La crisis internacional permite a la CIA recuperar sus antiguos poderes

El despacho S-407 del ala del Capitolio, destinado al Senado, cuenta en su interior con un n¨²mero m¨¢s que suficiente de aparatos de protecci¨®n electr¨®nicos, adem¨¢s de tener guardias armados en el exterior. Todo ello para proteger sus secretos.El mi¨¦rcoles d¨ªa 9 de enero, durante el descanso navide?o de Congreso se convoc¨® a un peque?o grupo de senadores a una reuni¨®n en el despacho S-407, el m¨¢s ?seguro? de todo el Congreso, con altos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia. Asunto a tratar: presentaci¨®n por parte de la CIA de los planes de operaciones paramilitares secretos en Afganist¨¢n.

Entre los senadores estaban Birch Bayh, de Indiana, presidente del Comit¨¦ Especial de Inteligencia; Barry Goldwater, de Arizona, vicepresidente, y Joseph R. Biden hijo, de Delaware, m¨¢s el director de operaciones del comit¨¦, William G. Miller, y el l¨ªder del grupo parlamentario de la minor¨ªa, Earl D. Eisenhower. En representaci¨®n de la CIA se hallaban el subdirector de Inteligencia, Frank C. Carlucci, acompa?ado de John McMahon, subdirector de Operaciones, m¨¢ximo responsable de las operaciones clandestinas.

Carlucci present¨® en la reuni¨®n un nuevo programa secreto de ayuda a las guerrillas musulmanas antisovi¨¦ticas de Afganist¨¢n. Como ya sab¨ªan los senadores desde noviembre del a?o anterior, la CIA estaba ayudando a los rebeldes en secreto, una ayuda limitada, consistente en hospitales de campa?a y equipos de comunicaciones. Pero tras la invasi¨®n sovi¨¦tica del d¨ªa 27 de diciembre, el Gobierno Carter decidi¨® aumentar el pro grama de ayuda en forma significativa. La CIA ten¨ªa la intenci¨®n de ,abastecer a los rebeldes afganos de rifles de asalto AK-47, de fabricaci¨®n sovi¨¦tica, procedentes de dep¨®sitos norteamericanos, de bater¨ªas antitanques transportables y de misiles tierra-aire SAM-7, adem¨¢s de rampas de lanzamiento. (Los Sam ser¨ªan entregados en previsi¨®n de una ofensiva de primavera anticipada desde el momento en que el tiempo permitiera un mayor uso de aviones y helic¨®pteros por parte de los sovi¨¦ticos, ofensiva que ya ha comenzado.)

Los senadores escucharon y no pusieron ninguna objeci¨®n importante. Al d¨ªa siguiente, Carlucci inform¨® a la Casa Blanca de los resultados de la reuni¨®n, y el presidente Carter firm¨® una orden presidencial que ponla en marcha todo el programa.

Una cuesti¨®n de rutina

A pesar de todo el secreto y de la jugada internacional de altos vuelos que el programa supon¨ªa, el proceso desde la reuni¨®n en el despacho S-407 hasta la firma de la orden presidencial fue una cuesti¨®n de rutina. No era m¨¢s qu¨¦ un ejemplo, entre muchos, del control de las operaciones de inteligencia norteamericanas, tal como se hab¨ªa desarrollado en los ¨²ltimos cinco a?os: un equilibrio entre las necesidades de seguridad nacional de la CIA y los deseos del Congreso de intervenir en las decisiones de pol¨ªtica exterior y salvaguardar los derechos individuales.de los ciudadanos norteamericanos. Seg¨²n fuentes de ambos lados, la agencia ha informado a los comit¨¦s del Congreso en cuesti¨®n, de todos sus planes, y los comit¨¦s, con muy pocas excepciones. al parecer, se han mostrado de acuerdo.

Sin embargo, esa relaci¨®n est¨¢ actualmente sufriendo un cambio considerable. La CIA y otras agencias de inteligencia persiguen, de manera abierta y con bastante ¨¦xito, una mayor independencia de cara al Congreso, as¨ª como la supresi¨®n de una serie de limitaciones. La ?liberaci¨®n? de la CIA est¨¢ en marcha.

