Desobediencia civil y pago de impuestos

LA ASAMBLEA extraordinaria que reuni¨® ayer en Madrid -y en Barcelona la semana pasada- a varios miles de empresarios de restaurantes, bares, cafeter¨ªas y salas de fiesta, para protestar contra el impuesto denominado impropiamente de gastos suntuarios, que autoriza a los ayuntamientos a gravar hasta en un 5 % las consumiciones en estos establecimientos, resolvi¨®, nada menos, que una huelga de desobediencia civil para no pagar esa tasa. Las razonables dudas que pod¨ªan existir acerca de la instalaci¨®n ideol¨®gica y pol¨ªtica de los promotores de esa decisi¨®n, demag¨®gicamente rebozada con la consigna de la defensa de la peque?a y mediana empresa, se han desvanecido gracias a las virulentas cr¨ªticas contra los ayuntamientos que han comenzado ya a aplicar el impuesto, contra el Gobierno que lo decret¨® y el Parlamento que lo sancion¨®, y contra los partidos pol¨ªticos del arco constitucional.La conciencia de los espa?oles en lo que al pago de impuestos se refiere no se distingue precisamente por su nivel de exigencia. Esta actitud no ha cambiado, desgraciadamente, con el establecimiento de las instituciones democr¨¢ticas, lo cual demuestra, por lo dem¨¢s, la debilidad de las razones que sol¨ªan esgrimirse durante el anterior r¨¦gimen parajustificar la evasi¨®n fiscal. Ser¨¢ necesaria una seria reforma moral antes de que el ciudadano medio considere que su contribuci¨®n al mantenimiento y funcionamiento del Estado -de la Administraci¨®n central, de las comunidades aut¨®nomas y de la Administraci¨®n local- es una obligaci¨®n no s¨®lo legal, sino tambi¨¦n moral. Lo cual implica como paso previo, por supuesto, que los contribuyentes puedan controlar, a trav¨¦s de sus representantes en el Parlamento y en los ayuntamientos, el uso que se da a su dinero y que los encargados de administrarlo no lo despilfarren y le den el uso adecuado. En cualquier caso, en la Espa?a democr¨¢tica, a diferencia del anterior r¨¦gimen, nadie puede pretextar, para no pagar impuestos, que no existen mecanismos institucionales, aunque todav¨ªa sean deficientes o est¨¦n oxidados, para vigilar el gasto p¨²blico y exigir responsabilidades a los gobernantes que eventualmente intenten desviarlo en su propio provecho.

Resulta, por ello, inaceptable que un gremio se constituya en cuerpo soberano, como si vivi¨¦ramos en tiempos medievales, para negar al Congreso la facultad de establecer los impuestos, y a los ayuntamientos -en este caso-, el derecho a recaudarlos. El real decreto de 20 de julio de 1979, de medidas urgentes de financiaci¨®n, autoriz¨® a los ayuntamientos a gravar con un 5% las consumiciones realizadas en establecimientos del sector llamado de restauraci¨®n, que podr¨¢n repercutirlo en las cuentas de sus clientes. De esta forma ser¨ªan en ¨²ltima instancia los consumidores, ¨²nicos afectados por el gravamen, los que tendr¨ªan derecho a manifestar su malhumor, no los establecimientos comerciales, a quienes se asigna la funci¨®n -ciertamente inc¨®moda, pero no ruinosa- de servir de oficina recaudatoria de los ayuntamientos.

Todav¨ªa de peor gusto es que los poderosos utilicen como carne de ca?¨®n a los humildes, que son, efectivamente, los ¨²nicos para quienes la aplicaci¨®n del gravamen podr¨ªa tener negativasconsecuencias, tanto en lo que respecta a la administraci¨®n de su negocio como a la posible retracci¨®n de la clientela. Ahora bien, precisamente el mismo d¨ªa en que los asamble¨ªstas pon¨ªan el grito en el cielo, en nombre de los peque?os empresarios, el se?or Leguina, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, recordaba que el gravamen no afectar¨¢ a las empresas m¨¢s peque?as y ser¨¢ aplicado en una escala progresivamente descendente al resto de los establecimientos. Resulta dif¨ªcil no darle la raz¨®n al concejal socialista cuando denuncia ?la gran dosis de irresponsabilidad? que lleva consigo profetizar que el nuevo impuesto es un demiurgo de quiebras y de paro en el sector. Ser¨ªa deseable, por lo dem¨¢s, que el resto de los ayuntamientos espa?oles, cualquiera que sea la coalici¨®n que los gobierne, siguiera los mismos criterios, equitativos y razonables, que el madrile?o.

Se podr¨ªa tal vez criticar al Estado por haber utilizado esas medidas de financiaci¨®n urgente -no s¨®lo el gravamen hostelero, sino tambi¨¦n el recargo del precio de la gasolina- para sacar del colapso econ¨®mico a la Administraci¨®n local. Ahora bien, aguardar a que la reforma y racionalizaci¨®n del gasto p¨²blico haga posible otros sistemas menos complicados ser¨ªa condenar a los ayuntamientos elegidos el 3 de abril a la quiebra. Los problemas del sector hostelero son importantes, pero no m¨¢s graves que otros campos de la actividad empresarial en este pa¨ªs. En cualquier caso, el camino para afrontarlos y la v¨ªa para solucionarlos no son que, como grupo de presi¨®n, decida hacerse la justicia fiscal por su mano y se niegue a pagar unos impuestos de aplicaci¨®n com¨²n en todo el mundo occidental. Digamos, Finalmente, que aquellos sectores de la opini¨®n preocupados por la crisis de la autoridad tienen, en esta circunstancia, una espl¨¦ndida ocasi¨®n para exigir al Estado que no haga dejaci¨®n de sus derechos y no permita una manifestaci¨®n de desobediencia civil que, de salir triunfante, se convertir¨ªa en el modelo a seguir para que otros sectores propugnaran sus propias huelgas como contribuyentes.