Fuenlabrada y Parla, apoyados por sus alcaldes, amenazan con llegar a la desobediencia fiscal

Despu¨¦s de a?o y medio de esfuerzos para que los organismos oficiales les reconozcan su derecho a -la exenci¨®n del impuesto sobre trasmisi¨®n de vivienda, lo que est¨¢n a punto de conseguir, ,unas 25.000 familias de los municipios de Fuenlabrada, Parla, Torrej¨®n de Ardoz y Alcorc¨®n se encuentran con que en las Cortes se ha aprobado una ley de medidas fiscales que, en uno de sus muchos puntos, ha derogado la posibilidad de la exenci¨®n. Tanto los alcaldes de las dos primeras localidades como las asociaciones de vecinos han declarado su intenci¨®n de acudir a movilizaciones populares y emprender una campa?a de desobediencia fiscal (no pagar impuestos de ning¨²n tipo) si no consiguen un plazo de seis meses para terminar de tramitar sus expedientes.El tema es de una complejidad tremenda, y la soluci¨®n, que en opini¨®n de los abogados de los afectados debe contemplar los derechos de los vecinos sin por eso retrasar la aplicaci¨®n de las medidas progresivas previstas en la ley aprobada, debe ser estudiada con precisi¨®n. Los alcaldes socialistas de los pueblos en cuesti¨®n mantendr¨¢n contactos con los parlamentarios de su partido en este sentido.

El problema abarca pr¨¢cticamente a toda Espa?a, y tiene su base en las pr¨¢cticas irregulares de las empresas constructoras, que tratan por todos los medios de obtener el m¨¢ximo beneficio, no cumpliendo con sus obligaciones de urbanizaci¨®n y eludiendo en lo posible el pago de impuestos. La ley antigua (a¨²n en vigor, puesto que la recientemente aprobada se aplicar¨¢ a partir del 1 de octubre) establece que podr¨¢n acogerse a la exenci¨®n de la trasmisi¨®n patrimonial aquellos compradores de viviendas levantadas en pol¨ªgonos de nueva urbanizaci¨®n, en un plazo comprendido en los tres a?os posteriores a la compra. En Fuenlabrada, como en Parla y en general en cualquier localidad espa?ola, la pr¨¢ctica de las inmobiliarias consisti¨® en construir las casas y olvidarse la urbanizaci¨®n de calles y zonas verdes. A su vez, el contrato de compra-venta se hac¨ªa mediante documento privado, y en la mayor¨ªa de los casos s¨®lo despu¨¦s de varios a?os se elevaba a escritura p¨²blica, momento en que el comprador deb¨ªa pagar a Hacienda como impuesto el 8,29% del valor del piso. En Fuenlabrada (utilizaremos esta localidad como ejemplo, por ser donde m¨¢s auge ha tomado la oposici¨®n vecinal), un piso de tres millones de pesetas deber¨ªa pagar unas, 200.000 pesetas de impuestos por t¨¦rmino medio.

Esta cantidad es la que los compradores tienen derecho a no pagar acogi¨¦ndose a la exenci¨®n. La dificultad estrib¨® en que Coplaco se negaba a conceder el visto bueno en base a que la urbanizaci¨®n no estaba hecha, y que en Fuenlabrada no exist¨ªan planes parciales. La postura de los alcaldes socialistas fue rotunda: Coplaco no hab¨ªa cumplido con sus funciones inspectoras, hab¨ªa permitido el caos urban¨ªstico en la provincia y no pod¨ªa alegar esto precisamente para impedir a los vecinos ejercer su derecho a la exenci¨®n. Estos argumentos, reforzados por una resoluci¨®n de la Direcci¨®n General de lo Contencioso del Estado, que les daba la raz¨®n, hicieron reconsiderar su actitud a Coplaco, que es casi seguro que en las pr¨®ximas semanas d¨¦ el visto bueno definitivo.

Cuando ya parec¨ªa estar todo arreglado, surge la aprobaci¨®n, el 4 de septiembre, en las Cortes, de la ley sobre R¨¦gimen Transitorio de Imposici¨®n Indirecta, que establece que las ¨²nicas viviendas que podr¨¢n acogerse a la exenci¨®n ser¨¢n las de protecci¨®n oficial. El problema radica en que, una vez superados todos los tr¨¢mites, no existe ninguna posibilidad de que las 25.000 familias afectadas puedan elevar sus documentos privados a escritura p¨²blica en los veinte d¨ªas que restan hasta el 1 de octubre:

Y es en este punto donde surgen las inevitables comparaciones. Los abogados y vecinos presentes en una rueda de prensa celebrada el jueves calificaron de antipopular la pol¨ªtica de unas Cortes y un Gobierno que mete en el mismo saco a empresarios y compradores modestos. Recordaron c¨®mo al derogarse la ley Castellana, a cuya sombra protectora se construyeron todos los grandes edificios de la avenida del General¨ªsimo, se concedi¨® un plazo de seis meses a los propietarios para pedir la exenci¨®n de impuestos y otro a?o para escriturar. Y c¨®mo en el decreto de reforma fiscal se concedi¨® la amnist¨ªa a aquellas empresas, muchas de ellas inmobiliarias, que no ten¨ªan al d¨ªa sus operaciones de compra-venta y que, de esta forma, dejaron de pagar miles de millones en impuestos.