Taurina Hispalense nunca existi¨®
Constituida recientemente, se presumen irregularidades en el arrendamiento de Las Ventas
Taurina Hispalense, la r¨²brica de la que se dijo que respaldaba econ¨®micamente a Diodoro Canorea como empresario de Las Ventas y que fue admitida por la Diputaci¨®n Provincial de Madrid como nuevo titular del arrendamiento del coso, era una pura ficci¨®n; nunca existi¨®, hasta hace s¨®lo seis d¨ªas, en que fue inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. Entre los socios no figura Jos¨¦ Luis Mart¨ªn Berrocal, quien lleva un mes manifestando reiteradamente que es consejero delegado de la sociedad y, en cambio, figura en este cargo Diodoro Canorea.
Por otra parte, Canorea, posiblemente, estaba legalmente incapacitado para concurrir a la subasta de Las Ventas, pues tanto cuando se convoc¨®, a ¨²ltimos de diciembre de 1978, como cuando se adjudic¨®, a primeros de enero de 1979, era deudor a la Hacienda p¨²blica en procedimiento de apremio, seg¨²n nuestras noticias, por cantidad superior a siete millones de pesetas. El pliego de condiciones de la subasta exig¨ªa expresamente la declaraci¨®n jurada del concursante de no estar incurso en las causas de incapacidad previstas en el art¨ªculo 4 del reglamento de Contrataci¨®n de las Corporaciones Locales, que se refieren a los deudores directos o subsidarios a fondos de la Administraci¨®n.El contrato de arrendamiento que suscribieron Canorea y la Diputaci¨®n es, en tal caso, por tanto, con independencia de las responsabilidades en que incurrieron ambas partes, nulo de pleno derecho. Extra?a sobremanera que la Diputaci¨®n de entonces (el vicepresidente y diputado visitador de la plaza de toros era Leopoldo Matos) no hiciera las comprobaciones oportunas que el propio pliego de condiciones preve¨ªa, sobre todo cuando esa misma Diputaci¨®n, diez a?os antes, elimin¨® de la anterior subasta de Las Ventas a Domingo Domingu¨ªn, precisamente porque era deudor a la Hacienda.
De este giro insospechado en la oscur¨ªsima andadura del arrendamiento de Las Ventas desde la desdichada subasta de 1978 se deduce una cadena de implicaciones y responsabilidades, que hacen sospechar graves irregularidades en las relaciones Diputaci¨®n-Canorea.
Para empezar, en los carteles anunciadores de las corridas de Las Ventas durante 1979 y en la tarjeta de abono de la feria de San Isidro figuraba como empresa Taurina Hispalense. EL PA?S denunci¨® en su d¨ªa la anomal¨ªa e incluso consult¨® a la Diputaci¨®n al respecto, sin obtener una respuesta satisfactoria de que figurara como empresario quien no lo era. D¨¢bamos por sentado, sin embargo, que la sociedad exist¨ªa, pero luego se ha podido comprobar que no es as¨ª, de forma que el p¨²blico ha corrido sin saberlo el riesgo de encontrarse, en el supuesto de que se hubiera producido, por ejemplo, una suspensi¨®n de la feria y el consiguiente derecho a que le devolvieran el importe de los abonos, con un empresario quiz¨¢ insolvente que adem¨¢s no figuraba como tal, y de responsable directo del desaguisado, una empresa fantasma.
A todo esto, la Diputaci¨®n anterior dej¨® pasar el plazo del pago de la primera parte del canon de arrendamiento sin reclam¨¢rselo a Canorea, y la Corporaci¨®n entrante se encontr¨® con el problema de que si se ajustaba a la letra del contrato y se lo rescind¨ªa al arrendatario, ten¨ªa que suspender la temporada y la feria de San Isidro, que deb¨ªa empezar pocos d¨ªas despu¨¦s. La decisi¨®n que adopt¨® ser¨ªa jur¨ªdicamente discutible, pero pol¨ªticamente aceptable: se resarci¨® del impago con el aval y dej¨® al empresario un margen de confianza. Llegada la fecha fijada para el pago de la segunda parte del canon (octubre), de nuevo incumpli¨® Canorea, y esta vez la Diputaci¨®n (el vicepresidente y visitador de la plaza es el diputado del PCE Luis Larroque), en lugar de proceder como establecen el contrato de arrendamiento y )os reglamentos (pues a fin de cuentas la Diputaci¨®n no es un cortijo privado), volvi¨® a recurrir al aval y dio plazo a Canorea para que lo repusiera.
A este plazo siguieron otros, a¨²n no nos explicamos por qu¨¦; se pasaron por alto distintos incumplimientos del empresario, y, finalmente, entr¨® en escena Jos¨¦ Luis Mart¨ªn Berrocal, quien dec¨ªa ser el nuevo consejero delegado de Turina Hispalense. Se supuso que gestion¨® el necesario aval bancario, y Canorea present¨® en la Diputaci¨®n aval del Banco de Valladolid a nombre de Taurina Hispalense, al tiempo que ped¨ªa transferir su titularidad de arrendatario a esta sociedad.
