?Pilar Miro, ante la jurisdicci¨®n militar?

EL PARLAMENTO es soberano y sujeto del m¨¢ximo respeto. Ello no obsta para recordar al presidente del Congreso y a los de las respectivas comisiones -en particular la de Justicia- que debieran dar mayores muestras de un criterio de prioridades legislativas que acabe r¨¢pidamente por normalizar jur¨ªdicamente el Estado democr¨¢tico. A este respecto, su responsabilidad est¨¢ por encima de la disciplina partidaria de UCD, que alcanza niveles de gregarismo. Los diputados centristas de la Comisi¨®n de Justicia del Congreso cuecen a¨²n de instrucciones competentes de la direcci¨®n de su partido sobre un proyecto legislativo de grave repercusi¨®n p¨²blica, como la reforma del C¨®digo de Justicia Militar, que lleva meses en punto muerto. Y se da por ello la paradoja de que una sociedad civil y democr¨¢tica sigue globalmente sujeta a un C¨®digo de Justicia Militar que en todo Occidente s¨®lo se aplica a los militares.Albert Boadella y su grupo teatral Els Joglars, los responsables de un comic editado por El Viejo Topo, el director de Diario 16 o el de S¨¢bado Gr¨¢fico, Mario Onaind¨ªa, tantos otros cuya lista por el momento puede cerrar Pilar Mir¨®, directora de El crimen de Cuenca, ven trasvasadas sus responsabilidades civiles a la jurisdicci¨®n castrense. Parece como si el Ejecutivo y la minor¨ªa simple del legislativo (que lamentablemente para la clarificaci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs son fotocopia el uno de la otra) se hubieran empecinado en confrontar la instituci¨®n militar con la sociedad civil.

En tanto no se reforme el obsoleto C¨®digo de Justicia Militar esta jurisdicci¨®n se ve impelida a aplicarlo. Podr¨ªa decirse que a ello le obliga en parte su disciplina y la severidad con que los militares aplican sobre s¨ª mismos su propio c¨®digo, el ¨²nico que contradice el derecho natural y que condena rigurosamente a un hombre por intentar salvar su propia vida. Esta ley, que rige para quien voluntariamente elige la carrera de las armas o para quien se ve compelido a ella por obligaciones de la defensa nacional, no puede ser entendida en tiempos de paz por actores, periodistas, escritores, directores cinematogr¨¢ficos, simplemente por los paisanos. Y su vigencia resulta anticonstitucional. Por eso los jueces militares deber¨ªan ser m¨¢s sensibles a las demandas sociales y a la Constituci¨®n y suplir ellos con su buen entender los fallos de la clase pol¨ªtica a este respecto.

Pero, en tanto el partido del Gobierno y sus diputados contin¨²en sin atreverse -no es otro el verbo- a delimitar democr¨¢ticamente la ley castrense, la jurisdicci¨®n militar no hace, a la postre, otra cosa que aplicar las leyes. Con todo su trasfondo inevitable de traspaso de responsabilidades sociales a la instituci¨®n militar o a un cuerpo -en este caso- como el de la Guardia Civil, al que el propio Gobierno debiera tener el suficiente respeto como para evitarle el trance de retrotraerlo a una situaci¨®n hist¨®rica como los sucesos del crimen de Cuenca.

Aquel fue un error judicial del que se arrepinti¨® p¨²blicamente el Gobierno de la dictadura de Primo de Rivera. Un suceso desdichado, pero ya prescrito, narrado en varios libros y hasta contado en coplas de ciego. Ahora una pel¨ªcula de Pilar Mir¨®, y m¨¢s concretamente unas escenas de tortura f¨ªsica a manos de unos guardias civiles, puede sentar en, un banquillo militar a una afamada profesional de la cinematograf¨ªa y la televisi¨®n como Pilar Mir¨®, provocando otro artificial y est¨¦ril roce entre un cuerpo armado y la sociedad civil.