He aqu¨ª algunos ejemplos:

- El Comit¨¦ de Asuntos Exteriores de la C¨¢mara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley que quitar¨ªa a los comit¨¦s de inteligencia del Congreso el derecho a controlar. las operaciones secretas de la CIA. Es bastante probable que el Congreso apruebe tal proyecto este a?o.

- Otro proyecto, anteriormente apoyado por la Administraci¨®n Carter, que hubiera definido, por primera vez, los poderes de las agencias de inteligencia, tiene po cas posibilidades de salir adelante en el Congreso.

- Un proyecto de ley para enmendar la ley de Libertad de Informaci¨®n, con la finalidad de proteger los secretos de la agencia, es casi seguro que sea aprobado por el Senado. Por otra parte, una decisi¨®n del Tribunal Supremo te ha concedido una mayor protecci¨®n.

- Se ha suspendido la prohibici¨®n interna de la propia CIA de utilizar periodistas, cl¨¦rigos y acad¨¦micos norteamericanos en operaciones secretas.

Estos ejemplos se?alan un cambio sorprendente en la actitud de la Casa Blanca y de gran parte del Congreso con respecto a los servicios de inteligencia. Reflejan asimismo un cambio de puntos de vista sobre el mundo y el lugar que ocupa Estados Unidos. Desde Afganist¨¢n a Ir¨¢n, pasando por Namibia y las Antillas, el p¨²blico norteamericano y muchos de sus dirigentes consideran que los intereses de Estados Unidos est¨¢n en peligro. De la misma manera, gran parte de los norteamericanos consideran que la CIA es la clave de la seguridad de Estados Unidos en el futuro.

Hace poco, un veterano legislador coment¨® en el comedor del Senado: ?Incluso los antiguos liberales se est¨¢n volviendo precavidos. Muchos siguen creyendo de manera decidida que los comit¨¦s del Congreso deben estar plenamente informados de las operaciones secretas importantes, pero sus opiniones est¨¢n siendo cada vez m¨¢s contestadas?.

Hace cinco a?os. eran los liberales los que pon¨ªan en tela de juicio las antiguas ideas. Tras la guerra de Vietnam, el Congreso examin¨® detenidamente las actuaciones demasiado libres de la CIA. El pimer resultado concreto fue la enmienda Hughes-Ryan a la ley de Autorizaci¨®n y Ayuda Exterior de 1974. Tal enmienda especificaba que no podr¨ªan emplearse fondos en ninguna operaci¨®n de espionaje secreta, a menos que se informara de ?manera oportuna? al comit¨¦ del Congreso. La salida a la luz de los informes sobre las actuaciones secretas o ?legales de la CIA contra los disidentes pol¨ªticos norteamericanos (cuyo nombre en clave cra ?operaci¨®n caos?) llev¨® a la apresurada creaci¨®n de un comit¨¦ especial que deb¨ªa estudiar las medidas del Gobierno respecto a las actividades de espionaje; el senador Franck Church, de Idaho, fue elegido presidente.

El comit¨¦ fue descubriendo detalladamente los planes de la CIA para asesinar al presidente cubano, Fidel Castro, y al congole?o Patricio Lumumba, as! como del papel crucial que desempe?¨® la agencia en la creaci¨®n del clima adecuado para que el presidente de Chile, Salvador Allende Gossens, un marxista elegido democr¨¢ticamente, pudiera ser derribado en 1973 por los militares chilenos. El comit¨¦ descubri¨® tambi¨¦n que la agencia hab¨ªa estado llevando a cabo experimentos de control de la personalidad, suministrando LSD y otras drogas a individuos sin su conocimiento, pasando dinero de manera encubierta a partidos pol¨ªticos extranjeros, con el objetivo de influir en el resultado de las elecciones, y reclutando periodistas, cl¨¦rigos y acad¨¦micos norteamericanos para desarrollar trabajos secretos de espionaje.

