Autonom¨ªas y UCD: una racionalizaci¨®n irracional

Seg¨²n est¨¢ saliendo a la luz, hasta octubre de 1979 UCD no se plante¨® constituir una comisi¨®n para ?racionalizar? el proceso auton¨®mico. Es bueno recordar que para esa fecha las posibilidades auton¨®micas de la Constituci¨®n (incluidas las del art¨ªculo 151) llevaban abiertas casi un a?o y ya se hab¨ªan elaborado los estatutos de Euskadi y Catalunya, presentado el de Galicia y ejercido la iniciativa en favor de la v¨ªa 151, con la participaci¨®n de UCD, por las instituciones locales de Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Valenci¨¢ y Canarias. Tambi¨¦n en las Illes Balears UCD hab¨ªa tomado posici¨®n p¨²blica por esta v¨ªa e impulsaba procesos hacia la autonom¨ªa en Arag¨®n, Cantabria, Asturias y Castilla-Le¨®n.Si el partido del Gobierno no se plante¨® enfocar globalmente el tema auton¨®mico en su conjunto hasta un momento tan avanzado del proceso, ?con qu¨¦ m¨ªnimo de autoridad pol¨ªtica -o con qu¨¦ m¨¢ximo de cinismo- trata ahora de presentar sus recientes decisiones como un ejemplo de actitud responsable inspirado en el bien del Estado?

Por si vale un contraste, puedo se?alar que en un informe sobre autonom¨ªas realizado por acuerdo del Comit¨¦ Central del PCE en julio de 1979 -tres meses antes de que UCD acordara estudiar el problema- se dec¨ªa: ?Si el proceso se desarrolla espont¨¢neamente, sin mediar acuerdo de los principales partidos, el cuadro de la situaci¨®n de aqu¨ª a seis meses es bastante imprevisible.?

Con un poco menos de cicater¨ªa partidista y con un poco m¨¢s de sentido del Estado, UCD hubiera podido conocer estas posiciones y tratar de hacer fructificar los elementos de entendimiento constructivo que encerraban.

En noviembre de 1979 comenzaba la discusi¨®n del Estatuto gallego. Estos d¨ªas, desde UCD se ha dicho que esos debates ?fueron un ejemplo de incoherencia?, indicando que han pesado en su decisi¨®n posterior. No ha dicho UCD, sin embargo, qui¨¦n hizo gala de incoherencia. Todos los que seguimos el tema recordamos los enfrentamientos entre diputados de UCD, la negativa de alguno de ellos a votar el texto final, las peleas entre ramas de UCD gallega para dise?ar un Parlamento a la medida de los intereses caciquiles de cada una de ellas. Esto fue p¨²blico aunque tuviera lugar a altas horas de la madrugada.

El fondo de aquella experiencia es que UCD, usando de su mayor¨ªa, trat¨® de abusar de la oposici¨®n y termin¨® por romper la l¨ªnea de negociaci¨®n y entendimiento que hab¨ªan hecho posible los estatutos de Euskadi y Catalunya, el sistema de preautonom¨ªas y el propio t¨ªtulo octavo de la Constituci¨®n. Quebr¨® lo que ven¨ªa siendo y es imprescindible que sea, la base del desarrollo auton¨®mico.

Con su reciente decisi¨®n UCD, en lugar de corregir, porf¨ªa en estos errores se?alados. Tres meses largos de estudios de la comisi¨®n ?racionalizadora? s¨®lo dan un resultado: la v¨ªa del art¨ªculo 151 debe quedar en papel mojado. Con ello se hace tabla rasa de una variedad de circunstancias y situaciones que son liquidadas sin matices; se cierra una serie de posibilidades, sin aclarar problemas graves de la alternativa, ?qu¨¦ instituciones se pueden adoptar por la v¨ªa del 143?; ?cu¨¢nto tiempo queda suspendida la capacidad de iniciativa si se lleva al l¨ªmite sin ¨¦xito el refer¨¦ndum de la v¨ªa 151?; se contin¨²a sin se?alar un calendario concreto, que ordene temporalmente el proceso y prevenga absurdas ?carreras?; y, sobre todo, se toman decisiones del m¨¢ximo alcance sin negociar ni informar siquiera a las restantes fuerzas parlamentarias.

