Presunto delito en la representaci¨®n del Banco de Espa?a en la quiebra del Navarra

La Audiencia Territorial de Madrid ha remitido al ministerio fiscal la documentaci¨®n relativa a la actuaci¨®n del procurador Jos¨¦ Luis Ortiz Ca?avate, en el caso de la quiebra del Banco de Navarra, por si fuera constitutiva de delito. El se?or Ortiz Ca?avate, seg¨²n el remitido de la Audiencia, ostentaba, de una parte, la representaci¨®n de la comisi¨®n liquidadora (integrada por funcionarios del Banco de Espa?a) y, de otra, la de los principales acreedores (en cabeza de los cuales figura el propio Banco de Espa?a).

A esta confusa situaci¨®n se viene a sumar la resoluci¨®n publicada en el BOE el pasado viernes, seg¨²n la cual se ratificaba la postura del registrador mercantil de Pamplona, quien, en su d¨ªa, se neg¨® a aceptar como v¨¢lida la constituci¨®n de la comisi¨®n liquidadora. Adem¨¢s, la Audiencia Territorial de Madrid suspendi¨® el pasado d¨ªa 6 la ejecuci¨®n de la sentencia dictada por el juez especial nombrado para la quiebra, Juan Latour, hasta que se dicte sentencia definitiva que decida qui¨¦n es el responsable legal del Banco.Esta suspensi¨®n supone que queda sin efecto todo lo actuado desde el 30 de enero de 1980: el nombramiento de s¨ªndicos de la quiebra (encargados de liquidar el patrimonio) y los acuerdos de la junta de acreedores celebrada el pasado 9 de abril.

Tres son los defectos, calificados como no subsanables, que se aducen para dictaminar la ilegalidad de la comisi¨®n liquidadora y, por tanto, de la quiebra. Primero, no consta inscrito el acuerdo de disoluci¨®n o, en su defecto, la resoluci¨®n judicial, que se estima previa o simult¨¢nea a la de nombramientos de liquidadores. Segundo, no tiene fuerza ejecutiva el acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 21 de septiembre del pasado a?o, en la que se autoriz¨® el inicio del proceso liquidador, ya que este acuerdo fue expresamente rechazado por la mayor¨ªa de los accionistas presentes o representados (78.545 votos en contra y 6.794 a favor). Tercero, ninguno de los liquidadores nombrados obtuvo la necesaria mayor¨ªa de votos, de entre los asistentes a la junta general.

Por estas razones, la Direcci¨®n General de Registros ha establecido que hay motivos para denegar la inscripci¨®n de la junta liquidadora.

La situaci¨®n real del Banco de Navarra, sin embargo, es de pr¨¢ctica liquidaci¨®n. De las 65 oficinas con que contaba en enero de 1978 (cuando el Consejo de Ministros decidi¨® que el Banco de Espa?a se hiciera cargo de la entidad, como consecuencia de las irregularidades detectadas) quedan tan s¨®lo seis.

Los activos del Banco de Navarra, que entonces se elevaban a 9.000 millones (reflejados contablemente en su balance como 1.369, en inmuebles e instalaciones; 434, en valores no cotizados; siete, en valores cotizados, y 7.000 en cr¨¦ditos contra clientes), se enfrentaban a un pasivo de 14.000 millones. Este desequilibrio, unido a la poco convencional gesti¨®n de la entidad, provoc¨® el acuerdo de expulsi¨®n del Banco de Navarra del registro de bancos y banqueros por el Consejo de Ministros, en mayo de 1979, a propuesta del entonces titular de Econom¨ªa.

Afectados por este proceso se encuentran 13.000 accionistas del propio Banco de Navarra y unos 80.000 implicados a trav¨¦s de sus participaciones en las sociedades del grupo Multifondo-MPI.

Este grupo hab¨ªa sido promovido por el anterior presidente del Banco de Navarra, Juan Palomeras. El se?uelo empleado para atraer tal cantidad de peque?os ahorradores fue una rentabilidad del 13 %anual, regularmente satisfecha hasta el 17 de enero de 1978, coincidiendo con la fecha de intervenci¨®n de la sociedad por el Banco de Espa?a. El grupo MPI solicit¨® la suspensi¨®n de pagos presentando un activo de 7.600 millones de pesetas y un pasivo de 4.672.

Los abogados representantes de los peque?os accionistas del Banco de Navarra tienen interpuestas otras dos acciones legales, pendientes a¨²n de califiaci¨®n. De una parte, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo sobre la capacidad del Consejo de Ministros para determinar la exclusi¨®n del Banco de Navarra del Registro Oficial de Bancos y Banqueros. De otra, han interpuesto ante la Audiencia Territorial un incidente de previo y espacial pronunciamiento de nulidad de actuaciones, para establecer si es legal o no la quiebra del Banco de Navarra. La Audiencia podr¨ªa tardar incluso dos a?os en emitir su fallo.