El Congreso exigi¨® la limitaci¨®n de la capacidad efectiva de la CIA para realizar pol¨ªtica exteriory que se pusiera fin a su injerencia en las libertades individuales de los ciudadanos estadounidenses. Se concedieron responsabilidades de control a ocho comit¨¦s, cuatro en cada C¨¢mara. La agencia perdi¨® un considerable apoyo pol¨ªtico y popular, y sus dificultades se vieron aumentadas por una serie de fracasos en Africa, el sureste asi¨¢tico y Oriente Pr¨®ximo.

Prohibidos los asesinatos

El presidente Carter parec¨ªa estar de acuerdo con la l¨ªnea dura. En enro de 1978 dio una orden del Ejecutivo, prohibiendo todo tipo de operaci¨®n ilegal contra ciudadanos norteamericanos y los asesinatos de dirigentes pol¨ªticos extranjeros. Orden¨® asimismo a sus ayudantes que colaborasen con el nuevo Comit¨¦ Especial de Inteligencia en la elaboraci¨®n de leyes que, por primera vez, se?alaran claramente los poderes y las limitaciones de los servicios de inteligencia. (Esta medida apareci¨® este a?o en lo que podr¨ªa ser la futura ley de Inteligencia Nacional de 1980, conocida popularmente por ?las Cartas?).

Dentro de la misma orden del Ejecutivo, el presidente ped¨ªa la reorganizaci¨®n de los servicios de inteligencia en aras de una mayor eficacia. Carter concedi¨® al director de Inteligencia Central un control, inexistente hasta entonces, sobre los presupuestos de las diversas agencias. El almirante Stansfield Turner, elegido por el presidente para el cargo de director de Inteligencia Central, respondi¨® a las cr¨ªticas de la CIA con una reducci¨®n de personal masiva, contribuyendo con ello a minar la moral de la agencia.

Entre ¨¦l mundillo relacionado con las operaciones de espionaje se considera que no ha habido cambio alguno en cuanto a la eficacia de la labor de la agencia que explique la reciente popularidad de la CIA en Washington. En la central de la agencia en Langley, la moral sigue estando baja. El almirante Turner se ha visto obligado a con tratar de nuevo a algunas de las personas que ¨¦l mismo despidi¨®. (La falta de personal de operaciones clandestinas con experiencia en El Salvador, al borde de la guerra civil, oblig¨® a contratar de nuevo a un agente despedido anterior mente, sobre la base de sus propias condiciones.) En opini¨®n de muchos funcionarios del Gobierno, la calidad del an¨¢lisis de los datos re cogidos por los servicios de inteligencia contin¨²a siendo mata, a pesar de los cambios habidos en las altas esferas; de igual manera, se considera que el conocimiento de la agencia de la situaci¨®n interna en puntos clave, tales como Arabia Saud¨ª, Vietnam y Afganist¨¢n, es todav¨ªa insuficiente.

El punto central

El punto central del actual debate sobre la CIA es hasta qu¨¦ punto, en qu¨¦ medidas y, muy importante, cu¨¢ndo debe informarse a los comit¨¦s de control del Congreso sobre las operaciones secretas de importancia, que pueden ir desde el apoyo militar a los rebeldes afganos hasta operaciones en las revueltas Antillas. La enmienda Hughes-Ryan es la ¨²nica ley existente que obliga a la CIA a informar de sus operaciones clandestinas. La forma concreta en que est¨¢ redactada la ley concedi¨® a la agencia cierto margen de interpretaci¨®n en lo referente a la cuesti¨®n del ?cu¨¢ndo?; da lugar a sinceras diferencias de opini¨®n en cuanto al significado de la frase ?de manera oportuna?. Sin embargo, resulta inequ¨ªvoca la obligaci¨®n de informar acerca de cualquier operaci¨®n secreta.

Parece que hay consenso entre los congresistas que forman parte de los principales comit¨¦s de inteligencia en cuanto que la CIA les ha informado con precisi¨®n de las operaciones clandestinas, y que ?de manera oportuna? ha significado generalmente antes de los acontecimientos. De lo que no tienen forma de asegurarse es, por supuesto, de lo completo del informe.

