuya financiaci¨®n est¨¦ asegurada con al menos un 50% de fondos propios, con objeto de mantener en sus estructuras de capital un m¨ªnimo del 40% en la relaci¨®n de los recursos propios sobre los totales. Esto evitar¨ªa -a juicio de los expertos- la reiteraci¨®n de situaciones como la presente, siempre que los restantes factores evolucionasen adecuadamente.
Con todo, lo que parece urgente en lo que a la empresa p¨²blica, y en concreto al INI y su grupo, respecta es un cambio radical de actitud, tanto desde el Gobierno como en las propias empresas, cambio de actitud que abarque la propia concepci¨®n del sector p¨²blico, la inclusi¨®n de la actividad empresarial en ¨¦l e incorpore los conceptos de rentabilidad, profesionalidad y eficacia, como m¨ªnimo, a id¨¦ntico nivel del que rige en el sector privado.
A pesar de todas las transformaciones, el Gobierno sigue conceptuando a las empresas p¨²blicas como uno m¨¢s de los m¨²ltiples instrumentos de poder de que dispone tanto en lo que se refiere a retirar en ellas a sus m¨¢s fieles y leales servidores como en destinar a sus l¨ªmites a las sociedades privadas en dificultades o en situaci¨®n de imposible viabilidad. La respuesta a qu¨¦ se quiere hacer con la empresa p¨²blica sigue sin aparecer y las sociedades del INI multiplican sus p¨¦rdidas, carecen de opciones de futuro, pagan los salarios m¨¢s altos, poseen ociosas plantillas y, en definitiva, alimentan el desorbitado d¨¦ficit del sector p¨²blico, que este a?o rebasar¨¢ con creces los 400.000 millones de pesetas.
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