Todo esto apunta cosas muy serias sobre UCD: ausencia de sentido del Estado e incapacidad de gobierno; menosprecio de los sentimientos de dignidad propios de los pueblos de Espa?a; desprecio hacia las restantes fuerzas parlamentarias que est¨¢n comprometidas en el proceso auton¨®mico y que puede influir decis¨ªvamente en ¨¦l -por citar un ejemplo, la izquierda, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, puede hacer imposible la aplicaci¨®n del art¨ªculo 143 a la comunidad aragonesa-. Y a todo esto, se le pretende llamar ?racionalizar?.

La verdad es que de razonable tiene muy poco, aunque tenga su l¨®gica. Una l¨®gica que se inscribe en la derivaci¨®n general de UCD hacia la derecha. Que lleva a este partido a imponer criterios unilaterales sobre temas de alcance, como la organizaci¨®n territorial del Estado, pese a ser una fuerza sin la mayor¨ªa en el Parlamento; a atacar la Constituci¨®n diciendo que su art¨ªculo 151 deshace la funcionalidad del Estado; a negar la realidad electoral del pa¨ªs porque da la mayor¨ªa a la izquierda en Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Valenci¨¢, Asturias; a hacer suyos los argumentos que ha estado esgrimiendo la ultraderecha contra las autonom¨ªas y, en el fondo, a renegar de su propia pol¨ªtica auton¨®mica, realizada desde 1977

Esta l¨®gica, no es la del Estado de las autonom¨ªas y la del desarrollo democr¨¢tico que suele invocar UCD en sus programas. Es la l¨®gica de la derecha conservadora y centralista, que ha hecho llegar a Espa?a al umbral del siglo XXI con problemas de cohesi¨®n nacional notables, con desequilibrios territoriales grav¨ªsimos, con agresiones al patrimonio cultural de sus pueblos dif¨ªciles de reparar. Una l¨®gica que no vale para construir una Espa?a unida, democr¨¢tica, pr¨®spera y culta, como la historia ha demostrado. Una l¨®gica, por tanto, irracional.

UCD es soberana para definir su pol¨ªtica, nadie se lo niega. Pero que no trate de vender gato por liebre. Que no llame ?racionalizar? a tomar medidas que s¨®lo sirven para desquiciar y crispar un proceso complejo y delicado. Que no hable de amenazas de asalto al Estado, cuando revela que la mayor amenaza para el Estado puede terminar siendo su inmadurez y sectarismo. Que no diga que otras fuerzas hemos dado virages, cuando UCD se acuesta autonomista y se despierta centralista.

Lo racional, lo democr¨¢tico, lo que puede fortalecer la unidad de Espa?a bas¨¢ndola en la solidaridad entre sus pueblos, s¨®lo se puede lograr por otros caminos.

El desarrollo auton¨®mico por su propia naturaleza y por los requisitos constitucionales que debe cubrir, tiene que basarse en un acuerdo que comprorneta a las principales fuerzas parlamentarias y municipales.

En este marco y aplicando la Constituci¨®n, se puede definir la organizaci¨®n territorial del Estado como un sistema general de autonom¨ªas, que puedan ser asumidas, sin excepci¨®n y sin deferencias, por todas las cornunidades de Espa?a.

Con esta base, se puede construir un calendario y una opci¨®n de v¨ªas, que partiendo de las realidades diversas que hoy existen, organicen el proceso con un margen temporal y una visi¨®n estatal adecuada para resistir las presiones centralistas y las tentaciones localistas; coherente con otras tareas legislativas y administrativas inaplazables y sensible al momento econ¨®mico y social que vive Espa?a.

Todo esto era -y a¨²n puede ser- posible. Pero parece que a UCD no le interesa.