Un ejemplo en el que la agencia decidi¨® no informar al Congreso de sus actividades clandestinas se dio en el caso de los diplom¨¢ticos norteamericanos que huyeron a la Embajada de Canad¨¢ en Teher¨¢n, antes del asalto de los estudiantes iran¨ªes a la Embajada de Estados Unidos. (La agencia falsific¨® los pasaportes y los visados de salida que permitieron a los diplom¨¢ticos salir de Ir¨¢n como ciudadanos canadienses.) Sin embargo, Washington no consider¨® este incidente como una violaci¨®n de la enmienda Hughes-Ryan.

Normalmente, los comit¨¦s de control escuchan los informes de la CIA y dan su aprobaci¨®n, pero ha habido ocasiones en las que un comit¨¦ del Senado o de la C¨¢mara de Representantes. ha puesto a votaci¨®n la aprobaci¨®n o el desacuerdo con la acci¨®n propuesta. En tales casos se comunica por carta el desacuerdo al presidente. Parece ser que de esta manera se han impedido algunas operaciones clandestinas. El presidente del comit¨¦, Bayh, afirma tan s¨®lo: ?La Casa Blanca nos escucha?.

El 12 de marzo, el Comit¨¦ de Asuntos Exteriores de la C¨¢mara de Representantes vot¨® a favor de un proyecto de ley que sustituir¨ªa a la enmienda Hughes-Ryan. Una parte del proyecto limitar¨ªa las informaciones a los miembros de los comit¨¦s especiales de inteligencia. (Los enemigos de la anterior ley afirman desde hace tiempo que obligaba a informar a m¨¢s de doscientos miembros de los ocho comit¨¦s del Congreso relacionados con el control de los servicios de inteligencia. En la pr¨¢ctica, como ha demostrado un estudio reciente, no eran ni cincuenta los congresistas a los que se informaba, y los comit¨¦s se han reducido a siete.)

Por encima del Congreso

El aspecto m¨¢s significativo del nuevo proyecto de ley permitir¨ªa al presidente pasar por encima del control del Congreso. Tal medida se permitir¨ªa en circunstancias ?extraordinarias?, cuando se viese afectado el inter¨¦s nacional, o para proteger la seguridad de los miembros y m¨¦todos de la agencia.

El resultado ser¨ªa que el control del Congreso quedar¨ªa a juicio del presidente. Es ¨¦ste el principal objetivo perseguido por la Administraci¨®n, ya que el argumento de la CIA y de la Casa Blanca es que la obligaci¨®n actual de discutir las operaciones clandestinas con los miembros del Congreso impide a la agencia llevar a cabo importantes empresas. Efectivamente: el almirante Turner dijo en una reuni¨®n del Congreso, en febrero pasado, que hab¨ªa decidido cancelar ciertas operaciones clandestinas, que juzgaba altamente delicadas, para evitar tener que informar sobre ellas de acuerdo con lo especificado en la enmienda Hughes-Ryan.

El temor a las filtraciones del Congreso a la prensa est¨¢ presente en todos los puntos del debate sobre el control del Congreso. Muchos congresistas consideran mortificante el que se les acuse rutinariamente de ser incapaces de guardar un secreto de defensa nacional. El almirante Turner admiti¨®, en un acalorado debate p¨²blico con Birch Bayh, que no conoc¨ªa ning¨²n caso de filtraciones de fuentes del ,Congreso. Los periodistas que cubren los temas de seguridad nacional est¨¢n de acuerdo en que los comit¨¦s del Congreso guarden bien sus secretos y en que es m¨¢s probable que las filtraciones se den en el Ejecutivo. Declarando sobre ese punto ante el Congreso, el 19 de marzo, el vicealmirante Bobby R. Inman, director de la supersecreta agencia de seguridad nacional, dijo, sin rodeos: ?Mis experiencias con estos dos comit¨¦s han sido m¨¢s positivas que las que tuve con el Ejecutivo?.

