Las flores del mal

LA RESPUESTA del ministro del Interior, en el Pleno del Congreso, a la interpelaci¨®n del Grupo parlamentario Socialista sobre el asesinato de Yolanda Gonz¨¢lez y de Vicente Cuervo apenas ha ofrecido nueva informaci¨®n acerca del doble crimen, y s¨®lo se ha hecho eco de forma indirecta de las noticias publicadas ese mismo d¨ªa en la prensa sobre las posibles connivencias de un polic¨ªa nacional y un guardia civil en las tristes haza?as del llamado Batall¨®n Vasco Espa?ol. El se?or Ib¨¢?ez Freire ha negado que hubiera otros implicados y ha afirmado que pod¨ªa haber, en cambio, otros relacionados, a prop¨®sito de las eventuales conexiones de alg¨²n miembro de las fuerzas de seguridad del Estado con los asesinos de Yolanda Guti¨¦rrez. Es de esperar que los resultados de la investigaci¨®n policial y de la instrucci¨®n del sumario desplieguen de forma palpable y concreta unas diferencias que las palabras, por su propia naturaleza, no siempre logran precisar.Pero la intervenci¨®n del ministro ha sido notable en otros aspectos que afectan a la concepci¨®n general del orden p¨²blico en una sociedad democr¨¢tica. En este sentido, sus palabras en el Congreso son un elogiable paso en la tarea de definir los derechos y los deberes del aparato del Estado en un dominio que tantas heridas ha producido en el pasado en la sensibilidad ciudadana. Queda s¨®lo por formular el deseo de que esos acertados planteamientos te¨®ricos sean llevados a la pr¨¢ctica.

En primer lugar, el ministro del Interior ha ratificado, aun sin utilizar la expresi¨®n, que el Estado, como tal instituci¨®n, posee el monopolio leg¨ªtimo y exclusivo de la violencia. De un lado, el Estado no puede hacer dejaci¨®n de esa facultad a grupos o individuos que resuelven hacerse la justicia por su mano, y menos si se trata de funcionarios que deciden hacer horas extraordinarias por su cuenta utilizando las armas, las conexiones y las informaciones de su oficio. De otro, la aplicaci¨®n coactiva de las leyes, aprobadas por un Parlamento elegido por sufragio universal, s¨®lo puede hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jur¨ªdico y con el respeto a los derechos y libertades ciudadanos garantizados por la Constituci¨®n.

En segundo lugar, el se?or Ib¨¢?ez Freire ha salido oportunamente al paso de quienes pretenden distinguir entre un terrorismo ?malo? y ofensivo y otro terrorismo ?bueno? y defensivo, el primero puesto en pr¨¢ctica por ETA, y el segundo, realizado por la ultraderecha. Ha expresado as¨ª su condena ?sin paliativos ni excepciones contra quienes predican o practican el terrorismo, aunque pretendan disfrazarlo como una respuesta al mismo?, pues ?terrorismo contra terrorismo es m¨¢s terrorismo?.

En tercer lugar, el ministro del Interior ha dado un paso, aunque corto y excesivamente prudente, para dar estado oficial al hecho evidente de que existe un terrorismo de ultraderecha. Tampoco en este caso es f¨¢cil interpretar las sustanciales diferencias establecidas en su intervenci¨®n entre ?una aut¨¦ntica organizaci¨®n?, cuya existencia el se?or Ib¨¢?ez Freire niega, y las ?conexiones mutuas, m¨¢s o menos espor¨¢dicas?, de esos matones que, ?en nombre de unos supuestos ideales?, cometen ?los m¨¢s execrables asesinatos?. Y para nada ayuda a la clarificaci¨®n de los hilos que componen nuestra trama negra que el ministro del Interior no se haya pronunciado, en la forma que fuere, sobre el significado que tiene, en el terreno institucional, la militancia de los asesinos de Yolanda Gonz¨¢lez en Fuerza Nueva.

Finalmente, el crimen del llamado Batall¨®n Vasco Espa?ol ha dado ocasi¨®n para que se levante el gran tab¨² que tanto da?o ha hecho, en el per¨ªodo de la transici¨®n, al respeto que los ciudadanos de una sociedad democr¨¢tica deben tener a los cuerpos de seguridad como instituci¨®n. Se trata, en suma, de que el Gobierno ha aceptado, aunque s¨®lo sea por ahora a nivel de hip¨®tesis, la evidente posibilidad de que determinados servidores de las Fuerzas de Orden P¨²blico, de manera aislada o con un embri¨®n organizativo, est¨¦n utilizando su posici¨®n para dirimir por su cuenta, fuera de la disciplina, de las leyes y del marco institucional, y empleando a su arbitrio la violencia, conflictos de orden pol¨ªtico, ideol¨®gico o personal. Nunca sabr¨¢ el Gobierno el irreparable da?o que hizo a las perspectivas de paz y convivencia en el Pa¨ªs Vasco el negar que las bandas de incontrolados pudieran estar formadas por miembros de las Fuerzas de Orden P¨²blico de paisano. A este respecto, el testimonio del se?or Miralles, en la rueda de prensa celebrada ayer, sobre las eventuales colaboraciones prestadas a los autores de la matanza de Atocha por miembros de servicios estatales de seguridad o informaci¨®n, debe ser motivo de serias reflexiones.

Para concluir, no cabe sino registrar que el se?or Ib¨¢?ez Freire ha empe?ado su palabra de honor al afirmar que nunca permitir¨¢ que quede a salvo de la ley ?cualquier presunto culpable, sea cualquiera su pertenencia, profesi¨®n, actividad o vestimenta?, y que llevar¨¢ las averiguaciones hasta sus ¨²ltimas consecuencias ?en el hipot¨¦tico caso de que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado se viesen implicados en alg¨²n hecho delictivo?. Nos alegramos por el orden constitucional y por las libertades ciudadanas. Y tambi¨¦n porque ese es el ¨²nico camino para que las Fuerzas de Orden P¨²blico sean cada d¨ªa m¨¢s respetadas y estimadas por la sociedad civil, y para que los miembros de los cuerpos de seguridad que utilizan las armas y los uniformes al servicio de sus particulares fines -sean de orden personal, pol¨ªtico o ideol¨®gico- no salpiquen con su deshonor a las instituciones a las que pertenecen.