Luego se supo que el aval no era por los 161 millones del canon de arrendamiento, sino por la mitad, y ahora hemos podido comprobar que la tal Taurina Hispalense no exist¨ªa como sociedad en el Registro Mercantil. C¨®mo y por qu¨¦ lo admiti¨® la Diputaci¨®n, es de momento un misterio. Pero a¨²n hubo m¨¢s acciones incomprensibles, porque el pleno de la Diputaci¨®n celebrado el pasado mes de enero aprob¨® el cambio de titularidad si el nuevo arrendatario aceptaba una serie de condiciones, y, d¨ªas despu¨¦s, la Diputaci¨®n nos remit¨ªa un comunicado de prensa seg¨²n el cual Taurina Hispalense aceptaba esas condiciones, las hab¨ªa aceptado. Lo que no dec¨ªa ese comunicado es que la sociedad no estaba inscrita e el Registro Mercantil, y, por tanto, no se hab¨ªa constituido formalmente en la necesaria escritura p¨²blica.
Mientras tanto, Berrocal act¨²a, o dice actuar, como consejero-delegado de Taurina Hispalense, manifiesta que hace planes para la temporada, anuncia una revoluci¨®n en la organizaci¨®n del espect¨¢culo taurino, contrata a Victorino Mart¨ªn para la compra de toros, se entrevista -es noticia de ayer- con el alcalde para que el Ayuntamiento ceda vallas donde se anunciar¨¢n las corridas, y asegura que todas las reses ser¨¢n expuestas en la Venta del Bat¨¢n. Dicen en medios empresariales que Berrocal es, efectivamente, el avalista de la mitad del canon, pero que se resiste a avalar la otra mitad si no tiene el contraaval de sus socios. Se dice tambi¨¦n que algunos de ¨¦stos venden sus fantasmales o et¨¦reas acciones al doble del valor nominal, con lo que pretenden resarcirse de las cuantiosas p¨¦rdidas habidas en la teraporada ¨²ltima y quitarse de en medio, y se dice, por ¨²ltimo, que si bien Berrocal puede evitar la desbandada y ser el reanimador de la sociedad, quiere claras unas cuentas que no parecen tener fin. Porque, aparte los resultados muy negativos del pasado ejercicio econ¨®mico, al parecer a¨²n le queda a la empresa por pagar un cap¨ªtulo referido a obras; el seguro de la plaza; la seguridad social del personal de Las Ventas; el consumo de agua y electricidad, a lo que est¨¢ obligada por contrato, y si no lo ha hecho, tambi¨¦n aqu¨ª hay incumplimiento.
Pero est¨¢bamos en que Taurina Hispalense no exist¨ªa, mientras se anunciaba como empresa en los carteles y las tarjetas de abono, sin que interviniera no ya la Diputaci¨®n, sino incluso la autoridad gubernativa, la cual no autoriza la celebraci¨®n de los espect¨¢culos sin estar en regla este requisito.
Es el 15 de febrero de 1980 cuando Taurina Hispalense seinscribe en el Registro Mercantil de Sevilla (libro 403, tomo 228 de la secci¨®n 3?, hoja 8.055/227), y es en esta fecha cuando adquiere la personalidad de sociedad an¨®nima. Figura en el mismo registro que la sociedad empez¨® sus operaciones el 15 de enero de 1980. La escritura de constituci¨®n se firm¨® el mismo d¨ªa, ante el notario de Sevilla Luis Bolla¨ªn. El consejo de administraci¨®n est¨¢ formado as¨ª: presidente, Rufino Garc¨ªa; consejero delegado, Diodoro Canorea; secretario, Antonio Fern¨¢ndez V¨¦lez; vocal, Gabriel Rojas. Otros socios: Manolo Cort¨¦s, Ram¨®n Miguel Valencia, Trinidad Cantos, Rafael Candel, Antonio Pe?a, Francisco de Utrilla, Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez Manzanares y Miguel S¨¢nchez. Cada uno de los mencionados tiene una acci¨®n, pero Canorea recibe quince m¨¢s que corresponden a los siguientes: Javier S¨¢nchez Dalp, Jos¨¦ Hinojosa, Francisco N¨²?ez, Jos¨¦ Benitez Cubero, Javier Pallar¨¦s, Gabriel Lomas, Antonio Barrera, F¨¦lix Moreno de la Cova, Andr¨¦s Albadalejo, Pascual Mart¨ªnez Franco, Isidro Maft¨ªnez Llorente, Jos¨¦ Ram¨ªrez Moreno y Jos¨¦ Mar¨ªa de Soto. Estos ¨²ltimos se?ores hab¨ªan hecho, en 26 de marzo de 1979, manifestaci¨®n ante el notario de Madrid Luis Felipe Rivas de su voluntad de constituir una sociedad an¨®nima, aunque sin nombre.
La presunta incapacidad legal de Canorea cuando se celebr¨® la subasta, los incumplimientos del pago del canon y otras cl¨¢usulas del contrato de arrendamiento; la presencia y aceptaci¨®n de una sociedad que no exist¨ªa, y m¨¢s elementos para esta enorme ceremonia de la confusi¨®n, hacen presumir una cadena de irregularidades u ocultas razones que deben explicar la Diputaci¨®n democr¨¢tica, la anterior, el Banco de Valladolid, Canorea y Berrocal.
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