La aprobaci¨®n, por parte del Comit¨¦ de Asuntos Exteriores de la C¨¢mara de Representantes, del proyecto de ley que sustituir¨¢ a la enmienda Hughes-Ryan representa una victoria preliminar importante pata la CIA y sus defensores en el debate sobre el control, y no s¨®lo porque posibilita el cambio de la ley primitiva. El nuevo proyecto es un primer paso en lo que el representante dem¨®crata de Wisconsin, Les Aspin, llama un ataque ?escalonado? a la ley de Inteligencia Nacional, las futuras cartas de las agencias de inteligencia. (El segundo paso, al que nos referiremos m¨¢s adelante, es la presentaci¨®n de un proyecto de ley separado, que proteger¨ªa los secretos de la CIA del conocimiento p¨²blico.)

Dos a?os de preparaci¨®n y 87 columnas mecanografiadas en las actas del Congreso, las cartas tienen como objetivo clarificar las funciones y las responsabilidades, as¨ª como las limitaciones constitucionales de las agencias de inteligencia norteamericanas. Las cartas especifican tambi¨¦n las limitaciones a sus actividades dentro de Estados Unidos de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia del Ej¨¦rcito. Tambi¨¦n se incluye el Bur¨® Federal de Investigaci¨®n (FBI), que tiene a su cargo el servicio de contrainteligencia nacional.

El presidente Carter fue, desde el principio, un fuerte defensor de la ley, y en su discurso ante el Congreso, del 23 de enero, habl¨® de estar a favor de ?una r¨¢pida aprobaci¨®n de la nueva carta. Pero, a continuaci¨®n, a?adi¨®: ?Garantizaremos que no se d¨¦ ning¨²n abuso, aunque tenemos que reforzar los controles sobre informaci¨®n de inteligencia delicada, y necesitamos eliminar las limitaciones injustificadas a la capacidad de Estados Unidos para obtener informaciones secretas.

El Congreso aplaudi¨® y el almirante Turner sonri¨® satisfecho; las c¨¢maras de televisi¨®n recogieron debidamente la imagen. Menos de un mes despu¨¦s, seguido de un grupo de silenciosos ayudantes, entr¨® en una sala de sesiones del nuevo edificio de despachos del Senado para dar su punto de vista sobre el tema.

Ocho puntos

El director de inteligencia central enumer¨® ocho puntos de las Cartas que resultaban indeseables a los ojos de la Administraci¨®n. Pero los que realmente le resultaban a ¨¦l molestos eran los puntos que especificaban que los comit¨¦s de inteligencia del Senado y de la C¨¢mara de Representantes deb¨ªan ser ?plena y regularmente informados de todas las actividades de espionaje..., incluyendo los planes preliminares de todas las actividades, de inteligencia importantes ?.

Las Cartas van mucho m¨¢s all¨¢ de la enmienda Hughes-Ryan en cuanto a la exigencia de que el Congreso sea informado de las operaciones secretas. Tambi¨¦n mencionan la cuesti¨®n del momento oportuno para el control del Congreso. La palabra clave es ?planeadas?. La ley de Inteligencia Nacional exigir¨ªa informar a los comit¨¦s por adelantado.

El almirante Turner inform¨® al Senado de que las operaciones secretas son responsabilidad del ejecutivo, y de que ?no es adecuado compartir tal responsabilidad con el Congreso?. Dijo que las operaciones a largo plazo deber¨ªan compartirse con el Congreso a su comienzo, pero que obligar por ley a una previa notificaci¨®n ?significar¨ªa una excesiva intromisi¨®n del Congreso en el ejercicio por parte del presidente de los poderes que te confiere la Constituci¨®n?.

Unas cuantas figuras influyentes del Senado, entre ellos Robert Byrd, de Virginia Occidental, jefe del grupo parlamentario mayoritario en el Senado, apoyan la provisi¨®n de: previa notificaci¨®n. Argumentan que en cuestiones de espionaje, as¨ª como en otros aspectos de pol¨ªtica exterior, el ejecutivo debe comunicar sus planes al Congreso si se quieren evitar cat¨¢strofes del tipo de la bah¨ªa Cochinos. El representante Aspin dice que los que planearon la invasi¨®n de Cuba en 1961 deben haber estado convencidos de lo acertado de sus acciones, pero que les faltaba la opini¨®n cr¨ªtica de otros grupos que pod¨ªa haber influido en el resultado. A?ade que en una situaci¨®n mundial incierta y en tensi¨®n esto podr¨ªa volver a suceder.

