Los ex colonos espa?oles de Guinea alegan indefensi¨®n diplom¨¢tica

El tema de la indemnizaci¨®n de los antiguos colonos espa?oles en Guinea Ecuatorial qued¨® en estado larvado durante a?os. Fue relanzado cuando el Estado indemniz¨® de forma aceptable a los colonos del antiguo Sahara espa?ol. La ca¨ªda de Mac¨ªas replante¨® todo el problema (v¨¦ase EL PA?S de 11 de octubre).Afectado por la ley de Secretos Oficiales, todo el proceso descolonizador ecuatoguineano qued¨® sustra¨ªdo a la opini¨®n p¨²blica de nuestro pa¨ªs. Los colonos, huidos ante la violencia desatada por Mac¨ªas, elaboraron en junio de 1973 una ?nota confidencial y reservada? de 34 p¨¢ginas. Fue distribuida a nivel de altos cargos de la Administraci¨®n por la sociedad civil Comunidad de Espa?oles con Intereses en Africa (CEIA), que agrupa a la gran mayor¨ªa de los intereses da?ados.

Paralelamente, y por encargo de dicha sociedad, fueron elaborados tres extensos dict¨¢menes jur¨ªdicos sobre la situaci¨®n en que se hallaban los bienes abandonados en Guinea. Los firmaban tres figuras que representan la cumbre del derecho espa?ol en cada una de sus especialidades. El que part¨ªa del Derecho Internacional fue obra de Manuel D¨ªaz de Velasco; el que enfocaba el aspecto civil fue redactado por Luis D¨ªez-Picazo, y el que consideraba el enfoque administrativo fue elaborado por Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa.

Los tres dict¨¢menes coincid¨ªan en analizar muy cr¨ªticamente la situaci¨®n de indefensi¨®n de los colonos espa?oles, ante la falta de protecci¨®n diplom¨¢tica por parte de Espa?a. Garc¨ªa de Enterr¨ªa afirmaba que ?los espa?oles cuyo patrimonio situado en el territorio de la Rep¨²blica de Guinea Ecuatorial ha sufrido da?os o han sido expoliados sin compensaci¨®n econ¨®mica pueden entablar una reclamaci¨®n contra el Estado espa?ol, fundada en el no ejercicio por ¨¦ste de la protecci¨®n diplom¨¢tica?. El mismo jurista afirmaba que ?el c¨®mputo del plazo de un a?o establecido por la ley para el ejercicio de esa acci¨®n no se inicia hasta que cese la situaci¨®n jur¨ªdica que constituye su fundamento f¨¢ctico?.

Por todo ello, la sociedad CEIA encarg¨® al profesor Rafael Jim¨¦nez de Parga, catedr¨¢tico de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona, que preparase una acci¨®n judicial, a iniciar en el momento oportuno, y despu¨¦s de haber agotado las posibilidades de negociaci¨®n con el Gobierno. Al caer Mac¨ªas, el profesor Jim¨¦nez de Parga consider¨® que entonces empezaba a contar el plazo de un a?o, dentro del cual cabe reclamar ante el Consejo de Ministros para luego poder recurrir judicialmente, en caso de desestimaci¨®n. Entendieron los antiguos colonos que con la ca¨ªda de Mac¨ªas acababa la causa productora del da?o y cab¨ªa la estimaci¨®n real de dicho da?o, as¨ª como su reparaci¨®n. Por esta raz¨®n, el tema deber¨¢ entrar en una u otra v¨ªa en los pr¨®ximos meses.

Por otro lado, el proceso seguido por el Gobierno espa?ol en el caso del Sahara estimulaba sus esperanzas. En aquella ocasi¨®n hubo una soluci¨®n salom¨®nica. En noviembre de 1975 ya estaban presupuestados 1.200 millones de pesetas en concepto de inversi¨®n p¨²blica en el Sahara. Al ser abandonado el territorio, se tom¨® la cantidad presupuestada y se la destin¨® a indemnizaciones para los espa?oles repatriados. En este caso, la imprevisi¨®n descolonizadora implic¨® una cierta ventaja para los intereses afectados.

El mi¨¦rcoles, un portavoz oficial del Ministerio espa?ol de Asuntos Exteriores manifestaba a EL PA?S que el Gobierno espa?ol no admitia responsabilidad ante las expropiaciones habidas en Ginea Ecuatorial. Ello no obstante, los antiguos colonos consideran que a¨²n existe la posibilidad de una soluci¨®n que evitase el recurrir a la v¨ªa contencioso-administrativa.