Bajo el s¨ªndrome del taxi

LA ELEVACION de los precios de los productos energ¨¦ticos no es, desgraciadamente, un problema que se pueda resolver dentro de las fronteras de un Estado o que quepa inculpar a errores de la pol¨ªtica econ¨®mica de un Gobierno determinado. Se trata de una tendencia de alcance mundial sobre la que operan factores tan diversos como el car¨¢cter limitado de las reservas de petr¨®leo y gas natural en todo el planeta, el retraso cient¨ªfico y tecnol¨®gico, los elevados costes industriales de las fuentes energ¨¦ticas alternativas, el crecimiento ininterrumpido del consumo, los conflictos geopol¨ªticos en las ¨¢reas productoras de crudos y el mare m¨¢gnum del orden monetario internacional.No resulta f¨¢cil que las arraigadas expectativas de crecimiento ilimitado y de energ¨ªa abundante y barata sobre las que descansaron las sociedades industriales hasta los comienzos de la pasada d¨¦cada sean sustituidas con rapidez y de buen grado por otras que hagan suyas las incertidumbres que el futuro encierra, tanto respecto de las posibilidades de incrementar o mantener la riqueza colectiva como acerca del precio y las disponibilidades de los recursos energ¨¦ticos. Sin embargo. resulta imprescindible que no s¨®lo el Gobierno, sino tambi¨¦n todos los centros de poder pol¨ªtico y social que ejercen influencia sobre diversos segmentos de la poblaci¨®n y capas de opini¨®n, sobrepongan las responsabilidades que dimanan de su posici¨®n a las tensiones de la demagogia y del electoralismo y asuman la tarea de explicar al pa¨ªs las dr¨¢sticas modificaciones que para los h¨¢bitos de consumo y la asignaci¨®n productiva de los recursos implica una crisis energ¨¦tica de alcance mundial y de duraci¨®n indefinida.

En un comentario editorial publicado hace dos d¨ªas sobre ?Las cuentas del petr¨®leo? se?alamos que la repercusi¨®n de las alzas internacionales sobre los precios interiores ha sido doblemente alterada por nuestras autoridades econ¨®micas, al incrementar la fiscalidad para unos productos y aumentar las subvenciones para otros usos. La huelga de taxis, que ha dejado las calles de la gran mayor¨ªa de las ciudades espa?olas desprovistas de un medio de transporte que se precia de su condici¨®n de servicio p¨²blico, no pretende otra cosa que forzar al Gobierno a extender la pol¨ªtica de subvenciones a ese sector. El intervencionismo y el proteccionismo de la Administraci¨®n en favor del fuel-oil industrial y del butano de uso dom¨¦stico, esa interferencia entre temerosa y arbitrista de la pol¨ªtica gubernamental contra la racionalidad del mercado y una estructura realista de los precios se ha convertido as¨ª en un p¨¦simo efecto de mostraci¨®n y en una justificaci¨®n para que otros grupos de intereses exijan el mismo trato de favor y toquen el cielo con las manos para conseguir un trozo del pastel de los beneficios de la excepcionalidad fiscal. Pero esa l¨ªnea de conducta tiene como principal defecto que puede extenderse hasta el infinito, de forma tal que, llevando las cosas al absurdo, podr¨ªa suceder que absolutamente todos los consumos energ¨¦ticos resultaran subvencionados para eludir las alzas de los precios si los grupos o sectores correspondientes tuvieran la suficiente capacidad de presi¨®n y el Gobierno la falta de voluntad y de convicci¨®n para resistirla.

No se puede decir que las compa?¨ªas propietarias, los autopatronos y los trabajadores asalariados de los taxis hayan escatimado esfuerzos y hayan ahorrado espectacularidad para hacer presentes sus reivindicaciones. La convergencia de centrales patronales y de centrales sindicales en las mismas actuaciones ha mostrado, por lo dem¨¢s, el inquietante tono particularista e insolidario que siempre revisten las manifestaciones corporativistas. El colapso circulatorio producido en Madrid el pasado viernes, con el despilfarro de ese carburante cuya subvenci¨®n se pretende, y la concentraci¨®n en la plaza de Col¨®n ante las ventanas del se?or Abril Martorell no constituyeron precisamente un ejemplo de comportamiento c¨ªvico. Los titulares de licencias de taxis, que durante largo tiempo constituyeron un mercado enrarecido de privilegios y favores pol¨ªticos. forman un oligopolio de oferta que s¨®lo se justifica -si es que se justifica- por el servicio p¨²blico que prestan al resto de los ciudadanos, dif¨ªcilmente compatible con los procedimientos puestos en pr¨¢ctica para forzar al Gobierno a concederles el trato de parte m¨¢s favorecida con cargo a unos fondos presupuestarios que alimentan todos los espa?oles. Para muchos ciudadanos, la huelga de taxis ha representado tan s¨®lo incomodidades o retrasos, dada la insuficiencia de los transportes colectivos diurnos. Pero quienes no disponen de medios particulares de movilizaci¨®n y hayan tenido que afrontar urgencias cl¨ªnicas o inaplazables desplazamientos nocturnos se habr¨¢n preguntado, con raz¨®n, c¨®mo el privilegio inherente a la posesi¨®n de una licencia de taxi no lleva aparejadas obligaciones en el mantenimiento de una cobertura m¨ªnima de ese servicio p¨²blico.

A los empresarios de los taxis el Gobierno no les impide repercutir el incremento de los precios de la gasolina, el gas-oil o el butano en sus tarifas. Sin embargo, este sector desea evitar una eventual ca¨ªda de la demanda, como respuesta a esos precios m¨¢s elevados, mediante el procedimiento indirecto de que los contribuyentes que no son usuarios de ese medio de transporte subvencionen a los taxistas y a sus clientes para abaratar el precio del carburante y mantener las actuales tarifas. No parece que esa pretensi¨®n sea justa, sobre todo cuando el servicio de transportes colectivos, que es el que utiliza la inmensa mayor¨ªa de la poblaci¨®n con menores recursos econ¨®micos, tiene mejor derecho a recibir fondos p¨²blicos para mejorar su funcionamiento y extender los trazados y la frecuencia de sus l¨ªneas. Tampoco resulta una idea equitativa que los propietarios del amplio parque automovil¨ªstico de uso individual resulten discriminados con esa pol¨ªtica de apoyo sectorial.

Seguramente otros renglones de la plataforma reivindicativa de los trabajadores de los taxis puedan y deban ser satisfechas por el Gobierno. Pero la adecuaci¨®n de la oferta a la demanda de servicios en los que interviene el alza de los productos energ¨¦ticos no puede hacerse a costa de desfigurar los t¨¦rminos de la primera para seguir cubriendo el mismo mercado, sino mediante su realista reducci¨®n en funci¨®n de los precios m¨¢s elevados. Que una gran ciudad no disponga de taxis es, como se ha demostrado durante este fin de semana, casi una cat¨¢strofe. Pero que ese servicio p¨²blico sea caro y s¨®lo accesible, por tanto, a capas reducidas de la poblaci¨®n es la inevitable consecuencia de la crisis energ¨¦tica, que no altera, por lo dem¨¢s, el hecho b¨¢sico de que una elevada proporci¨®n de los ciudadanos utilizaba exclusivamente los transportes colectivos incluso cuando las tarifas eran m¨¢s accesibles.