Daniel Patrick Moynihan, miembro del Comit¨¦ Especial de Inteligencia del Senado y defensor de una CIA fuerte, se muestra tambi¨¦n favorable a la notificaci¨®n previa y tiene una opini¨®n poco favorable de la oposici¨®n del presidente. En una sesi¨®n sobre las Cartas, Celebrada recientemente, expres¨® sus preocupaciones sobre ?aquellos bonitos ideales? de compartir los secretos de inteligencia con el Congreso que la Administraci¨®n Carter hab¨ªa tra¨ªdo consigo a la Casa Blanca hace tres a?os. Ha expresado tambi¨¦n ciertos comentarlos sarc¨¢sticos sobre el papel del vicepresidente Mondale como enemigo decidido de las Cartas. Mondale, en su calidad de antiguo miembro del primitivo Comit¨¦ de Inteligencia del Senado que investig¨® las actuaciones ilegales de la CIA, era un ardiente defensor del control del Congreso, al igual que su ayudante principal en aquella ¨¦poca, David Aaron, actualmente segundo consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter.

El tradicional enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo

De una manera curiosa, en los ¨²ltimos a?os la batalla ha pasado de una preocupaci¨®n esencial por los derechos individuales a la tradicional lucha por el poder entre el Congreso y el Ejecutivo. Este cambio refleja, en parte, los importantes avances en la protecci¨®n de los derechos individuales mediante leyes ya aprobadas o en elaboraci¨®n.

Una ley aprobada el a?o pasado, por ejemplo, exige un mandamiento judicial de un tribunal especial formado por siete jueces federales antes de que la CIA o cualquier otra agencia de inteligencia pueda colocar aparatos de escucha electr¨®nicos a ciudadanos norteamericanos sospechosos de relaciones con servicios de inteligencia extranjeros. En resumen, el presidente tiene que dar al tribunal unos razonamientos convincentes.

(Una notable excepci¨®n a tales limitaciones ha sido la insistencia del almirante Turner de que las Cartas se elaboren de forma que se le permita intervenir las conversaciones telef¨®nicas de los funcionarios extranjeros, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, que tienen doble nacionalidad, la norteamericana y otra de un pais extranjero. Dos personajes en esta situaci¨®n eran el antiguo ministro iran¨ª de Asuntos Exteriores, Ibrahim Yazdi, uno de los primeros seguidores del ayatollah Jomeini, y la antigua primera ministra israel¨ª Golda Meir. Se cree que la CIA les espi¨® en cierta ¨¦poca, violando el derecho a su intimidad. El almirante Turner consider¨® este tema lo suficientemente importante como para incluirlo entre los art¨ªculos de las Cartas que consider¨® indeseable en su declaraci¨®n ante el Senado.)

Otro punto relativo a los derechos civiles ha sido el derecho de la CIA a controlar la publicaci¨®n de cualquier informaci¨®n sobre sus actividades. El senador Moynihan ha presentado un breve proyecto de ley que trata la cuesti¨®n en dos aspectos.

En primer lugar enmendar¨ªa la ley de Libertad de Informaci¨®n, tal como lo ha solicit ado la Casa Blanca, poniendo un l¨ªmite al respecto a la ley por parte de la CIA. Seg¨²n la ley actual, cualquier individuo u organizaci¨®n puede pedir informaci¨®n espec¨ªfica a cualquier agencia gubernamental; la ¨²nica excepci¨®n son aquellos documentos que pueden poner en peligro la seguridad de la naci¨®n. Una de estas solicitudes, por ejemplo, fue la que hizo que saliera a la luz p¨²blica el proyecto MK-ultra: los experimentos realizados por la CIA sobre el control de la personalidad por medio de drogas en los a?os cincuenta y sesenta. En el proyecto de esta breve ley, la agencia estar¨ªa obligada tan s¨®lo a dar la informaci¨®n personal que tuviera del individuo que lo pida, adem¨¢s de lo denominado ?informaci¨®n cerrada?, an¨¢lisis a grandes rasgos de la situaci¨®n de pa¨ªses extranjeros. La agencia no tendr¨ªa que revelar sus procedimientos de trabajo o ninguno de sus proyectos secretos, cualquiera que sea su antiguedad.

Al parecer, la pol¨¦mica p¨²blica sobre tal propuesta est¨¢ aumentando. El mes pasado, 150 organizaciones e individuos se unieron para enviar una carta a los comit¨¦s del Congreso, protestando contra los cambios que amenazan con ?perjudicar importantes investigaciones hist¨®ricas y period¨ªsticas, as¨ª como con poner trabas al desarrollo del debate p¨²blico?. Es vital, continuaba la carta, que la ley de Libertad de Informaci¨®n ?no sea sacrificada por una reacci¨®n apresurada, o no bien pensada, ante las actuales tensiones internacionales?. Entre los firmantes de la carta estaba la Asociaci¨®n Norteamericana de Historia, la Asociaci¨®n Norteamericana de Editores y la Federaci¨®n Norteamericana de Cient¨ªficos.

En segundo lugar, el proyecto de ley de Moynihan establecer¨ªa sanciones penales contra todos los funcionarios del Gobierno que revelasen los nombres de los oficiales y agentes de inteligencia norte.americanos. La CIA ha estado intentando conseguir una ley de este tipo desde que Philip Agee, antiguo oficial de la agencia, comenz¨® en 1974 a publicar listas de miembros de la agencia, operando secretamente desde el extranjero. A pesar de que el almirante Turner est¨¢ tambi¨¦n a favor de imponer sanciones penales a aquellas personas que, sin trabajar para el Gobierno, publiquen nombres de agentes de la CIA, el senador Moynihan ha retirado tal art¨ªculo de su proyecto, en base a que violar¨ªa la primera enmienda de la Constituci¨®n.

Un punto de continua pol¨¦mica entre la agencia y el p¨²blico norteamericano ha sido el empleo por la CIA de periodistas, cl¨¦rigos y acad¨¦micos norteamericanos para operaciones clandestinas en el extranjero. Seg¨²n los oficiales de la agencia, generalmente no se les pide que descubran informaci¨®n secreta. Su valor reside en su capacidad para iniciar contacto con personas en el extranjero, a las que a la agencia les gustar¨ªa reclutar, en aquellos casos en que la misma agencia carece de contactos directos.

En respuesta a esto, en 1977 la agencia decret¨® una prohibici¨®n interna de tal pr¨¢ctica, y las cartas, en su actual redacci¨®n, tambi¨¦n lo proh¨ªben. Sin embargo, el director de la CIA se opone a que aparezca esto en las cartas, insistiendo en que quiere contar con cierto margen que le d¨¦ la posibilidad de emplear a estos aficionados en circunstancias especiales.

En Washington se opina que las cartas no ser¨¢n aprobadas por el Congreso en 1980. El Senado tiene un calendario muy cargado, y los miembros del Congreso est¨¢n metidos en un a?o electoral; adem¨¢s de que la opini¨®n prevaleciente sobre el tema es a favor de un control menor sobre la CIA, y no de su aumento. En realidad, el desarrollo m¨¢s probable es lo que el representante Aspin describi¨® como un ataque ?escalonado?. Al parecer, el Congreso cuenta actualmente con los votos suficientes para enmendar o suspender la enmienda Hughes-Ryan, eliminando de ese modo parte o todas las obligaciones de presentar informes de la CIA. El breve proyecto de ley presentado por el senador Moynihan tiene una buena posibilidad de ser aprobado a finales de a?o. Como dijo el otro d¨ªa un veterano senador, que pidi¨® que no se diera su nombre, ?la realidad es que la Administraci¨®n nos ha enga?ado, por no decir traicionado, y parece que hemos retrocedido en lo que se refiere a cualquier control significativo por parte del Congreso de las operaciones secretas de la CIA?.